Pietro Lora Alarcón
Han sido recurrentes en el escenario internacional las preguntas sobre el balance de los cinco años del Acuerdo de Paz. Nadie se ilusionó nunca con el hecho de que la firma constituiría una revolución. En líneas generales siempre se ha observado como la posibilidad de transitar hacia un escenario infelizmente aún no conocido en Colombia y siendo así no desconoce el predominio hegemónico del capital que, por supuesto, queremos derrotar en beneficio de la clase trabajadora.
En tal condición la pregunta natural del interlocutor sagaz es: ¿entonces, para que ha servido el Acuerdo? Y cada vez que se busca una respuesta se enriquecen argumentos, se forman consensos y se abandonan premisas insuficientes.
Por cierto, el Acuerdo se ha proyectado generando condiciones hacia cambios mucho más profundas de la sociedad, y su eje es la lucha y la conquista de la paz, no solo como una consigna o una dejación de armas de la insurgencia –que siempre fue la pretensión exclusiva de lo más atrasado de la clase dominante– sino como centro de una confrontación por la democracia.
Por eso, inicialmente tiene la virtud de que desnuda ante la sociedad nacional e internacional el papel de los agentes de la guerra en Colombia, su carácter de clase y la forma como se instrumentaliza geopolíticamente el territorio para la agresión constante a pueblos vecinos, intentando reducir la capacidad popular de conquistar escenarios democráticos.
De hecho, en las instancias internacionales cada vez resulta más difícil para el “uribismo” y el gobierno explicar eso de “hacer trizas los Acuerdos” si la paz, la seguridad y la vida son los tres valores que inspiran la Carta de la ONU y el conjunto de instrumentos de los derechos humanos. Varias veces el gobierno ha sido arrinconado y escudriñado como enemigo del sistema en construcción a partir de 1945.
Eso lo obliga a juntarse a lo peor y más condenable de la arena política internacional, es decir, aquellos a los cuales, por algo de vergüenza o cálculo político, el denominado “centro”, constituido por el neoliberalismo de los disimulados, abandonan y no avalan sino en el último momento.
Tiene un efecto importante insistir internacionalmente que la aspiración es una sociedad mínimamente civilizada y en condiciones de reparar su tejido social. Eso significa, primero, reducir al máximo la violencia como mecanismo de solución de los conflictos, especialmente de los que tienen origen en las contradicciones políticas, tocando las bases del régimen y reinventando el modo de ser y de actuar del Estado, su institucionalidad armada y no armada; al tiempo, generar espacios para una sociedad incluyente, con plenos derechos para sectores históricamente vulnerables, con sentido étnico y perspectiva de género, para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; finalmente, establecer las bases de un modelo de distribución de la riqueza que permita garantizar derechos sociales.
En este periodo, la subjetividad se ha fortalecido. Es necesario potencializar aún más las formas de expresión popular, a partir de organización y métodos para la unidad.
Eso sugiere entender que parte esencial del cumplimiento del Acuerdo son las garantías para la participación política de los y las firmantes, en todos los escenarios, superando sectarismos y generando el debate políticamente inclusivo en el seno de los sectores democráticos del país. No sea que se pretenda construir el futuro confiando en quien nunca fue sensible al Acuerdo y se condene a otros al apartheid político.
