El crimen de la exprisionera política y quién actualmente se encontraba en proceso de reincorporación, es el primero que ocurre en la capital de la República y enciende las alarmas ante el inminente exterminio de los antiguos integrantes de la guerrilla firmante de la paz
Redacción DD.HH.
En el mediodía del 5 de marzo de 2020 en el barrio Tintal en Bogotá, Astrid Conde Gutiérrez, recibió el impacto de bala que silenciaría su vida para siempre. La confirmación de su muerte se dio horas más tarde debido a que no portaba sus documentos personales en el fatal momento.
De la guerrilla a la cárcel
Nacida en Puerto Concordia, Meta, Astrid Conde o Nancy como era conocida en la guerra, integró desde muy joven el Frente Séptimo del Bloque Oriental “Comandante Jorge Briceño” de las FARC-EP. El 26 de junio de 2012 en el norte de Bogotá, fue capturada y procesada presuntamente por la toma de Miraflores en 1997.
Estuvo recluida en la cárcel el Buen Pastor, lugar en el cual se desempeñó como integrante del Colectivo de Prisioneras Políticas, contribuyendo desde su militancia en la dignificación de las mujeres en la cárcel, tanto de prisioneras políticas como de prisioneras comunes. Realizó grandes esfuerzos para capacitarse, tal y como lo demuestra la certificación de asistencia al proceso de formación Mujeres y construcción de paz, a cargo del Observatorio de Paz y Conflicto, OPC, de la Universidad Nacional de Colombia. De igual forma, certificó la culminación de la Primaria en el Colegio Delia Zapata Olivella.
En proceso de reincorporación
En virtud del proceso de paz entre la administración de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, se acogió integralmente al sistema de justicia transicional y decidió su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por lo cual le fue concedido el beneficio de libertad condicionada en el 2017.
Acreditada como exintegrante de la guerrilla en proceso de reincoporación, Astrid tramitaba en la Agencia Colombiana de Reincorporación, ACR, un proyecto productivo relacionado con la labor agropecuaria.
Sin ostentar el título de máxima responsable del conflicto armado, a finales del año 2019 envió, a través de su apoderada, una comunicación a la JEP en la cual insistía sobre su voluntad de sometimiento y su disposición a comparecer a cualquier diligencia que esta institución considerara en el marco del Caso 001, denominado “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”.
En los últimos meses, en virtud de su proceso de reincorporación, Astrid pudo tener una experiencia importante de relacionamiento familiar y acceso al mercado laboral desde la informalidad, siendo los oficios de trabajadora del hogar en casas de familia la única oportunidad. Adicionalmente participó y aportó de manera activa en el grupo Defensa y Derechos de la Corporación de Solidaridad Jurídica. Su interés era seguir adelantando estudios.
Incumplimiento y exterminio
Su voluntad con el proceso de paz y su compromiso con la verdad eran incuestionables. Su asesinato configura un vacío en el proceso de reincorporación de miles de excombatientes que aún honran su palabra y se mantienen con lo pactado como firmantes del acuerdo de paz.
“Las causas de su muerte actualmente son objeto de investigación, no obstante, desde la Corporación de Solidaridad Jurídica responsabilizamos al Estado colombiano por el asesinato de Astrid Conde Gutiérrez, por falta de garantías a las y los exprisioneros políticos en proceso de reincorporación, por su constante incumplimiento al Acuerdo Final de Paz y por la forma sistemática y generalizada de asesinatos contra ex guerrilleras y exguerrilleros de las FARC-EP”, dice con indignación la organización que defiende los derechos humanos de las prisioneras y prisioneros políticos, y de la cual Astrid hacía parte.
