Desde mediados del pasado año, en plena pandemia, se presentó un debate entre gobernantes nacionales, regionales y locales, y la comunidad educativa integrada por educadores, padres de familia, estudiantes y administrativos, en torno al regreso gradual a clases presenciales para más de ocho millones de estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria.
Los docentes, a través de Fecode, manifestaron que no había las condiciones que la Organización Mundial de la Salud, OMS, exigía para el retorno a las aulas y que el Estado debería garantizarlas. De no ser así, había que continuar con la formación mediada por TIC.
Para el presente año, Fecode puso entre sus retos en materia de bioseguridad y salud garantizar un retorno seguro a los establecimientos educativos del país con la implementación de protocolos, recursos suficientes e instituciones adecuadas.
“Durante el 2020 fue innegable la falta de una política pública en inversión, adecuación y mejoramiento de las instituciones públicas para garantizar no solo el derecho fundamental a la educación sino a la salud y la vida de los ocho millones de niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo oficial y de los casi cuatro millones de docentes, directivos docentes y administrativos. Pese a esta falta de compromiso por parte del Ministerio de Educación Nacional, este continúa insistiendo en un retorno a las aulas bajo la modalidad de alternancia sin proveer los recursos para adquirir los elementos de higiene y bioseguridad y así salvaguardar la salud y la vida de toda la comunidad educativa”, dice la Federación.
Leonor Álvarez, médica epidemióloga clínica, dice: “las instituciones públicas cuenten con infraestructura y lo más importante, que ellos mismos se mantengan en el tiempo es el reto más difícil que tiene el Gobierno, también, como garantizar los insumos, mantener jabón, toallas de papel, alcohol glicerinado, entre otros elementos. Además de eso, la parte de la vigilancia para que se cumplan esos protocolos en la institución es básico e importante, porque así, como en las instituciones de salud tenemos un medio de vigilancia epidemiológica para que se cumpla con todas las normas de bioseguridad, en las instituciones educativas también debe haber un sistema de vigilancia permanente para que esto se cumpla”.
Esta realidad evidencia que el reto más grande que tendrá el Gobierno nacional este 2021 en materia de bioseguridad y salud será garantizar el retorno seguro a las aulas con la implementación de los protocolos de seguridad disponibles por el mismo Estado.
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