El presidente del Concejo de la ciudad de Montería, José David Wberth Escobar, elegido por el partido Cambio Radical, interpuso a nombre de la corporación que preside una acción de tutela contra Aida Yolanda Avella Esquivel por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.
Todo comenzó con la denuncia pública de la senadora donde le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar una presunta actuación dolosa de algunos cabildantes de la capital de Córdoba, por presuntamente pedir la suma de 2.200 millones de pesos al alcalde Carlos Ordosgoitia Sanin, de origen conservador y de la casa Barguil, para conformar una bancada de concejales que se inscribieran como partidos de Gobierno y así tener controlado por cuatro años el cabildo.
La denuncia original la hizo un periodista de la capital monteriana, José Luis Berrocal, según las informaciones de Twitter, mientras la senadora llamó a la procuraduría y al Consejo Nacional Electoral para iniciar las investigaciones. Fuentes de la Procuraduría le aseguraron a VOZ que el llamado fue acatado por el ente de control, iniciando pesquisas para determinar lo sucedido. Los concejales negaron los presuntos hechos ante la inminente investigación de la Procuraduría.
Sin embargo, tres días después, el propio denunciante, José Berrocal, posteó en sus redes sociales un pacto de gobernabilidad que se finiquitaría entre el alcalde Carlos Ordosgoita y la mayoría de concejales sin aludirse a la denuncia hecha días anteriores. En el fondo la disputa en el Concejo de Montería es entre dos castas cuestionadas, los Lyons quienes perdieron la alcaldía y el Partido Conservador quien inscribió al actual mandatario Ordosgoita.
El alcalde Ordosgoita en su cuenta de Twitter afirmó que ya tenía una coalición de gobierno con los concejales: “Reitero nuestra disposición de trabajar unidos por #Montería. Los concejales desde el inicio expresaron su interés de sacar adelante las iniciativas que beneficien a los ciudadanos. No he recibido de ellos peticiones distintas a trabajar por Montería”.
La tutela contra Avella pretendía borrar la denuncia y rectificar lo que a juicio del presidente del Concejo era una injuria y calumnia contra él y sus colegas. La juez de una parte señaló: “la señora Aída Avella Esquivel replicó la denuncia realizada por el usuario de twitter Luis Berrocal, pero en modo alguno tal y como fue probado por la demandada, fue ella quien denunció directamente la presunta comisión de delitos, es más, en ejercicio del derecho que le asiste como servidora del Estado y ciudadana procedió a requerir a los entes de control para que investigaran las denuncias que hacían eco por parte de quien las expuso, considerando entonces el Despacho que en aplicación de las presunciones de cobertura y prevalencia de la libertad de expresión, resulta improcedente el amparo constitucional invocado por el accionante, razón por la que negará el amparo”.
“Nosotros desde que asumimos la curul en el Senado señalamos que no aceptamos la corrupción venga de donde venga y como ciudadana y servidora pública tengo el deber de llamar a las autoridades ante denuncias tan graves que no se atienden. Mi deber es denunciar así no les guste a algunos”, señaló la senadora Avella.
