Pietro Lora Alarcón
La característica histórica general del régimen político colombiano es la exclusión antidemocrática. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las fracciones de las clases dominantes disputaron el poder, pero juntas orientaron las directrices jurídicas y el ejercicio de la política impidiendo que los escenarios gubernamentales fueran ocupados por partidos y movimientos que expresaran intereses de clase contrarios.
Así, la exclusión asumió fórmulas variadas, constitucionalizando o legislando reglas del juego que restringen la participación de unos y privilegian otros, como las cláusulas de barrera y los umbrales, pero también imposibilitando el acceso a recursos financieros y peor aún, estigmatizando, ejerciendo la agresión y el exterminio de los promotores de la democracia.
Recordemos que en el caso de la Unión Patriótica las variables se conjugaron, como consta en la sentencia de la Corte Interamericana, para negar no solo su participación, sino su existencia política. El ejemplo evidencia la estrechez de la estructura política tradicional electoral y los extremos violentos a los que puede llegar una clase dominante amenazada.
Hoy existe un espacio político ganado, que concretiza un nuevo momento, definido por la unidad en torno a la paz y a las reformas ante los impactos del legado neoliberal, una movilización y una comprensión más elaborada en el sentido de la lucha.
El Pacto Histórico, como propuesta política, proceso de interacción entre lo partidario y lo social, esfuerzo colectivo de unidad, coalición electoral e instrumento político de gobierno, es el resultado tangible de una inédita correlación de fuerzas en el país que hay que mantener y profundizar.
Sin embargo, como Gobierno y bancada, enfrenta desde la maraña del poder el bloqueo a sus proyectos por parte de castas, grupos económicos y mafias. La desestabilización es la agenda de la reacción, cercenando el derecho a la información verdadera y utilizando los recursos excluyentes del sistema. En el cruce de las prioridades políticas y económicas de un gobierno para el cambio y de la unidad para vencer las resistencias se encuentra la compleja “gobernabilidad” y con ella el debate sobre como transformar sin hacer concesiones.
Este ejercicio supone un salto de calidad en el instrumento político, para generar mayor incidencia popular y equilibrio entre las fuerzas que lo constituyen. En la práctica, una lógica orgánica y funcional. Hay experiencias en ese sentido, como las del Frente Amplio uruguayo o la federación de partidos brasileña. De esta última hacen parte el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista del Brasil, PCdoB, y el Partido Verde. La asociación de partidos proyecta la ampliación territorial y la acción movilizadora, cuestiones estrechamente conectadas.
La federalización brasileña no diluye ni fusiona partidos porque ninguno pierde su personalidad jurídica, ni su autonomía política, ideológica, programática u organizativa. Las cláusulas de cooperación permiten la acción para objetivos puntuales. El método de asambleas de 60 miembros elegidos proporcionalmente, así como la dirección colegiada, garantizan el apoyo a las candidaturas en los procesos electorales, la votación de la bancada y el examen de prioridades administrativas.
La federación es un ejemplo. No hay recetas acabadas, pero estudiar las condiciones de desarrollo del régimen de partidos y los intereses de clase que revelan sus actores, examinando experiencias de modelos pluripartidistas para avanzar a objetivos transformadores, sepultando la antidemocracia y fortaleciendo el PH, bien podría ser un salto de calidad, que se impone para consolidar este nuevo momento.
