El menosprecio de Iván Duque por el pueblo se manifiesta en su silencio durante casi un año a las exigencias del pliego del Comité Nacional de Paro, CNP. En cambio, incrementó la compra de nuevas y más contundentes armas para reprimir con más violencia a los trabajadores, mujeres y hombres, los estudiantes, la clase media y los desempleados movilizados para exigir una respuesta del Gobierno.
Llevamos un paro de casi 30 días y hace ocho días se instaló la Comisión de Acercamiento y de Diálogo, para acordar entre el CNP y el Gobierno nacional, las condiciones mínimas que permitan abrir una posible negociación. Los condicionantes se refieren a las garantías al derecho a la protesta: la desmilitarización de las ciudades, retiro del Esmad de los puntos de la protesta social, eliminar el uso de las armas letales como las balas de goma y el sistema Venom que utiliza la policía, las cuales han causado lesiones oculares irreparables y muerte; investigar y retirar de la institución a los policías que están involucrados en estos delitos.
El lunes 24 el CNP anunció un preacuerdo con el Gobierno acerca de las condiciones para iniciar la negociación, los puntos que se han conocido al cierre de la edición y que esperan ser ratificados por el Presidente son: el Ejército no haría presencia en la protesta, el Esmad no sería permanente en las manifestaciones, se abre una puerta para la reforma de la Policía, y una propuesta para ello estaría en manos de la Universidad Nacional, no se declararía el Estado de Conmoción.
Ante la negativa de puntos como el desmonte del Esmad; la solicitud de contar con la presencia de una comisión de la CIDH y los relatores especiales de la ONU; condena por parte del gobierno a los casos de violencia por parte de la Policía Nacional, entre otros, el CNP deja constancia de rechazo a la oposición del gobierno de avanzar claramente en las garantías necesarias.
A pesar de los avances, es de gran preocupación la táctica de algunos grupos vinculados con las fuerzas represivas de la oficialidad que detienen a los ciudadanos sin reportarlos y muchas veces aparecen asesinados. El Gobierno insiste en negar o callar todo lo relacionado con este delito de lesa humanidad, pero los datos hablan: 350 ciudadanos que no se sabe dónde están, no han retornado a sus hogares. Si no aparecen Iván Duque debe responder ante los colombianos y ante la comunidad internacional.
El gobierno no quiere ceder, ni en las garantías mínimas, ni en la apuesta en marcha de un pliego de emergencia ante la crisis. Dilata constantemente el diálogo pretendiendo que el CNP condene los cierres viales y peatonales, los cuales son acciones legítimas de la protesta, en el fondo desconoce el escenario, y va desplegando negociaciones focalizadas con algunos sectores de la protesta, para dividir al movimiento.
A esta práctica política le está jugando el Partido Liberal en cabeza de César Gaviria y el Partido Cambio Radical, que de manera oportunista han cambiado el discurso de rechazo de los primeros días de las movilizaciones por un discurso conciliador, enmermelado para obtener burocracia y comprometerse a formar parte de las mayorías necesarias para aprobar una reforma tributaria maquillada, pero esencialmente la misma ya rechazada por la población.
Ni siquiera incluyen los impuestos a las grades utilidades y fabulosos patrimonios que hasta la OCDE recomienda y que Argentina ya aprobó. Este texto mantiene la inequidad, las exenciones a las grandes empresas y grava a la clase media.
El sesgo perverso del gobierno busca distorsionar el paro. El ataque contra Petro es infame, abiertamente no existen razones para señalar al senador, se trata de una patraña para culparlo de todo. Duque no solo quiere desconocer la existencia de un movimiento ciudadano de oposición social y político a su mandato, ahora proyecta una matriz de opinión peligrosa, tratando de crear situaciones riesgosas para la seguridad de Petro.
El haber logrado archivar la reforma tributaria y la reforma a la salud, representan golpes a los intereses del capital financiero y sus negocios, que para el caso del proyecto 010 sacude al capital de los prestadores de servicios de salud que pretendían a través de las EPS, las empresas de aseguramiento en salud, medicina prepagada, centralizar e incrementar las ganancias, aumentando la mercantilización de la salud y haciendo todavía más difícil la atención sanitaria de los más pobres.
La victoria del movimiento popular es parcial, no es completa. El problema sigue vivo, el contenido fundamental de la ley 100 está vigente, por ello es preciso insistir en la derogación de esta ley y en construir un nuevo sistema de salud. La lucha está cualificando su contenido político. Temas como la salud, educación, paz, democracia, entre otros, son ejes políticos que alimentan la batalla.
Insistimos en el valor político de incorporar las banderas de la juventud en la barriada, las emociones, el pensamiento y la acción juvenil, representan ejes fuertes para sostener la resistencia y potenciar la alternativa política de cambio. Los días de la derecha y la represión pueden estar contados. El año próximo verá una juventud cosechando la siembra y con su voto se repetirá en Colombia la fiesta de nueva democracia que hoy vive Chile.
