Hernán Camacho
@camachohernan
La Procuraduría y la Fiscalía en cabeza del uribismo están habilitando a exfuncionarios cuestionados, mientras ponen toda clase de talanqueras a liderazgos de la oposición, todo de cara a las elecciones del 2022.
El detrimento patrimonial más grande del siglo corre por cuenta del caso Reficar, el megaproyecto para modernizar la Refinería de Cartagena a cargo de Ecopetrol y que se puso en marcha desde el año 2006. Esta ambiciosa empresa se convertiría en uno de los negocios estratégicos en el portafolio de servicios de la estatal petrolera. Reficar se estimó en cuatro mil millones de dólares, inició bajo el control de Luis Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol en 2006 y le dio continuidad Juan Carlos Echeverry, quien presidió la petrolera del 2015 al 2017.
El proyecto terminó costándole a los colombianos 15 billones de pesos a partir de un contrato leonino contra sus intereses, donde el socio constructor aprovechó la vena abierta del dinero público para facturar.
El sobre costo y su respectivo daño patrimonial tuvieron origen en las decisiones de la junta directiva de Reficar conformada por gurús del más alto nivel del sector petrolero. Según informaciones recaudadas por la Contraloría, se habrían firmado 1.846 contratos después de iniciada la obra y se realizaron 516 adiciones de contrato por un total de 7.3 billones de pesos. Según los investigadores, a noviembre de 2016 se pagaron 222.393 millones de pesos a subcontratistas mediante 563 adiciones de presupuesto.
La modernización de Reficar es un robo de vándalos. Una combinación de redes de subcontratistas sin control que aprovecharon las condiciones del contrato para robar el erario como lo explicó la Contraloría en reciente fallo declarando responsables fiscales por daño patrimonial contra el Estado a dos presidentes y tres vicepresidentes de Reficar, y siete miembros de su Junta Directiva, por la pérdida de 2,9 billones de pesos.
El pasado mes de abril, la procuradora Margarita Cabello, emitió decisión de fondo absolviendo a Juan Carlos Echeverry y otros miembros de la Junta Directiva de Reficar por no tener la “experiencia en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión de una refinería, ni tener conocimientos de campos especializados de la ingeniería”.
Desde otra orilla, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación en el caso de las interceptaciones ilegales contra la delegación del Gobierno colombiano en los diálogos de paz en La Habana y las filtraciones de dicha información, presuntamente hacia el candidato Óscar Iván Zuluaga, involucrando a su hijo quien era un cuadro directivo de la campaña. En el sonado caso hay un condenado: Andrés Sepúlveda, el hacker.
La Fiscalía señaló no encontrar material probatorio para imputar a Zuluaga. El proceso no tenía actuaciones de las partes involucradas desde 2016. Era obvio que el ente acusador que preside Francisco Barbosa, militante del Centro Democrático y amigo del Presidente, iba a cerrar la investigación.
Las dos decisiones judiciales son amparos de impunidad, abuso de poder y sometimiento de los órganos de control del Estado al interés del partido de Gobierno, que soterradamente lanzó dos candidaturas presidenciales para fortalecer la consulta de la derecha, que hasta ahora no tiene nombres que puedan superar a Fajardo y alcanzar a Petro en las encuestas.
Lo cierto es que abusar de las instituciones para perfilar a sus candidatos presidenciales, es otra evidencia de la desesperación del uribismo. Patadas de ahogado porque saben que van a perder el poder.
