Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, 183 personas han muerto en Myanmar (Birmania), desde que se produjo el golpe de Estado del primero de febrero pasado, en el que la cúpula militar de este país desalojó del poder a la presidenta titular y Premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi. Las estadísticas, sin embargo, fueron confirmadas hasta el primero de marzo. Por esta razón, otros organismos defensores de derechos humanos hablan de 230 muertos hasta la semana pasada.
De esta cifra, solo en los días 15 y 16 de marzo se produjeron 94 muertos por parte de las fuerzas de seguridad. Las fuentes citadas indican que, en varios distritos de Rangún, la capital, los militares impusieron la ley marcial, que ha sido aprovechada por los uniformados para reprimir, matar, encarcelar y desaparecer a sus opositores.
“Los asesinatos de manifestantes, los arrestos arbitrarios y las informaciones sobre torturas de prisioneros, violan los derechos humanos fundamentales y desafían claramente los llamamientos del Consejo de Seguridad a la moderación, el diálogo y el retorno a la vía democrática en Birmania”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien se declaró “horrorizado” por la situación que se vive en el país asiático.
Las represalias de los militares contra la población civil, no han conseguido hasta la fecha doblegar la resistencia popular al golpe, que se expresa en multitudinarias manifestaciones, choques con la policía, y una oleada de protestas internacionales.
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