Los voceros de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, quienes habían llegado a la capital con el ánimo de avanzar en las reuniones propuestas con el Gobierno de Juan Manuel Santos, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos pactados entre ambas partes, no se desarrolló, pues aseguran que el Gobierno no cumplió la cita.
Tal reunión se había programado en el marco del llamado del movimiento social de frenar los altos niveles de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en las comunidades campesinas, negras e indígenas, ya que en el año 2016 fueron perpetrados 120 asesinatos, y en lo que ha transcurrido del 2017, se han presentado 30 asesinatos, entre ellos de seis mujeres, según informa la cumbre.
Por esta razón, el pasado 9 de marzo las vocerías se declararon en sesión permanente en el piso 11 del edificio del Ministerio del Interior, exigiendo la presencia del ministro Juan Fernando Cristo, en su calidad de coordinador de la Mesa; del ministro Aurelio Irragorri cabeza del gabinete de Agricultura y Desarrollo Rural; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, a fin de que atiendan sus exigencias.
Según menciona Marilyn Serna Salinas, oriunda del Cauca y vocera del Congreso de los Pueblos, quien estuvo en la rueda de prensa de las organizaciones vinculadas a la Cumbre Agraria, con la presencia permanente en las oficinas de Gobierno nacional, se buscaba reafirmar la preocupación por la situación que viven las comunidades ante la sistemática violencia y el silencio institucional.
Así mismo aseguró: “Queremos decir que hemos instalado esta sesión permanente de la cumbre, primero por la sistemática violación a los derechos de hombres y mujeres del movimiento social colombiano. Estamos en contra de las declaraciones del Gobierno cuando dice que no hay sistematicidad en estos asesinatos, cosa que no es cierta, porque evidenciamos que hay un exterminio del movimiento social. Queremos ratificar la presencia del paramilitarismo en las diferentes regiones del país y estamos reclamando del Gobierno que reconozca esta situación y que muestre la voluntad política para el desmonte de esas fuerzas que hoy tienen influencia en los diferentes territorios”.
La líder comenta que “en el decreto 870 que firmó el Gobierno nacional con la Cumbre Agraria en el 2014, hay un compromiso de protección para el ejercicio de la política y de la movilización social y esto es un incumplimiento por parte del Gobierno”. Se esperaba que tras esta jornada tanto el ministerio como el Gobierno en su conjunto, atendieran el llamado por la grave situación que se vive en cada rincón del país y se avance en el cumplimiento de lo acordado en el 2014.
