El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha mostrado como un hecho revelador del carácter irregular de la política exterior del Estado colombiano. La evidente participación de personal militar, recientemente en condición de retiro, en este asalto a la vivienda presidencial, con la parafernalia y los procedimientos y tácticas de una acción de la DEA, el asesinato previas torturas, degradación e indefensión absoluta de la víctima, en un contexto pleno de intrigas y confusiones, en Colombia nos retrotrae a la cotidianidad del paramilitarismo y sus patrones brutales de asesinatos.
Hay un halo de crueldad que le pone a este crimen un tinte singular. El equipo de mercenarios colombianos, enganchados por una oficina de Miami, CTU Security LLC (Counter Terrorist Unit Federal Academy) expresa de manera clara el curso de las políticas de privatización de la guerra según el modelo de los “contratistas” que se ha hecho usual en las operaciones extranjeras del ejército de los Estados Unidos. País que además ofrece recompensas a quienes maten individuos que el Gobierno señala.
Las Naciones Unidas han conformado un Grupo de trabajo para identificar y sancionar “la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. Los militares retirados colombianos participan en las subastas internacionales de mercenarios y generalmente son seleccionados por los bajos precios a que se ofertan. ¿No será que esta vergonzosa labor de los exmilitares colombianos exige una revisión del contenido de la formación que reciben en el Ejército de Colombia? ¡Qué avergonzado se sentiría el Libertador al leer los titulares de la prensa del mundo sobre esta tragedia nacional! Afortunadamente ya el Grupo de trabajo de la ONU trata de eliminar este “trabajo” infame.
Haití vive una crisis de múltiples problemas estructurales que ha puesto en riesgo su condición como Estado y vulnera su soberanía. En 1915 Estados Unidos había hecho su intervención más prolongada que duró 18 años y solo concluyó en 1934. Entre 1957 y 1971 Haití vivió bajo el régimen de François Duvalier a cuya muerte le sucedió su hijo, Jean Claude Duvalier quien continuó su régimen de terror y alianza con Estados Unidos hasta su huida del país, en 1986.
En 1994 y en 2004, para hablar de los casos más recientes, sufrió la intervención de tropas de Estados Unidos, con la fachada del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y la participación de tropas de varios países, presencia de potencias de la UE con el pretexto de “restablecer la democracia”.
Con una población de 11 millones 260 mil habitantes, existe una pobreza del 60% (6.3 millones de personas), la pobreza extrema alcanza el 24% (2.5 millones), la moneda perdió su valor adquisitivo en un 147% entre 2009 y 2020, lo que ha anulado la capacidad solvente de los asalariados, con una inflación que alcanzó 25% en 2020. El intervencionismo externo fracasó en Haití, no ha resuelto las pavorosas desigualdades, la pobreza mayoritaria y las modalidades del terror, heredadas de los Tonton Macoutes.
Ante la protesta ciudadana se han escenificado episodios de violencia de grupos paramilitares, contra la población de barrios populares. Han causado muertes de jóvenes, estudiantes, intelectuales, trabajadores y activistas.
¿A quién beneficia el asesinato de Moïse? Es claro que no era un líder de izquierda sino un mediano empresario de centro derecha, tal vez empeñado en confrontar la corrupción y las manipulaciones de grupos empresariales familiares, como el del médico Reginald Boulos o Dimitri Vorbe, director ejecutivo y vicepresidente de la Société Générale d’ Energie SA.
A primera vista, un crimen del sistema, que necesita de un financiamiento y una organización criminal de dimensiones geopolíticas, con capacidad de contactos, una afinidad de intereses de múltiples escalas y una coordinación de decisiones basadas en altos diseños de inteligencia e información calificada y actualizada en tiempo presente.
El militarismo gobernante actualmente en Colombia, se ha venido deslizando a conductas cada vez más injerencistas en asuntos internos de otros Estados, de la mano de agencias de Washington (DEA, FBI, CIA, Fiscalía de Estados Unidos) bajo la fachada de la “guerra a las drogas” pero que al final de cuentas terminan sosteniendo el edificio del narcocapitalismo, con el que simula una “guerra” pero que le es indispensable como una muleta para el juego de la dominación imperial en el noroccidente suramericano, andino y caribeño.
A esto debemos agregarle la extremada y creciente dependencia del Comando Sur y el hecho de que es el ejército de Estados Unidos el factor que mueve a la OTAN en el continente, el pacto militar extra continental del que Colombia se volvió vocera, como un cuerpo extraño en América Latina. Debemos exigir una pronta revisión de la aplicación acrítica de las orientaciones imperialistas en la formación de las Fuerzas Armadas colombianas.
Un Estado frágil y sometido a las tensiones de los intereses económicos y político militares necesita restablecer su condición soberana, su autodeterminación institucional y el apoyo a las reformas sociales y sanitarias de fondo para enfrentar la crisis económica y la pandemia. El pueblo de Haití reclama la solidaridad antimperialista amplia y sostenida en esta coyuntura.
