Cuando la Corte Constitucional comunicó al país que ordenaba al Consejo Nacional Electoral, CNE, otorgar personería jurídica al movimiento político Colombia Humana evitó que se prolongara una de las situaciones absurdas y lesivas de los derechos de un nuevo movimiento político que ha construido un programa democrático, con propuestas sensatas que identifican las carencias y problemas que afronta el país y los proyectos que deben implementarse para procurar sus soluciones.
Negar la personería jurídica a la Colombia Humana fue una decisión politiquera antidemocrática violatoria de la ley propia de los sectores reaccionarios. Esa disposición es propia del revanchismo de aquellos cuyas decisiones torvas y vergonzantes son repudiadas por la mayoría de los colombianos.
A pesar de semejante desatino, las fuerzas alternativas fuimos capaces de construir caminos que permitieron a los integrantes de la formación política que encabeza Gustavo Petro, participar en las dinámicas electorales y desarrollar y acumular los recursos políticos necesarios para que la Colombia Humana asuma la dirección del Estado para ejecutar su programa de equidad, inclusión, reivindicación de los derechos plenos de las mujeres, el rescate de la soberanía y la implementación del Acuerdo de Paz que garantice la convivencia pacífica de todos los colombianos.
El 1 de junio de 2019, la UP y la CH, firmamos un acuerdo político para intentar solventar las trabas institucionales emanadas de la ausencia de reconocimiento jurídico a la CH. La imposibilidad de inscribir candidaturas y otras situaciones administrativas, fueron sorteadas exitosamente. Dicho acuerdo no fue una fusión. Cada formación política mantuvo su autonomía política y organizativa. Pero siempre estuvo basado en unas identidades programáticas y políticas que quedaron consignadas en el Programa que sometimos a consideración del electorado que apoyó con más ocho millones de votos.
El acuerdo entre la UP y la CH, ha sido cumplido cabalmente y las dificultades presentadas, fueron resueltas sin mayores inconvenientes, en el marco de la fraternidad y el respeto. Para la UP, ha sido una experiencia de ejercicio solidario en el marco de nuestra política unitaria que vale la pena evaluar, desarrollar y potenciar en sus aspectos más positivos.
Si bien es necesario esperar a conocer el contenido final del pronunciamiento de la Corte Constitucional para determinar con claridad el curso de las actuaciones formales que la UP deberá tomar en su Junta Nacional, ya hemos iniciado los preparativos para que el nombre, como el logo CH, queden a disposición de la nueva personería jurídica.
El tránsito de quienes, siendo de CH fueron elegidos y elegidas bajo el cobijo del acuerdo entre la UP y la CH, hacia la nueva personería jurídica, dependerá de lo que establezca en esa materia el fallo de la Corte. En todo caso, respetando el marco legal, el acuerdo seguirá guiando las relaciones políticas que se desprendan de dicha situación.
Dicho esto, es necesario comprender que esta nueva situación no debilita los acuerdos políticos, el proceso unitario, ni la participación de la UP en la construcción del Pacto Histórico. Por el contrario, contar otra personería jurídica que respalde el esfuerzo unitario del Pacto Histórico es un avance importante.
Ahora con el apoyo de una nueva personería jurídica, la tarea fundamental exige continuar la ampliación del Pacto Histórico, involucrando nuevas expresiones sociales, derrotar la retórica derechista calumniadora y manipuladora difundida en sus medios hegemónicos, para tratar de impedir que las propuestas del Pacto Histórico sean conocidas por nuevos colectivos del país.
Un eje clave para este ejercicio es la construcción de acuerdos programáticos básicos y fundamentales, en los que todos y todas nos podamos encontrar. La defensa diáfana de una agenda política de reconocimiento de derechos, que incluya todo lo que el pueblo exigió en las recientes movilizaciones sociales. El Pacto Histórico debe convertirse en el símbolo de las reivindicaciones y las luchas del pueblo.
Un diálogo franco, amplio, sobre los distintos temas, hasta los más complejos y polémicos, como se ha venido desarrollando, debe ser el método que caracterice la construcción programática. La diversidad del Pacto Histórico debe encontrar en la apuesta programática, la identidad y unidad necesarias para representar el cambio de raíz que necesita Colombia.
El esfuerzo unitario debe materializarse, tanto en la construcción de listas al Congreso con capacidad de alcanzar unas nuevas mayorías en el poder legislativo, como en la definición de una candidatura presidencial que en primera vuelta derrote a la derecha y conquiste la Presidencia para ponerla al servicio de la democracia, la inclusión y la dignificación del pueblo.
En esa forma reivindicamos el legado de Camilo Torres Restrepo, de Gaitán, de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda y de todos los liderazgos que ofrendaron su vida por un proyecto democrático verdadero, incluyente con el rescate pleno de la soberanía nacional.
