Por invitación del consejo de redacción del semanario VOZ, Álvaro Vásquez comenzó a escribir desde el 4 de septiembre de 1996 la columna de opinión ‘Enfoque’, espacio que se mantuvo de manera ininterrumpida durante 14 años en las páginas del periódico comunista. En la siguiente columna de opinión publicada el 25 de septiembre de 1996, se evocan dos movilizaciones populares específicas. La primera referencia se centra en las marchas lideradas por el campesinado cocalero que paralizaron al sur del país. Y la segunda, se refiere a las revueltas espontaneas por servicios públicos en el municipio de Facatativá, que derivaron en confrontaciones con la fuerza pública. VOZ reproduce el material, no solo por su actualidad ante los recientes acontecimientos de protesta social, sino por tratarse de un típico análisis entre lo inmediato y lo permanente, sello característico del autor
Álvaro Vásquez del Real
Ha sido profusa la literatura que se ha producido analizando y haciendo balance de la serie de movilizaciones realizadas en el sur del país, así como los duros encuentros de la población con la Fuerza Pública en Facatativá.
De toda esa espuma aparecen, además de las simples condenaciones y las amenazas, algunos puntos de vista que reflejan, en nuestro entender, las características de nuestra clase dominante. Lo asombroso es que, para algunos de los comentaristas de estos sucesos, es más grave lo de Facatativá que lo del sur del país.
En primer lugar, se confunden las acciones masivas del pueblo con lo que llaman “las vías de hecho”. Por eso, a cualquier presencia de las masas en la calle, cualquiera que sea el motivo, solo se recurre a la represión, a la acción policial y esta conducta es valedera para todos los casos. Por eso, generalmente las manifestaciones populares derivan hacia enfrentamientos y confrontaciones de fuerza, que podrían evitarse, si se permite a la gente expresar su descontento por el camino de la protesta social organizada.
En tales circunstancias, cada acción popular cae dentro del Código Penal, siendo algo que es consustancial con el ejercicio de las libertades y los derechos ciudadanos.
Es lo que hemos denunciado insistentemente como la penalización o criminalización de la protesta social. Así, naturalmente, ninguna actividad de las gentes que protestan por la injusticia, los abusos o los atropellos de la autoridad, es legal.
Toda presencia de masas es ilegal, desde una huelga hasta un reclamo colectivo. Con el resultado negativo de que las acciones sociales toman la vida de la informalidad, puesto que la gente reclama con justo derecho, y no habrá prohibición que haga desistir a quienes se sienten tratados como seres inferiores, como idiotas sin ningún reconocimiento de sus intereses.
En segundo lugar, se insiste en utilizar la explicación de la lucha de masas, no por la defensa consciente y decidida de los intereses de cada sector del pueblo, sino por la explicación primitiva de que son los guerrilleros, los narcos y los agitadores, quienes están al frente de cada lucha y llevan, generalmente a la brava a los trabajadores o a la población a las vías de hecho.
Esta es exactamente la misma explicación que daba, en el surgimiento de la lucha revolucionaria en Colombia, el general Cortés Vargas y con cuyo argumento, tristemente célebre, se masacró a cerca de 1.500 obreros de la zona bananera de Santa Marta en 1928.
Esta especie envuelve una falta de respeto por la gente, a pesar que estamos en el tiempo de la gente. Se considera al pueblo como incapaz de pensar y actuar por su propia cuenta, por lo cual debe ser tutelado por otras fuerzas (la guerrilla, los narcos, los agitadores).
Una tal actitud de gobierno lleva a otra forma de ver las cosas. Los representantes de la autoridad no examinan las razones, las exigencias y las peticiones ni tienen en cuenta la justeza y realidad de esas reclamaciones. Por eso, luego de un periodo de menosprecio por las posiciones populares, si las movilizaciones se mantienen, el gobierno no tiene otra salida que entrar a estudiarlas y tratar de resolverlas.
Así ha sido en el Guaviare, Putumayo y Caquetá. Al fin de cuentas, ¿qué importa quién está incitando a la lucha popular?, lo verdaderamente importante es examinar de común acuerdo con los sectores populares, el contenido de la protesta y la posibilidad de atender y satisfacer los reclamos presentados.
Es un absurdo político pretender que a estas alturas de la crisis nacional, las guerrillas no levanten parecidas o similares reclamaciones que el resto del movimiento social. El desenfoque del gobierno y de sus publicistas es tal, que hasta ahora no se han dado cuenta de que el movimiento guerrillero es una parte del movimiento popular. Que se sigan tragando el cuento que el propio consejero de seguridad nacional, ha refutado recientemente de la “narcoguerrilla” para descalificar el profundo sentido político de esta lucha.
Vistas más de cerca las cosas, ¿el hecho de que en un momento dado elementos de la guerrilla participen en las marchas y movilizaciones será algo tan totalmente irregular y violatorio de las normas como para descalificar una acción popular?
Siempre hemos oído decir de los voceros del gobierno en las discusiones sobre diálogo y negociación que el objetivo de ésta es lograr que los guerrilleros, en vez de echar tiros, se vinculen a la actividad social, participen en la vida política y actúen como ciudadanos con plenos derechos y garantías. Que esto signifique una importante influencia de masas de la insurgencia, es otra cuestión, la de la relación de fuerza en un momento dado entre el sistema y las corrientes populares y contestatarias.
El otro estribillo, que como un ritornello persistente se vuelve a mostrar sin ninguna imaginación, es la supuesta perdida del principio de autoridad. Principio que por cierto recorre toda la estructura presidencialista del Estado colombiano.
Corolario de esta afirmación es la necesidad de buscar, a como dé lugar, una verdadera autoridad que tenga mano dura y que mediante la dictadura imponga el “orden” sobre todo el pueblo. Como lo dijo escuetamente el señor López Michelsen en El Tiempo el 15 de septiembre, “sería mejor la dictadura de un solo hombre responsable”. Tal es la desesperación de la clase dominante, que por otra parte, nunca ha podido gobernar por medios jurídicos normales, sino por los “democráticos” estados de excepción.
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