Sergio Salazar
@seansaga
El pasado 3 de noviembre fue aplazado por quinta vez en el Congreso, el primer debate, de los tres que debe cursar, el proyecto de Ley por el que Colombia ratifica su compromiso con el Acuerdo de Escazú. Tal trámite, que es una ratificación de legislativo, luego de que el Ejecutivo lo haya firmado, muestra la hipocresía con la que se toman las decisiones políticas. El presidente promete una cosa, pero la bancada parlamentaria que lo soporta la rechaza.
¿Y qué es el acuerdo de Escazú?
Es un “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” que se propuso en la ciudad costarricense de Escazú en 2018. Dicho acuerdo regional tiene que ver con darle impulso al cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es un hito sin duda por su carácter vinculante, por su alcance regional, y por ser el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La propuesta de un acuerdo para el cumplimiento de dicho principio de la Declaración de Río, 25 años después, demuestra que poca efectividad está teniendo en la región al irse incrementando los conflictos socioambientales. Por ello, el objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Naciones Unidas dejó abierto oficialmente, por un plazo de 24 meses, el acuerdo de Escazú para la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe desde el 27 de septiembre de 2018. Si bien todos los países lo firmaron, para que entre en vigor al menos 11 Estados deben ratificarlo, dicha ratificación por el legislativo de cada país hace que el acuerdo empiece a ser vinculante. Al menos 9 países ya lo han ratificado. Por su parte, Perú y Chile rechazaron su ratificación. En Colombia, en julio de este año el presidente de la República presentó el proyecto de ley ante el Congreso destacando la “urgencia” para ser debatido y aprobado en tres comisiones del Legislativo. Sin embargo, el primero de los tres debates ha sido aplazado cinco veces sin mayor justificación en el Congreso. La urgencia de Presidencia chocó con la dilación de la mayoría parlamentaria liderada por su propio partido político, el cual si ha facilitado la aprobación de los demás proyectos con mensaje de urgencia.
Contexto de la firma del acuerdo de Escazú
Como mencionaba un titular del Espectador, “Después de mucho pataleo, Colombia finalmente firmó el Acuerdo de Escazú”[i] el 11 de diciembre de 2019, lo cual es ilustrativo del contexto de la firma, un tanto forzado más que por voluntad propia. Por un lado, el gobierno estaba en medio de una presión social por el ascenso en el asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz, un incumplimiento sistemático del acuerdo de paz y una serie de medidas regresivas como las reformas de pensiones, laboral y educativa, que tuvieron como culmen el paro nacional de noviembre de 2019. Para el caso concreto del asesinato de ambientales, el presidente quiso mostrar voluntad política a través de la del Acuerdo de Escazú. Por otro lado, el gobierno lo firmó justo al mismo tiempo en el que se anunciaba la renovación de la Declaración Conjunta de Intenciones entre Colombia, Alemania, Noruega e Inglaterra. A cambio de reducir la actual tasa de deforestación e implementar programas de reforestación de aquí a 2025, los tres países europeos se comprometieron a aportar US $366 millones de Colombia[ii].
A pesar de la firma, su ratificación no se ve a la vista gracias al rechazo del partido de Gobierno el cual tiene argumentos idénticos a los de los sectores económicos dominantes, lo cual no es una coincidencia. Mientras el acto formal de incorporación a la legislación interna se sigue dilatando, los asesinatos de ambientalistas y los conflictos socioambientales no se detienen.
Los “argumentos” de los detractores de la firma en el Congreso
El partido político del presidente ha venido rechazando la ratificación del Acuerdo porque según su interpretación, los objetivos de éste ya están cubiertos por la legislación vigente, se vulnera la soberanía nacional y se “deja completamente expuesto el derecho al desarrollo de todos los colombianos, el derecho a tener planes de ordenamiento territorial por una institucionalidad superior que nos va a controlar”[iii]. Al unísono, el Consejo Gremial Nacional, un foro permanente de deliberación sectorial en el que están empresarios (ANDI -organización de base del recién salido Ministro de Ambiente Ricardo Lozano), ganaderos (Fedegan), palmeros (Fedepalma), comerciantes (Fenalco), entre otros, enviaron una comunicación a Presidencia en la que pidieron no ratificar el Acuerdo de Escazú. Según el análisis de los sectores económicos[iv], “Colombia cuenta con los suficientes mecanismos de participación ciudadana, de protección ambiental y de acceso a la información, el Acuerdo de Escazú puede, si no se dan las claridades correspondientes, llegar a establecer limitaciones en los proyectos generadores de empleo y de desarrollo social que son necesarios para el progreso del país”.
El anterior análisis del Acuerdo dista de su propio contenido. Respecto a la soberanía nacional, en el artículo 3 del Acuerdo se tienen, entre otros, los siguientes literales “i) principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; j) principio de igualdad soberana de los Estados. Igualmente, en el artículo 4 se establece, entre otras, que “3. Cada Parte adoptará todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del presente Acuerdo” y…7) Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado Parte…”.
