Carlos Fernández
Los efectos desastrosos del covid-19 sobre la economía han puesto en la agenda mundial, sin que se haya superado aún la pandemia, el imperativo de una reactivación económica que permita recuperar el rumbo y mantener o elevar el ritmo de actividad que se traía antes de la crisis sanitaria. Tal imperativo se revela, a primera vista y en un primer momento, como la necesidad de retomar la actividad económica en medio del riesgo inminente de ampliar el número de infectados y de muertos por el virus. El enfrentamiento, al comienzo de la plaga, entre la alcaldesa de Bogotá y el Gobierno nacional, que se zanjó a favor de este último, fue una demostración del mal planteamiento que hicieron ambas partes del problema.
La administración distrital mostró, inicialmente, un interés genuino de evitar que la enfermedad se expandiera mientras el Gobierno de Duque hizo todo lo posible para no asumir el costo que, como responsable de la economía, le tocaba asumir. De ahí que, mientras un país como Perú ha dedicado el 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) a atender los costos de la pandemia, el gobierno colombiano ha destinado a tal efecto recursos equivalentes a tan sólo el 2% de su propio producto.
La reactivación anhelada
Iván Duque aprovechó el discurso de instalación del Congreso el 20 de julio de este año para exponer su programa de reactivación económica. Siguiendo la pobre retórica del Plan de Desarrollo, estableció cinco áreas de acción a las que volvió a denominar Compromisos: 1) compromiso con la generación de empleo; 2) compromiso con el crecimiento limpio; 3) compromiso con la población vulnerable; 4) compromiso con el campo y la paz con legalidad, y, como elemento transversal de toda la estrategia que, curiosamente, no es denominado compromiso, 5) «fortalecimiento para siempre» del sistema de salud.
Lo primero que hay que decir de este programa es que constituye un listado de acciones y propósitos de inversión y de política sin un hilo conductor conceptual que les imprima lógica y coherencia, salvo la pretensión de que contribuyan a la anhelada reactivación.
Para el compromiso con el empleo, el Gobierno presenta una estrategia de fortalecimiento legal del infaltable emprendimiento, que vuelque la institucionalidad hacia las micro, pequeñas y medianas industrias, que les permita participar en el sistema de compras públicas y que genere la conciencia en la sociedad de «comprar colombiano». Parece como si Duque se hubiera dado cuenta de la importancia de este tipo de empresas pues señala la necesidad de «habilitar sistemas de crédito para quienes representan más del 90% de los puestos de trabajo del país».
En verdad, esto no es sino el reconocimiento, motivado por la realidad de la pandemia, del descuido en que se ha tenido a este sector del empresariado colombiano, en particular, a una franja importante del mismo, representado por un enorme número de trabajadores por cuenta propia y por los denominados microempresarios, cuya situación laboral los ubica en el límite entre la producción mercantil simple y el trabajo asalariado no formalizado.
El resto del compromiso con la generación de empleo está referido al desarrollo de buena parte de las obras de infraestructura que ya se encuentran en el plan de desarrollo y en los planes sectoriales, como es el caso de la construcción de puertos (aunque no lo menciona, debe estar incluido el de Tribugá, que le costó la vida a Juana Perea, por oponerse a su construcción), aeropuertos (Cartagena, San Andrés y el del Café), plantas de tratamiento de aguas, autopistas de cuarta y quinta generación, vías terciarias, el Metro de Bogotá, la ALO Sur, incentivos para el desarrollo de la economía naranja y desarrollo de proyectos de competitividad. En síntesis, es como si no hubiera habido pandemia y se siguieran estructurando proyectos que ya estaban programados. Nada nuevo.
Los otros compromisos
El compromiso con el crecimiento limpio tampoco aporta mayor novedad a lo que debiera ser una política de reactivación. Aquí también se presenta un listado de proyectos que ya tenían algún nivel de trámite o de formulación. Llama la atención, sí, que se haya cambiado la posición respecto a pedirle al Congreso la aprobación del Acuerdo de Escazú, al que el Gobierno se oponía hasta hace poco.
El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, constituye un esfuerzo de diversos países para que la opinión pública de la región tenga un acceso informado y efectivo a la toma de decisiones y a los procesos jurídicos relacionados con los proyectos que impactan el medio ambiente de sus territorios. La oposición al mismo le estaba generando a las autoridades colombianas dificultades en la negociación de acuerdos comerciales con los países latinoamericanos y caribeños. La búsqueda de su aprobación no significa que se vaya a abandonar la actitud oficial y del sector capitalista de buscar limitar y hacer nugatoria la legislación interna respecto a las consultas previas a las comunidades sobre proyectos que afectan el medio ambiente. Santurbán es un ejemplo ilustrativo.
De los compromisos relacionados con el apoyo a la población más vulnerable y el fortalecimiento del sector salud, cabe decir que, el primero no es sino la prolongación unos meses de la vigencia de subsidios como el ingreso solidario, la devolución del IVA, los aportes adicionales a Familias y Jóvenes en Acción, los subsidios de vivienda, etc., creados con motivo de la pandemia y que constituyen el grueso del gasto directo realizado por la administración nacional para aliviar los efectos negativos de la misma entre la población más vulnerable. El segundo no es sino el señalamiento de los gastos hechos para proveer al sistema de salud de los implementos necesarios para atender la crisis sanitaria y el anuncio de que «trabajaremos con el Congreso para que, en esta legislatura, hagamos reformas estructurales a la salud», sin hacer ninguna precisión al respecto y sin mencionar que aún no se reglamenta la Ley Estatutaria de la Salud, que la consagró como un derecho fundamental autónomo.
El campo en la reactivación
El compromiso con el campo y la paz con legalidad tiene cuatro aristas: el programa de agricultura por contrato que se orienta no a garantizarles a los campesinos la compra de sus productos (el actual ejemplo de los excedentes de papa en el mercado en razón de las importaciones realizadas con autorización oficial es prueba de ello) sino a establecer por fin mecanismos que les garanticen la compra de su producción a los propietarios que se localicen en la Zonas de desarrollo empresarial (ZDE) o en las Zonas de interés de desarrollo rural (Zidres) que se han creado legalmente e impulsar, a través de grandes inversiones de capitalistas agrarios y de inversionistas nacionales y extranjeros en zonas alejadas del país, la incorporación de tales zonas, a través de unas relaciones de trabajo asalariadas, al mercado nacional o internacional. El propio presidente le señala, en su intervención, este objetivo a esta primera arista del compromiso con el campo. Por eso, la segunda arista es la dotación de bienes públicos rurales y del catastro multipropósito y la cuarta es volver a los campesinos emprendedores (como si no lo hubieran sido a lo largo de su existencia como clase) para poderlos tratar como empresarios o para acelerar su conversión en asalariados rurales que trabajen en las zonas mencionadas y, en general, como fuerza de trabajo del capital agrario.
La tercera arista de este compromiso es la realización de obras en las zonas donde se han elaborado Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Siendo esta figura un aporte del Acuerdo de Paz, la distorsión que le ha introducido el Gobierno nacional al seleccionar las regiones objeto de estos planes impide que esta estrategia pueda ser considerada un desarrollo genuino del proceso de paz. El hecho de que los excombatientes hayan logrado, mediante su reciente peregrinación, nuevos acuerdos con el Gobierno en la lucha por su seguridad y por la obtención de vivienda constituye un avance importante que deberá complementarse con el auténtico desarrollo de los PDET, tal como quedaron estipulados en el Acuerdo.
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