En diciembre de 2020 el Gobierno nacional dio a conocer el borrador del decreto aparentemente antiterrorista que pretende expedir próximamente. El contenido tiene una fuerte carga de estigmatización y un enfoque antijuvenil por sus presuntos “procesos de radicalización
Marcel Guarnizo Prieto
El 14 de diciembre de 2020 la Presidencia de la República publicó el borrador del decreto que pretende expedir próximamente, el cual crearía el Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con un enfoque especializado y dirigido a escolares y universitarios, al considerar que en este grupo poblacional es donde, según el consejero para la Seguridad Nacional de la presidencia, Rafael Guarín, los procesos de radicalización se observan principalmente.
Preocupa la generalidad con la que está escrito el borrador del decreto, ya que deja conceptos sin especificar, lo cual puede dar lugar a diferentes tipos de interpretación, de tal manera que el decreto podría ser utilizado, más que para la prevención del terrorismo, para la estigmatización de la protesta social, la persecución a las organizaciones sociales y populares y la judicialización de la juventud colombiana.
Contenido del programa
El Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo, según el borrador del decreto, se configura sobre los ejes de prevención, protección y persecución al terrorismo, sobre los cuales actuarán diferentes instituciones del Estado de manera coordinada y conjunta.
Así mismo, se creará el Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo, CI3T, que se encargará del intercambio y evaluación de información de inteligencia que permita el seguimiento y anticipación ante la proyección de acciones terroristas; el Centro de Coordinación contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo, que tendrá por objetivo perseguir y desmantelar las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación de terrorismo; y la Estrategia para la Prevención de la Radicalización o Extremismo Violento, orientada a “prevenir la radicalización o extremismo violento que permita desincentivar el odio y el uso de la violencia, o cualquier medio para generar zozobra y terror en la población.
Sin embargo, el decreto no tiene ni siquiera una definición de lo que se considera por terrorismo, no aclara qué se entiende por radicalización violenta, tampoco explica qué sería la incitación al odio ni el extremismo violento. Este asunto se deja a la interpretación amplia de quienes estén encargados de hacer cumplir el decreto, razón por la cual se constituye en un elemento muy peligroso que podría afectar el ejercicio de la protesta social, volverse un instrumento de persecución, asedio y criminalización de las organizaciones sociales en general y particularmente de la vida juvenil.
Continúa la estigmatización
Según el artículo 6 del mencionado borrador, la estrategia para la prevención de la radicalización o extremismo violento, entre otros aspectos, busca dotar de legitimidad a la acción del Estado y generar conciencia en las nuevas generaciones respecto de la inadmisibilidad de la violencia y el crimen como medio de acción política o de cualquier otro fin.
En entrevista realizada por El Espectador al consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, este manifiesta que la estrategia está dirigida a jóvenes “porque los procesos de radicalización se observan en todo el mundo principalmente en jóvenes. Ellos son los más vulnerables y el objetivo principal de quienes pretenden extender el uso de la violencia en la sociedad, destruir el Estado de derecho y reclutar para ello personas que comienzan participando en grupos que incendian un CAI de Policía y terminan poniendo un carro bomba como el de la Escuela de Cadetes General Santander.”
Estas afirmaciones, además de irresponsables, se suman a una larga lista de situaciones que desde el Estado colombiano están dirigidas a estigmatizar la vida juvenil, como por ejemplo los informes de “inteligencia” que acusan a las organizaciones juveniles de ser las causantes de los episodios de violencia en la ciudad de Bogotá de septiembre pasado, dejando de lado que fue la brutalidad policial la causante de la indignación generalizada y el rechazo a la violencia policial en la que, por supuesto, la juventud ha sido protagonista.
Lo que se pretende es generar una campaña de adoctrinamiento a la juventud colombiana, a través de medios de comunicación, redes sociales y mensajes desde el gobierno, que busca implementar el miedo en esta población, de tal manera que la indignación y el rechazo a las políticas que les afectan, a la violencia y brutalidad policial, a la estigmatización de la vida juvenil –aspectos que el gobierno denomina como radicalización violenta e incitación al odio- disminuya.
Para nadie es un secreto que han sido las generaciones más jóvenes las principales protagonistas de los escenarios de movilización de la última etapa y el movimiento estudiantil uno de los sectores que hizo sentar a negociar al gobierno de Iván Duque. Por este motivo, los ojos de la represión, la inteligencia militar y ahora la comunicación estatal, están puestos sobre este importante segmento de la población, que día a día despierta con mayores niveles de conciencia y que se moviliza y actúa en contravía de los intereses de la ultraderecha colombiana.
El cinismo del gobierno
El cinismo del gobierno en este asunto es descarado. Mientras expresa en medios de comunicación que su interés es el de salvaguardar de la violencia a la juventud, no han avanzado las investigaciones contra los responsables de la Policía Nacional de la masacre desarrollada en Bogotá en el mes de septiembre, no hay compromisos reales para salvaguardar la vida de líderes y lideresas sociales en el territorio nacional, no hace nada para que cesen las masacres que todas las semanas se reportan en las que son víctimas decenas de jóvenes, no realiza esfuerzo alguno en el desmonte del paramilitarismo y está haciendo trizas lo que queda del Acuerdo de Paz.
La juventud colombiana seguirá siendo radical cuando la injusticia y la barbarie sean el pan de cada día con el que se deben enfrentar, seguirá expresando su indignación en la movilización y las acciones en las calles para enfrentar la desidia y el abandono estatal y seguirá incitando a la organización, a la protesta y a la necesidad de cambio de esta realidad.
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