La Corte Constitucional extendió por nueve meses, siete para el informe final y dos para su socialización, el trabajo de la Comisión de la Verdad que identificará verdades ocultas del conflicto armado
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Con satisfacción, los defensores del Acuerdo de Paz y de la verdad, recibieron la noticia el pasado 1 de octubre, acerca de la decisión de la Corte Constitucional de prorrogar por nueve meses el funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Siete para la construcción del informe final y dos para la socialización al país.
Por su parte, la Comisión, en la voz de su presidente Francisco de Roux, en video publicado por redes sociales, expresó: “Recibimos esta decisión como una responsabilidad. En primer lugar, una responsabilidad con las víctimas, para escuchar a las víctimas y garantizar sus derechos. También como una responsabilidad con la sociedad, el derecho de la sociedad a la verdad.
“Queremos contribuir desde la verdad a garantizar los caminos de la convivencia y la paz en el país, y a construir desde la dignidad humana un futuro compartido para todos”.
Además, agradeció a las víctimas por confiar en su trabajo y a quienes contribuyeron a que se tomara la decisión por parte de la Corte. Determinación tomada porque durante la pandemia de Covid – 19 la Comisión no pudo desarrollar su trabajo como estaba programado.
Hay que recordar que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición surgió del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Hace parte del punto cinco, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyo principal objetivo es el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado.
El objetivo de la Comisión
El Acuerdo de Paz estipula que la Comisión: “Será un órgano temporal y de carácter extra-judicial, que busca conocer la Verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. Es aquí donde radica la importancia del Sistema y de la Comisión, por eso, desde diversos sectores de la sociedad fue saludada la decisión de la Corte.
En consecuencia y ante la decisión de este tribunal, Darío Fajardo, profesor de la Universidad Externado de Colombia e investigador en temas de paz, cree que la ampliación del tiempo es importante por la complejidad del tema y por las dificultades para hacer un trabajo sistemático: “Es supremamente difícil pretender cubrir todo el país y ampliar el tiempo ayuda. Lo importante es que se aproveche muy bien esa amplitud en la sistematización y en la difusión”.
Por otra parte, la directora del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por su sigla en inglés, María Camila Moreno, dijo: “Con la extensión del periodo hay un desafío importante para la Comisión y es lograr que en este tiempo no se pierda el interés de la sociedad por el informe final, más teniendo en cuenta que entramos a periodo electoral. Además, tendrá que ser una oportunidad para que el nuevo gobierno, sea el que sea, se comprometa con las recomendaciones”.
Los tiempos
Adicionalmente, para el profesor Fajardo el tiempo de existencia de la Comisión, tres años, no es suficiente para todo el trabajo que debe hacer si se tiene en cuenta el largo y complejo conflicto bélico: “Llevamos más de 60 años en una guerra de distintas causas, en cada región hay unas particularidades, las influencias internas y externas hacen un proceso excesivamente complejo. Es un tiempo breve”.
Por el contrario, María Camila Moreno cree que este tiempo es adecuado porque la experiencia internacional ha enseñado que la calidad del informe no depende del tiempo, sino de la metodología y el enfoque para su elaboración: “Tres años son razonables. Obviamente hay que priorizar, no se puede hablar de todo y esa es la idea del informe de la Comisión de la Verdad. Debe apuntarle a los elementos en los que una comisión se debe centrar porque recordemos que sobre el conflicto se ha escrito mucho, es decir, la Comisión no parte de cero. No se trata de hacer un recuento exhaustivo de lo que ha pasado, sino unas interpretaciones”.
Pese a las dificultades de acceso a zonas del país en las que persisten conflictos armados y a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, en 2020 los equipos de trabajo de la Comisión avanzaron en la recolección de testimonios. Según su informe de gestión de junio a diciembre de ese año intitulado Así avanza la Comisión de la Verdad: El valor de saber, hicieron 3.877 entrevistas y escucharon a 7.292 personas en diferentes ejercicios individuales y colectivos.
1.516 de las entrevistas fueron a personas pertenecientes a pueblos étnicos. A 31 de diciembre habían sido cargadas 12.492 entrevistas en el módulo de captura, se habían transcrito 10.004 entrevistas y etiquetado 8.652. A esa fecha, la Comisión había escuchado a 22.816 personas, expresa el documento.
Asimismo, recibieron 367 informes y casos. Los sectores que más aportaron fueron organizaciones de la sociedad civil, fuerza pública y ONGs. En total, desde el inicio de su mandato la Comisión ha recibido 569 informes y casos.
Socialización del informe
Con tanta información que hay y habrá por sistematizar y ordenar, la Comisión redactará el informe y tendrá solo dos meses para su socialización en todo el país. En palabras de la misma Comisión de la Verdad: “En su proceso de construcción del Informe Final, la Comisión de la Verdad interpelará al país con preguntas profundas que nos confronten con nuestro pasado y nuestro presente para romper los ciclos de violencia, y entregará, como legado vivo, unas recomendaciones enfocadas hacia la no continuidad y no repetición del conflicto armado”.
Acerca de este documento esperado por la sociedad, el investigador Darío Fajardo señala: “Hay que construir una interpretación, una comprensión del país que sea accesible a todas las personas, a todos los sectores de la sociedad. Porque aunque genere dificultades y no sea fácil aceptar esas verdades, de todas maneras hay que ir creando un ambiente distinto, de diálogo, de comprensión, de construcción. Por eso, tiene que alcanzar a todo el mundo”
Sobre las fechas para la socialización, el profesor no comparte que deba ser después de las elecciones porque es en ese proceso donde las personas deben expresar información y conocimiento, “no deben ser llevadas a las elecciones con información falsa y deformada. Entre más informada esté la gente sobre los procesos del país, más informado estará su voto. Un país que vota desinformado es un país que vota mal; un país que vota informado, vota orientado por la razón y por la información”.
Para la directora del ICTJ, que el informe sea socializado antes o después de las elecciones tiene pros y contras. Por una parte, podría ser mal utilizado por las campañas políticas, pero también podría ser una oportunidad para incidir, que los candidatos se pronuncien sobre los hallazgos y se comprometan con las recomendaciones. “En esa medida podría haber sido pertinente un informe que debería poner de presente los problemas estructurales del país que explican el conflicto armado. Era la oportunidad de que el país político se sintiera interpelado y comprometido con esos debates”.
