Alarmas encendidas por el aumento de desapariciones en el país. Familiares de las víctimas exigen al Gobierno nacional aceptar la competencia del Comité especializado de la ONU
Gabriela Gil
@GabbyG1l
La tragedia de la desaparición forzada es un calvario que se sufre a diario, un duelo que no termina, pues es como estar continuamente en la cuerda floja, entre el sentimiento de esperanza que el desaparecido regrese al seno de la familia y la resignación de saber que después de tantos años sin verlo, es muy posible que esté muerto.
Preguntas como, ¿estará bien?, ¿tendrá frío?, ¿se está alimentando?, pero sobre todo, ¿dónde está?, retumban diariamente en la cabeza de los miles de familiares que padecen este crimen. La desaparición forzada constituye un delito, y en muchas circunstancias ante los ojos del derecho internacional, un crimen de lesa humanidad.
Según la ONU, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror en la ciudadanía. La sensación de zozobra e inseguridad que genera esta práctica no se limita solo al núcleo familiar del desaparecido o el de desaparecida, sino que afecta a toda su comunidad y en general a toda la sociedad.
Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, define la desaparición forzada así: “Es ese hecho en el que no basta con asesinarlo y que lo enterremos y ya, es que en estos casos no se tiene ni siquiera un cuerpo, y por eso esa foto que cargan los familiares, que cuelgan de sus cuellos es tan importante, porque es la que dice “aquí hubo un ser humano, un hombre, una mujer, un niño o una niña que hizo parte de este universo”.
Campaña ¿Dónde están?
El 30 de agosto de 2019, familiares de las víctimas de desaparición forzada que son acompañadas por la Corporación Jurídica Libertad, integrantes de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, lanzaron la campaña “¿Dónde Están?”, por la ratificación plena del Comité de Naciones Unidas contra la Desapariciones Forzadas.
Bajo el slogan “¡Queremos que el Comité nos ayude a encontrarles!”, estas organizaciones defensoras de derechos humanos buscan sensibilizar a toda la población y pedir al presidente Iván Duque que acepte la competencia de este Comité.
La Resolución de la ONU que establece la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue firmada en París el 20 de diciembre de 2006 y su ratificación se logró en el año 2010. Es un documento internacional, de carácter vinculante para los Estados que tiene como fin prevenir el delito de desaparición forzada y obligar a las autoridades competentes de cada país a desplegar todas las acciones para la búsqueda de las víctimas, enfrentar la impunidad que rodea estos casos y satisfacer los derechos de las víctimas y las familias.
Si, pero no
Los artículos 30 y 31 de la Convención determinan que el Comité tiene facultades para recibir y examinar peticiones sobre casos individuales de desaparición forzada, y transmitir sus observaciones y recomendaciones al Estado con el fin de localizar y proteger a la persona desaparecida. Sin embargo, señala que para cumplir dicha función los Estados deben reconocer expresamente la competencia del Comité en el momento de la ratificación del Tratado o posteriormente.
Colombia ratificó la Convención en el 2010 en la Ley 1418 de 2010, pero se acogió a la salvedad establecida en el artículo 31 impidiendo que el Comité pueda conocer y tramitar los casos de desaparición forzada cometidos con posterioridad a la firma de este instrumento internacional.
Pese a que las organizaciones de familiares y de derechos humanos han insistido en la necesidad de ratificar su competencia, esto no se ha logrado. El mismo Comité en sus informes al Estado colombiano ha solicitado que se acepte la competencia como una forma de brindar garantías al reconocimiento de los derechos de las víctimas, petición que a la fecha no ha sido atendida.
El 19 y 20 de abril sesionó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y evaluó el caso de Colombia frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención y las recomendaciones que se habían hecho desde el año 2016, para ello tendrá presentes los informes entregados por el Gobierno nacional y los informes alternos presentados por las organizaciones que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
Posteriormente en el mes de mayo el Comité entregará un nuevo informe donde analiza la situación del país, realiza recomendaciones al Estado colombiano teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por las organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos.
Un crimen que persiste
Pese a lo que se pueda creer, la desaparición forzada en Colombia no es un hecho del pasado. En el año 2020 se evidenció un aumento de los casos, especialmente contra liderazgos sociales y mujeres jóvenes. A pesar de la pandemia por el covid-19 y el confinamiento general, estos casos siguen creciendo y en muchas ocasiones son atribuidos a integrantes de la Fuerza Pública, como en la desaparición del líder campesino y comunal, integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, Asobac, John Fredy Restrepo Monsalve, desaparecido desde el pasado 29 de abril en el municipio de Tarazá, Antioquia, o el de María Rocío Silva Caballero, lideresa de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar y miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Vallecito, del municipio de San Pablo, Bolívar, reportada como desaparecida desde el 21 de mayo de 2020.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas han prendido las alarmas sobre esta situación de aumento, sin encontrar respuestas positivas en las instituciones, puesto que la impunidad en los casos de desaparición forzada supera el 90%.
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2019 en Antioquia 388 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales, 94 fueron encontradas vivas, doce muertas y a la fecha se desconoce el paradero de 282 personas; estas cifras muestran un aumento frente a los tres años anteriores.
El deshonroso primer puesto
Colombia tiene más desaparecidos y desaparecidas que todas las dictaduras el Cono Sur, la cifra supera las 100 mil personas, es decir casi tres veces la capacidad del Estadio Atanasio Girardot en Medellín. Justamente, Antioquia es uno de los departamentos que reporta un mayor número de casos de desaparición.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, en Antioquia entre el año 1985 y 2018 se reportaron 80.472 personas desaparecidas.
Los casos en este departamento no paran, recientemente se reportó la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo, retenido según denuncias de la comunidad por tropas de la VII División del Ejército el 26 de febrero del año 2020 en el municipio de Campamento, Antioquia, y que apareció cuatro días después amarrado y estrangulado en una zona fuertemente militarizada.
Igual situación ocurrió con el líder William Ramiro Montoya, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, desaparecido el día 3 de marzo de 2020 en el corregimiento Puerto Antioquia, municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Días después su cuerpo apareció en el río Cauca a la altura del corregimiento Piamonte de Cáceres. A estos hechos se suman los casos de José Herrera, fundador de Asociación Campesina del Bajo Cauca, Asocbac, y Marcha Patriótica en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, desaparecido el 20 de marzo de 2018, cuerpo que apareció en el río Cauca el 26 de marzo del mismo año.
