La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es una institución clave en la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas que aun el Gobierno de Estados Unidos exalta por su trabajo contra la impunidad
Redacción Política
En el primer informe de derechos humanos de la administración de Joe Biden, de los Estados Unidos, se destaca la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por su lucha contra la impunidad en Colombia, un país que constantemente viola los derechos humanos con complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos de turno.
En uno de sus apartes el documento expresa: “Según un informe del 26 de febrero de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2019 se verificaron 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
También menciona el caso de soldados que presuntamente asesinaron al líder de la comunidad rural Salvador, Norte de Santander, Jaime Durán. “Una asociación comunitaria local respondió deteniendo a seis soldados del ejército a los que identificaron como responsables del asesinato, y finalmente entregaron a los soldados a la Fiscalía General de la Nación”.
Pero en medio de tantas violaciones contra el derecho a la vida, expresa, “la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición previsto en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, continuó adoptando medidas efectivas para que los autores de graves violaciones de los derechos humanos rindan cuentas de manera compatible con el derecho internacional. Esto incluyó actividades para avanzar en el Caso 003, centrado en las ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos» cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército. Hasta el 31 de agosto, la JEP informó que había recibido 250 «versiones voluntarias» en el caso por parte de presuntos autores que relataban sus versiones de los hechos ocurridos durante el conflicto. Estos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en el departamento de Antioquia”.
Celeridad procesal
Para entender el porqué del reconocimiento de Washington, es necesario recordar que esta nace del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, que “combina mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos”, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, colectivos y territorios.
Pero más allá de los objetivos de su creación, lo que se ha reconocido desde organizaciones de derechos humanos del país y del exterior, y Naciones Unidas es la rapidez de las acciones, procesos y algunos resultados que la Jurisdicción ha tenido desde su creación en 2017.
Así pues, que –según cifras de esta misma entidad- en este tiempo la Jurisdicción ha recibido 353 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado; 6.347 víctimas han recibido asesoría jurídica; 2.900 integrantes de la fuerza pública, 134 agentes del Estado y 9.797 exguerrilleros de las FARC suscribieron actas de compromiso; y en total, hay 12.843 personas sometidas a este organismo.
En consecuencia, y aunque las investigaciones están en proceso, en enero pasado emitió un auto en el que imputó cargos al exsecretariado de las extintas Farc por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, y se pronunció acerca de la investigación que adelanta sobre falsos positivos en la que establece que, entre 2002 y 2008, por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate.
Acerca del caso de la Unión Patriótica, desde 2019 consideró que cumplía con todos los criterios de priorización, al constatar la existencia de una violencia sistemática y generalizada contra los miembros de ese partido político.
Fuertes detractores
Luego de emitido el documento estadounidense, se pronunció el magistrado Eduardo Cifuentes, su presidente: “El primer informe de derechos humanos del gobierno Joe Biden destaca la efectiva tarea adelantada por la JEP. Este es un reconocimiento que nos estimula para seguir sin tregua en la lucha contra la impunidad”.
Y es que, desde que asumió el cargo, Cifuentes siempre ha estado alerta a cualquier pronunciamiento contra la JEP y ha sabido lidiar a sus detractores. A uno de los primeros que tuvo que poner en su lugar fue al propio Iván Duque, cuando a propósito de la imputación a los ex miembros de las Farc dijo: “La construcción de una genuina paz implica que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben tener sanciones proporcionales y efectivas.Y, también, garantizar aun entendiendo la figura de la transicionalidad, que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo”.
A lo que Eduardo Cifuentes en un tuit ripostó: “No es competencia del presidente @IvanDuque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho”.
Desde que nació, este organismo que basa su accionar en la Constitución Política, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha soportado enemigos. Los mismos que tuvo el proceso de paz.
Vienen más ataques
Desde la campaña presidencial, voceros del Centro Democrático mostraron sus intenciones de “hacer trizas la paz”. Ahora en el Gobierno, no cumplen a cabalidad lo acordado, se adelanta un exterminio de los firmantes, se aumentaron las masacres y el desplazamiento, y se pretende acabar con la Jurisdicción.
Otro detractor que Cifuentes tuvo que capotear fue al hijo de Álvaro Uribe, Tomás Uribe, quien en entrevista radial comentó sobre la JEP: “Es una rama de la justicia que da penas simbólicas a exguerrilleros y exparamilitares que admitan sus delitos. Eso se podría remplazar por un cuestionario en Internet y que los jueces vayan a resolver los temas que le importan a los ciudadanos de a pie”.
Inmediatamente, el magistrado refutó: “Ignorancia absoluta. Ignorancia absoluta sumada a un anhelo de impunidad absoluto, porque así no se investiga en un estado de derecho. Significa un desprecio por la justicia colombiana, significa un desconocimiento de las instituciones”.
Cifuentes dio en el clavo. Mencionó el deseo de impunidad, aquella que tienen poderosos sectores del Establecimiento que durante muchos años han detentado el poder político y económico gracias al uso de la violencia.
Por todo lo anterior, la JEP se ha ido convirtiendo en una institución clave para salir de la guerra y del uso de las armas en la política -como quedó en el Acuerdo de Paz-, para que las víctimas conozcan la verdad y sean reparadas, y haya garantías de no repetición.
En ese sentido, y al entrar en época preelectoral, la JEP debe ser defendida por quienes se la juegan por una salida civilista al conflicto social y armado, y por quienes le apuestan a la construcción de una sociedad democrática.
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