El escándalo por las llamadas del testaferro de la mafia y financiador de la campaña de Duque son el más reciente episodio que muestra la descomposición del Gobierno y del régimen político en su conjunto
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Al menos tres cosas quedan claras tras conocerse algunas de las interceptaciones telefónicas que la Fiscalía hizo a José Guillermo “Ñeñe” Hernández en las que habla de masivas compras de votos a favor de Iván Duque en La Guajira en 2018: Primero, que el sistema electoral colombiano es tremendamente frágil, susceptible a manipulaciones, compra de votos o presiones de actores armados. Segundo, que el poder jurisdiccional, y en concreto la Fiscalía, se ha convertido en un ente al servicio de la impunidad de los poderosos. Y tercero, que al Gobierno se le desvanece el único argumento que le quedaba para defender su no-gestión: la supuesta honestidad del presidente.
En efecto, las revelaciones que han hecho los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez no pueden ser más escandalosas. Hablando con varios interlocutores, entre ellos la exasesora de la UTL del senador Álvaro Uribe, María Claudia Daza, y la líder del uribismo en Córdoba, Priscila Cabrales, el ganadero cesarense deja en evidencia varios elementos. Que por fuera de la contabilidad oficial aportó más de 1.000 millones de pesos a la campaña de Duque, que la compra de votos en la costa Caribe fue masiva, que parte de esa compra se financió con más de cien millones que fueron robados a la campaña de Germán Vargas Lleras en la primera vuelta de 2018 y que Álvaro Uribe ordenó comprar votos en La Guajira.
Tormenta mediática
En los últimos días y al conocerse las grabaciones, se ha reproducido en las redes sociales una avalancha de fotografías y videos del Ñeñe en compañía de altas personalidades de la política nacional que demostrarían los vínculos de este personaje con poderosos sectores del Gobierno.
Ante esto, un coro de funcionarios y voceros de la ultraderecha ha salido a desmentir su cercanía con Hernández, incluidos Iván Duque y Álvaro Uribe -mencionados en los audios como ‘Iván’ y ‘Uribe’-, con lamentables excusas y retorcidos sofismas como decir que no tenían con él una relación cercana, que el Ñeñe era un fanfarrón a quien no se le puede creer, que la compra de votos en La Guajira era innecesaria, que los demás candidatos también han comprado votos o incluso que en este caso no hay más pruebas que las grabaciones mientras “Gustavo Petro aparece en un video recibiendo dinero en efectivo”.
Sistema electoral clientelista
Más allá de la tormenta mediática -que ojalá no amaine-, lo primero que debe observarse es que tenemos un sistema electoral más parecido al que describe García Márquez en Cien años de soledad que a uno propio del siglo XXI. Nuestro sistema electoral no solo está organizado a partir de la ubicación histórica de las clientelas políticas, lo que ha determinado nuestro actual ordenamiento territorial, también tiene una fiabilidad sumamente cuestionable que permite toda suerte de fraudes.
Ya son conocidos casos como el del partido Mira, al que le aparecieron varios miles de votos perdidos en las elecciones de 2014 y recuperó tres curules en el Senado, o el más reciente de la lista al Concejo de Bogotá de Colombia Humana-UP en 2019, que logró recuperar casi 6.000 votos perdidos y alcanzar la cuarta curul. Ello, por supuesto, lleva a que se haga indispensable una reforma electoral, pero mientras tanto es conveniente seguir las recomendaciones de líderes como Iván Cepeda o David Racero, quienes han convocado a una masiva presencia de testigos electorales en las elecciones de 2022.
Fiscalía ilegítima
Lo más preocupante de todo este episodio -y que ha pasado prácticamente desapercibido para los medios de comunicación- es que las interceptaciones telefónicas al Ñeñe Hernández se realizaron en 2018 y desde entonces permanecieron engavetadas en la Fiscalía. Ya el nuevo fiscal general ha anunciado que compulsará copias a las autoridades respectivas, sin aclarar a cuáles, pero lo que queda en el ambiente es que sin la filtración de las grabaciones y su publicación en el portal La Nueva Prensa, el país nunca se hubiese enterado de su existencia.
En este momento hay investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero pocos piensan que vayan a llegar a buen término. Lo que sí es innegable es que el prestigio del poder jurisdiccional se ha visto aún más afectado (si cabe) y que estas investigaciones son la oportunidad para dar muestras de independencia y eficacia. En cualquier caso, la cuenta de cobro al capital político del uribismo ya es contundente, lo que se demuestra con el ínfimo 23% de popularidad del Gobierno nacional y la caída libre en la favorabilidad del senador Uribe.
Clase política mafiosa
Pero tal vez lo más problemático para el Gobierno -asumiendo que las ‘exhaustivas investigaciones’ no lleguen a nada- es que se verá aún más afectada la poca credibilidad que le queda y por consiguiente su margen de maniobra. Lo primero no es del todo malo para el campo popular, pues puede suponerse que el Gobierno estará en mayor disposición de escuchar a la ciudadanía que saldrá a la calle el próximo 25 de marzo. Pero por otro lado, la debilidad del Gobierno puede ser inconveniente, pues estará más dispuesto a pactar con las élites, cerrar aún más el régimen y apelar a la intensificación de la represión a la protesta popular.
Tal vez lo más significativo de esta estrambótica situación es que ha quedado en evidencia una vez más el talante mafioso de nuestra clase política. Aunque llamarles mafiosos podría ser condescendiente porque han demostrado una deslealtad selectiva y una asombrosa capacidad para deshacerse de sus aliados incómodos, así como ahora hacen con el Ñeñe.
El apestado
Circula en redes sociales una opinión que, a propósito de lo que ya se está llamando como el “Ñeñevirus” o la “Ñeñepolítica”, denuncia la figura del ‘costeño útil’, “ambicioso y trepador que quiere ascender en los círculos sociales de la capital”, aquel que tiene un complejo de inferioridad con los ‘cachacos’, trata de complacerlos como si fuese su sirviente y se presta para todas sus fechorías. Pone el ejemplo de la familia Char y su relación con Germán Vargas Lleras, los casos de Otto Bula y Gabriel García Morales, quienes son los funcionarios de más alto rango detenidos por el caso de Odebrecht, y ahora el caso del Ñeñe Hernández.
El Ñeñe fue un acaudalado ganadero, dueño de estaciones de gasolina en Valledupar y frecuente invitado a las reuniones de la alta sociedad vallenata, con la que se codeaba. Aunque solo después de su muerte se hicieron públicas las acusaciones en su contra por testaferrato, narcotráfico y homicidio, en los círculos sociales se rumoraba que “tenía demasiado dinero” y que sus excéntricos gustos y su desbordado tren de vida era evidencia de ello.
Hoy todos lo niegan, nadie lo conoció, nadie fue su amigo y nadie tuvo la ocurrencia de pedirle pasado judicial antes de fotografiarse con él. De ser protagonista en la sociedad vallenata y de ser un importante aliado de la campaña de Duque en 2018 ha pasado a ser un apestado. Así es la lógica de nuestra clase dominante; así paga a quien bien le sirve.
