Diversos gremios de profesionales y trabajadores de la salud, organizaciones sindicales, de pacientes e instituciones académicas agrupadas en el Pacto por la Salud y la Vida, reiteran que la situación actual por la pandemia en Colombia es grave y tiende a empeorar.
Al iniciar el 2021 los casos diagnosticados del covid-19 siguen aumentando de forma alarmante, sobrepasando la cifra de 1.771.363 contagios y 45.431 fallecidos. La crisis se ha acentuado con motivo de las celebraciones de navidad y año nuevo, época en que se impulsó la economía, a costa de la vida.
La ocupación promedio de UCI para la atención de los enfermos por covid-19 y otras patologías en las ciudades más pobladas del país es cercana al 90% y con tendencia a crecer. El personal de salud se encuentra agotado por la insuficiente protección de bioseguridad y por la escasez de los medicamentos e insumos para la atención de los pacientes críticos. Los requerimientos del gremio de la salud en las diferentes manifestaciones para procurar soluciones a las precarias condiciones de bioseguridad en que enfrentan la pandemia y las extenuantes jornadas de trabajo remuneradas con salarios míseros, reciben como respuesta del presidente Duque el silencio o discursos vacuos.
Los distintos sectores sociales y políticos que defendemos la vida y la salud hemos denunciado la inoperancia del gobierno para prevenir, contener y mitigar la pandemia. Las instituciones de salud manejadas por las EPS han demostrado su incapacidad para garantizar la recuperación de la salud y evitar la muerte de los pacientes afectados por el covid-19.
El otro hecho que explica los desaciertos del Gobierno es el compromiso ineludible que se expresa en la defensa de los intereses de los gremios económicos como Fenalco, ANIF y los grandes constructores; por esa razón, la cuarentena fue limitada para favorecer este último sector. Los toques de queda empiezan a la once de la noche para favorecer supermercados, centros comerciales, restaurantes, bares y similares.
El Partido Comunista se suma a las organizaciones populares y de trabajadores de la salud que le exigen al Gobierno acciones eficaces para contener la pandemia, y también apoya las propuestas del Pacto por la Salud y la Vida: declaración de cuarentenas territoriales rigurosas para reducir los contagios en los departamentos que enfrentan un inminente colapso de sus servicios de salud; renta básica para las familias vulnerables, que garantice la sobrevivencia en condiciones dignas durante la cuarentena y apoyo real a las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayoría de empleos del país.
El Estado debe asumir: la masificación de la toma de muestras para covid-19 y la atención integral y oportuna de los pacientes infectados, recuperando los dineros públicos que las EPS reciben para estos programas; fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todos los departamentos, distritos y municipios a través de los entes territoriales de salud, así como la búsqueda activa de casos y el seguimiento de contactos en la comunidad.
La aplicación de las vacunas a toda la población, priorizando no solo los criterios de edad y enfermedades preexistentes, sino las condiciones socioeconómicas, ya que las personas de los estratos 1, 2 y 3, trabajadores, indígenas y afrodescendientes, han sufrido la mayor carga de enfermedad y muerte por la pandemia. Es necesario acordar con los laboratorios las vacunas de comprobada eficacia, facilidad de aplicación y con precios más asequibles, garantizando una mayor cantidad de vacunas para iniciar lo más pronto los procesos de vacunación, teniendo en cuenta las reales condiciones técnicas del país para su preservación y transporte.
Es necesario el control de las camas de UCI para garantizar que los tradicionalmente excluidos tengan acceso a ellas cuando las necesiten. Las ambulancias (terrestres y aéreas), deben estar disponibles para toda la población y que esta sea conducida con prontitud a clínicas y hospitales. Se debe exigir la pronta adquisición de los medicamentos necesarios para el manejo de todos los pacientes críticos e igualmente se debe procurar la protección real y efectiva de los trabajadores de la salud, personal femenino y masculino.
El PCC es consciente que solo cuando el movimiento progresista y realmente democrático sea capaz de asumir el poder político estas exigencias devendrán reales, entre tanto son objeto de la lucha popular. El reto es potenciar la acción política progresista para castigar en el 2022 a los responsables de estos efectos de la pandemia por su incapacidad y su política en favor del capital y contra el pueblo.
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