Con grandes movilizaciones en las calles y posturas argumentadas en la mesa, los representantes de las centrales obreras lograron acuerdos que mejorarán las condiciones laborales de estos funcionarios
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
“Protestamos por la intromisión del gobierno norteamericano en los asuntos de la justicia en Colombia. Consideramos que cuando el Ejecutivo y las autoridades que están obligadas a cumplir con las decisiones judiciales no las cumplen, lo que hacen es atacar el Estado social democrático de derecho y poner en tela de juicio la estabilidad institucional, porque el Presidente de la República y todas las autoridades administrativas deben cumplir con las órdenes y los fallos judiciales, así no les gusten.
“Pueden discutir, pueden disentir de los mismos, pero nunca no cumplirlos, y lo que sucedió ante el fallo de la JEP y ante el fallo del Tribunal Superior de Bogotá con el habeas corpus en el caso Santrich, es supremamente grave. Por eso esta jornada también es por la autonomía y la independencia judicial, por la dignificación y la dignidad del juez”, explicó el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, al referirse a las manifestaciones que la rama judicial adelantó en todo el país, los pasados 22 y 23 de mayo, en el contexto de la anormalidad laboral desarrollada por trabajadores estatales.
Cabe recordar que las condiciones laborales de los trabajadores de la justicia también eran discutidas en la mesa de negociaciones de funcionarios del Estado y el Gobierno, en la que hubo un acuerdo la noche del 22 de mayo.
En esta hubo acuerdo cuando se estableció el incremento salarial para más de un millón doscientos cincuenta mil trabajadores del Estado, ya que otros puntos de interés nacional ya habían sido pactados. Sin embargo, hay un petitorio que Asonal Judicial negocia con el Consejo Superior de la Judicatura.
Un día después de la firma con los estatales, los trabajadores de la rama judicial debían continuar discutiendo en una mesa con el Consejo Superior de la Judicatura, pero esta fue aplazada ante la falta de transporte para el desplazamiento, la alimentación y el alojamiento de los negociadores. Luego de deliberar con Asonal Judicial, se acordó iniciar el proceso el 4 de junio.
Esta mesa tratará las peticiones hechas por los trabajadores de la justicia en febrero y debe estudiar la problemática que comprende aspectos como estabilidad laboral, carrera judicial, manuales de funciones, definiciones de alto riesgo, problemas de bienestar y salud ocupacional.
Salarios para estatales
El reajuste salarial se obtuvo luego de una intensa discusión al interior de la mesa, en la que el Gobierno inició ofreciendo apenas el 0,5%. Los argumentos de los trabajadores y las movilizaciones que se realizaban simultáneamente en las calles hicieron que luego propusiera el 0,8, y finalmente acordaron el 1,32% + IPC, lo que equivale a 4,5% para el año 2019 retroactivo al 1 de enero y para el año 2020, un incremento del 1,32 + IPC.
Las explicaciones del Gobierno para su ofrecimiento fueron las mismas de siempre cuando de materia salarial se trata: El déficit fiscal, que el pasado gobierno le dejó raspada la olla, que no tiene perspectiva de captar más recursos en 2019 y que las exportaciones están caídas, entre otras.
Los delegados de las centrales obreras por su parte, plantearon como primera medida la deuda del Gobierno con los trabajadores estatales, porque por más de 36 años sus salarios estuvieron por debajo de la inflación; y que solamente en el año 2005 lograron que les pagaran el valor de la inflación; aunque desde 2013 en adelante han obtenido reajustes por encima de esta.
Pero también recurrieron a lo expresado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en relación con el tema: Inflación causada, productividad e inflación esperada. “La productividad del trabajo en 2018 fue de 1,69, aunque tenemos dificultad porque no hay mediciones de esta en el sector publico. También dijimos que los trabajadores del sector estatal, que son clase media, son los más golpeados por la reforma tributaria y por el Plan Nacional de Desarrollo, acordémonos de la quiebra de Electricaribe. Muchos de estos trabajadores aumentan el poder de compra, van a los centros comerciales, compran ropa, comida y con eso el Gobierno nos está sacando el 19% de IVA. Se devuelve mucho de esto por la vía de los impuestos”, comentó el exnegociador de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés.
En las calles y en la mesa
Por su parte la CUT emitió un comunicado sobre el acuerdo en el que aseguró: “La Mesa Nacional Estatal después de dos largos meses de negociación logró llegar a acuerdos en los temas de carrera administrativa, garantías sindicales, acuerdos sectoriales y el incremento salarial por encima de los ya acostumbrados incrementos anteriores, lo que posibilitará el crecimiento real del poder adquisitivo de los trabajadores estatales del orden nacional y territorial, y reactivará la demanda, demostrando que los aumentos salariales por encima de la inflación es una inyección positiva para la economía nacional”.
Otro de los acuerdos más importantes es la ampliación de plantas y formalización de un millón doscientos mil empleados del Estado, quienes actualmente laboran de manera provisional, a través de out sourcing y órdenes de prestación de servicios, OPS. El procedimiento durará tres años y será a través de concursos.
“El proceso inicia dos meses después de la firma de los acuerdos, con la instalación de una mesa central en la que participará el Gobierno y representantes de los sindicatos. Su primera labor será establecer la cantidad de trabajadores que están en profesionalidad y órdenes de prestación de servicios”, explicó el exnegociador por parte de la CUT, Pedro Arango.
También habrá mesas departamentales con participación de sus gobiernos y organizaciones sindicales, donde se hará lo mismo para luego iniciar las convocatorias a los concursos y la obtención de trabajos decentes o con contratos a término indefinido, prestaciones sociales y garantías sindicales.
“En lo relacionado con carrera administrativa se acordó vincular puestos de trabajo que están por fuera de esta, como bomberos y policías de tránsito. Y se hará una reforma de la Ley 909 para establecer los mecanismos necesarios, además que haya movilidad, ascensos y reubicación”, anotó Arango.
Ahora bien, como es costumbre en los gobiernos colombianos se intentará incumplir lo pactado, para lo cual es necesario que cada sindicato de cada institución o entidad mantenga una estricta vigilancia sobre el cumplimiento de estos.
Finalmente advierte la CUT, tal como está anunciado por distintos voceros del Gobierno y de los gremios, acechan peligros tales como la reforma pensional que busca recortar aún más los derechos de los trabajadores en esta materia y las lesivas medidas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque, frente a las cuales los trabajadores y el pueblo colombiano estarán atentos para adelantar acciones de resistencia y movilización.