La realidad que choca con los “argumentos”
Colombia se convirtió, con los datos de 2019, en el país con mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo según el último informe de Global Witness[v]. El informe demuestra que el asesinato de líderes comunitarios y sociales ha aumentado dramáticamente, con más del doble del número de asesinatos ocurrido en 2018, y la cifra más alta registrada por esa organización internacional en el país. Sobre el total (64 asesinatos), 14 están relacionadas con personas que estaban dando cumplimiento a la sustitución de cultivos ilícitos, punto central del acuerdo de paz. En las zonas en las que se ha apoyado el programa de sustitución de cultivos ilícito para comenzar cultivos alternativos, la gente además de no recibir los pagos prometidos por el Gobierno ha venido siendo amenazada por los grupos criminales (paramilitares) que controlan el tráfico de drogas.
También hay que mencionar que las cifras de deforestación en la Amazonía han ido creciendo durante el proceso de paz y después de la firma del acuerdo. Hay que ver los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El último, que es el reporte del primer trimestre de 2020 constata que se deforestaron alrededor de 64 mil hectáreas de bosque en la Amazonía, con un incremento del 83 por ciento respecto de 2019[vi]. Y ya los referentes de años previos llamaban la atención: para 2019 la Amazonía alcanzó el 76 % del total de pérdida de bosques del país, y para 2018 esa cifra fue del 70 %.
Igualmente, Colombia ocupó el segundo lugar en Latinoamérica, y el quinto en el mundo, con más conflictos socioambientales de acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental[vii]. Es decir, que los proyectos de inversión en el territorio antes que generar desarrollo están generando efectos adversos a la población y por ello se generan los conflictos, entre otras porque no hay mecanismos de participación robustos, no hay información transparente, no hay un acceso a la justicia ambiental que sea simétrico y equilibrado entre desarrollo y el interés general por un ambiente sano. Esos tres aspectos (información, participación, justicia) son justamente los objetivos del acuerdo de Escazú.
La oportunidad del acuerdo de Escazú
El carácter de esa élite minoritaria que toma decisiones desde Bogotá, en nombre de una mayoría, es claramente contradictoria con sus hechos y con sus efectos. Por sus mismos intereses debieran darse cuenta de que al menos en el plano formal les interesa firmar el acuerdo de Escazú. No es una cuestión sólo de ecologistas “en contra del progreso”. Las grandes entidades financieras como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) están considerándolo como un referente para sus préstamos/inversiones. Y la cuestión es básica. El cumplimiento del Acuerdo facilitaría (o mejor los blindaría) la implementación de grandes proyectos de inversión en la medida que han logrado surtir de manera efectiva los procesos de participación pública, el acceso a la información y garantías jurídicas. Eso es clave en un escenario post-pandemia en el que la reactivación económica pase una factura ambiental sin precedentes sino se toman medidas serias en la protección del ambiente y de los servicios que la naturaleza nos presta a la sociedad como la provisión de agua, alimentos, materias primas.
En definitiva, firmar el acuerdo traería efectos positivos, no sólo para la población, sino también y sobre todo para los intereses estratégicos del gran capital. Sin embargo, como ha sucedido en el gobierno de Colombia desde los tiempos de la independencia de la colonia española, cuando se quiere anteponer un interés general a un interés particular, el interés particular con su lobby gana gran parte de las batallas. La única forma de frenar ese designio de las élites en Colombia es aumentar la correlación de fuerzas del tejido organizativo popular en todas sus vertientes (e.g. ambientalista, campesino, juvenil, universitario, feminista, sindicalista de clase, etc.) con el objetivo colectivo de lograr una sociedad con paz real y justicia social y ambiental para las presentes y futuras generaciones.
[i] Redacción Vivir, El Espectador (11/12/2019): https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/despues-de-mucho-pataleo-colombia-finalmente-firmo-el-acuerdo-de-escazu/
[ii] Colombia, Alemania, Noruega y Reino Unido, unidos para reducir la deforestación en Colombia (11/12/2019): https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Colombia-Alemania-Noruega-y-Reino-Unido-unidos-para-reducir-la-deforestacion-en-Colombia-191211.aspx
[iii]Entrevista de CONtexto ganadero a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal (03/09/2020): https://www.contextoganadero.com/reportaje/el-veneno-escondido-en-el-acuerdo-de-escazu-contra-colombia
[iv] Carta del Consejo Nacional Gremial a Presidencia con fecha 10/09/2020 y asunto “Análisis de Conveniencia del Acuerdo de Escazú. Proyecto de Ley No. 057 de 2020 Senado – 265 de 2020 Cámara”
[v] Global Witness. Reporte de 29 de Julio de 2020: Defender el Mañana. https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
[vi] https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-en-colombia-otra-vez-se-disparo-la-deforestacion-en-la-amazonia-colombiana-540813
