Ahora, cuando se aproximan unas elecciones generales, de nuevo la maquinaria mediática y conspirativa de Washington, con el apoyo de la OEA, la Unión Europea y de una larga lista de muy bien financiadas ONG ‘independientes’, le apuesta al golpe de Estado
Ricardo Arenales
Los tiempos del intervencionismo, de la piratería internacional y de la violación de los protocolos de respeto a la soberanía de los pueblos se han puesto de moda. O si no que lo digan las recientes provocaciones, agresiones y sanciones contra los gobiernos y los pueblos de Cuba y Venezuela. Nicaragua no es la excepción.
Han pasado 42 años desde el triunfo de la Revolución Sandinista. La tiranía de los Somoza cayó en julio de 1979. A partir de entonces los sandinistas se dieron a la tarea de construir un Estado con democracia participativa, nuevo, antineoliberal.
Bajo la mirada rapaz de Estados Unidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, comienza la construcción de un proyecto socialista y cristiano, haciendo malabares, con aciertos y desaciertos y la supervisión de los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, interesados solo en el crecimiento de PIB y la estabilidad monetaria.
Intentos desestabilizadores
Este periodo de más de cuatro décadas no ha sido transitado sobre un lecho de rosas. En este lapso han sido constantes los intentos por derribar al gobierno sandinista, asfixiarlo económicamente, asesinar a sus líderes. En 2018, Estados Unidos y la Unión Europea alentaron un intento de golpe de Estado, que resultó fallido por la extraordinaria movilización popular en torno a la gestión de Daniel Ortega.
Ahora, cuando se aproximan unas elecciones generales, de nuevo la maquinaria mediática y conspirativa de Washington, con el apoyo de la OEA, de la Unión Europea y de una larga lista de muy bien financiadas ONG ‘independientes’, le apuesta al golpe de Estado, y si no lo consigue, a la deslegitimación del proceso electoral, para justificar después nuevas acciones desestabilizadoras contra el gobierno sandinista.
Esto es realmente lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua en las últimas semanas. Lejos de una ‘persecución’ a figuras de la oposición para la perpetuación en el gobierno de la actual administración. Quienes han ido a parar a la cárcel, lo han hecho por graves delitos contra la patria y no por su filiación política.
Origen de los recursos
El periodista norteamericano Ben Norton, ha publicado, el pasado 2 de junio, un amplio reportaje donde revela con lujo de detalles las decenas de millones de dólares que la CIA, la USAID y otras fundaciones norteamericanas destinaron a la capacitación del sector más antisandinista para sus operaciones desestabilizadoras.
Ahora se sabe que la mayor beneficiaria de esos recursos multimillonarios ha sido la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, centro de operaciones conspirativas contra el gobierno nicaragüense. La Fiscalía ha requerido a la presidenta por más de 20 años de esta fundación, Cristiana Chamorro, para que responda por el delito de lavado de activos al no rendir cuentas de las subvenciones millonarias recibidas de Estados Unidos, y ha sido sometida a arresto domiciliario.
La investigación abrió las compuertas de un entramado de corrupción con dinero extranjero utilizado para crear una compleja estructura desestabilizadora y golpista. Nicaragua ha hecho valer el peso de la ley para salvaguardar la estabilidad y la paz del país. La cuestión es que la familia Chamorro, de rancio abolengo burgués, siempre se creyó intocable, y ahora la prensa occidental se desgarra las vestiduras diciendo que en Nicaragua hay una dictadura que persigue a la oposición. Nada más alejado de la realidad.
La situación de otros complotados es similar. Daniel Ortega, a quien las encuestas favorecen holgadamente, no necesita crearse fantasmas para continuar el proceso de cambios sociales de la era sandinista.
