El neoliberalismo exige que los servicios públicos como la sanidad, la educación, el agua y el saneamiento se privaticen
Sergio Salazar
@seansaga
El 7 de diciembre de 2020 quedó marcado como el día que empezó el experimento de incorporar la cotización del derecho de uso del agua en California (Estados Unidos) en el mercado de futuros en Wall Street. La excusa es que, gracias a la regulación del mercado con la ley de la oferta y la demanda los precios futuros del agua no serán afectados por su escasez, en el Estado más poblado de Estados Unidos y con una economía principalmente basada en la industria, la agricultura y la minería.
Sin embargo, tal acción es un paso más en el proceso de privatización del agua como bien público y como derecho humano. Un experimento que puede, y seguramente es su proyección, extenderse en el ámbito global considerando que el agua será un recurso natural cada vez más escaso y necesario para mantener una población mundial creciente, demandante de alimentos y otros bienes y servicios dependientes de este recurso y en un contexto de degradación de los ecosistemas acuáticos, de los cuales dependen esos servicios ambientales.
El antecedente del proceso privatizador
El paradigma neoliberal ha difundido la idea de que los servicios públicos como la sanidad, la educación, el abastecimiento de agua y el saneamiento son ineficientes y de poca calidad, y que por ello es necesaria la gestión privada y la regulación de los mercados financieros.
Para ello, se ha venido avanzando desde el último tercio del siglo pasado en la desregularización y privatización de los servicios públicos a favor del libre mercado, bajo el discurso de mayor eficiencia. En el caso del agua, se han experimentado tres modelos privatizadores.
El primer modelo privatizador, el más agresivo de todos, se dio en Chile con la dictadura de Pinochet. Allí el agua dejó de ser bien público para pasar a manos privadas. Tras la poca aceptación social del modelo chileno, se experimentó el denominado modelo Thatcher en el Reino Unido, el cual privatizó la infraestructura hidráulica de la que depende la captación, almacenamiento, transporte, potabilización y entrega al usuario final.
Dicho modelo tampoco tuvo éxito, principalmente por lo que significa el costo de mantenimiento de la infraestructura. El tercer modelo, el preponderante, es el francés, el cual es bastante refinado ya que lo que se privatiza es la gestión a través de adquirir concesiones que se dan a larga duración (10, 20 años) y cuyo costo se revierte vía pago de los usuarios.
Del modelo francés se deriva el proceso privatizador de gran parte de las empresas públicas prestadoras de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En Colombia, hay que recordar el desembarco de empresas extranjeras, muchas de ellas españolas, que se apropiaron de dicho negocio y en muchas ocasiones de manera corrupta (recordar por ejemplo el entramado entre la empresa caribeña “Triple A” y la empresa española “Canal Isabel II” el cual tiene algunos de sus responsables ya judicializados a ambos lados del Atlántico).
El agua en el mercado de Wall Street
La entrada del derecho al uso del agua en California en el mercado de futuro de Wall Street es permitir que su precio se someta a las leyes del libre mercado. La forma de hacerlo será vía el “Nasdaq Veles California Water Index” (NQH2O), índice financiero que mide las tendencias en los precios futuros del agua de California desde 2018. Dicho índice, en lo corrido de 2020, se ha duplicado como efecto de la reducción de las lluvias en California, la ocurrencia de una cantidad importante de incendios y una reducción de la oferta hídrica.
Como ya lo anunciaron sus promotores, el precio futuro por el derecho del uso del agua fluctuará como el oro, el petróleo o cualquier otra materia prima, y según ellos tal regulación del mercado ayudará por ende a regular la gestión y el consumo eficiente por parte de los usuarios finales y evitará precios elevados en situaciones de reducción de la oferta.
Los mercados de futuro se abrieron a principios del presente siglo como una forma de negociar en el presente con las expectativas de fluctuación de los precios, principalmente de materias primas, dadas las posibles relaciones de oferta y demanda para un determinado tiempo futuro.
Se aluden como ventajas que los vendedores tienen garantizada la venta del bien en cuestión, indiferente de las condiciones desconocidas que afecten el precio de este, mientras que para los compradores la ventaja está en conseguir el bien a un precio garantizado indiferente si es muy demandado y hay escasez.
Aquí el problema estriba en que los derechos de uso quedan sometidos a la especulación en bolsa. La adquisición de los derechos de uso del agua puede darse por cualquier persona física o jurídica por simple interés transaccional, más no por su conocimiento sobre la gestión del agua ni mucho menos por su responsabilidad en los efectos sociales o ecológicos que pueda causar dicha operación financiera a la hora de la explotación del recurso.
Hay antecedentes de ello con materias primas necesarias para la alimentación básica de millones de personas en el mundo. En 2008 se sintieron los efectos de la especulación financiera en los mercados de futuro de productos alimenticios. En aquel momento, la FAO (Fondo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) reportaba encarecimiento en los precios en un 130% para el trigo, la soja en un 87%, el arroz en un 74%, y el maíz en un 53% con respecto a los precios del año anterior. En 2008, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, mencionaba que «las revueltas del hambre que han tenido lugar ya en 37 países van a intensificarse, y el número de personas afectadas por la malnutrición va a aumentar en los próximos cinco a seis años», lo cual calificaba como una «auténtica tragedia» identificando como culpables a los biocombustibles, a las «políticas aberrantes» del Fondo Monetario Internacional, FMI, y a la especulación financiera.
Someter el uso del agua al vaivén del mercado financiero, con unas tendencias más o menos generalizadas de aumento de la demanda y disminución de la oferta muestra de manera inmediata que el negocio está garantizado. Como los señores de la bolsa de valores van buscando inversiones de bajo riesgo, el agua sin lugar a duda lo es. Con ello, la posibilidad de especular en bolsa con el precio de uso también está garantizado. Soñar con que la especulación sea regulada es desconocer un elemento central del modelo neoliberal: el libre mercado.
Si el agua escasea como es esperable en muchas regiones del mundo, el precio subirá y será trasladado a los usuarios finales. Es esperable, entonces, que se aumente la barrera para que menos personas puedan acceder dado que su precio puede ser inalcanzable. Al respecto, el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento mencionaba en una nota de prensa el pasado 11 de diciembre que, si bien “hay discusiones globales en curso sobre los valores ambientales, sociales y culturales del agua, la noticia de que el agua se comercializará en el mercado de futuros de Wall Street muestra que el valor del agua, como derecho humano básico, ahora está amenazado”.
Dada la situación, hay que seguir fortaleciendo el tejido social y político en defensa del agua como bien común y como derecho humano y evitar a toda costa que el modelo californiano sea extendido por todo el planeta.
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