Algunos ponentes han denunciado lo perjudicial del proyecto y han propuesto una reforma estructural necesaria para la economía del país
Carlos Fernández
En varias oportunidades, nos hemos referido a las diversas acciones emprendidas por este gobierno para lograr que le aprobaran una nueva reforma tributaria, una vez detectado el déficit de las finanzas públicas que iba a generar la reforma de 2019, al que se vino a añadir la elevación del gasto para paliar las consecuencias de la pandemia.
En tales notas, hicimos un análisis más o menos detallado de las pretensiones del Gobierno en materia de aumento de los recaudos y de financiación del incremento del gasto. La historia ya es conocida. El anterior ministro de Hacienda, Carrasquilla, presentó un proyecto de reforma que hacía descansar el grueso del esfuerzo fiscal en los sectores medios y de trabajadores, vía el impuesto al valor agregado (IVA) y el asalto directo a los ingresos laborales de los sectores medios de la población que ganaran desde 2 millones 400 mil pesos mensuales. La reacción no se hizo esperar y se expresó en una vibrante movilización popular que puso a temblar a los sectores más poderosos del país.
La nueva estrategia
El obligado retiro del proyecto de reforma y la consiguiente salida de Carrasquilla del Ministerio obligaron al Gobierno a un cambio en su estrategia para lograr la reforma buscada. El nuevo Ministro hizo una serie de reuniones con gremios y entidades territoriales (reuniones en las que la intervención de las organizaciones sociales como la CUT o la ONIC no fue tenida muy en cuenta en la elaboración del texto definitivo de la propuesta), con miras a lograr un consenso que facilitara el trámite del nuevo proyecto en el Congreso.
Fue así como, el 20 de julio, el Gobierno llegó al Congreso con un proyecto de ley «de inversión social» que no tocaba el IVA ni el impuesto de renta a los ingresos producto del trabajo, sino que aprovechaba el ofrecimiento de los grandes empresarios -expresado por el presidente de la ANDI- de asumir ellos el costo de la nueva y más modesta reforma. De 25 billones de pesos que se esperaba recaudar con la reforma de Carrasquilla, se pasó a un recaudo calculado de 16,3 billones hasta el año 2023 con la reforma de Restrepo.
Las «jugaditas» en el trámite
El trámite de la reforma en el Congreso siguió un guion ya conocido: el Ministro se reúne en su despacho con los congresistas del partido de gobierno y de los partidos afectos al mismo y discute, a puerta cerrada, las propuestas de modificación o de adición que estos tengan para hacerle al proyecto de ley. La oposición no es invitada a estas reuniones y el hecho de que ellas se hagan en la oficina del ministro de Hacienda y no en los salones del Capitolio es la manifestación de lo antidemocrático del procedimiento.
Acordados los ajustes, el proyecto pasa a «debate» en las comisiones económicas conjuntas y de allí pasa a «debate» en las plenarias de Senado y Cámara. Escribimos entre comillas la palabra debate porque lo que se vio en este caso concreto, bastante frecuente en el legislativo, fue una aplanadora oficialista untada de mermelada oficial, aprobando a trancas y a mochas lo ya acordado con el Ejecutivo.
Claro que, en este trayecto, se alzaron las voces de algunos ponentes de la oposición que dejaron en claro lo inane de esta reforma y plantearon el camino que hay que seguir para lograr una reforma estructural, de fondo, que es lo que necesita el país.
Es así como los congresistas Aída Avella, Gustavo Bolívar y David Racero, luego de una exposición argumentada, presentaron su propio proyecto de ley, desestimando en su totalidad el del Gobierno. En él, cabe destacar la propuesta de creación de una renta básica, la creación de un programa nacional de empleo garantizado, el establecimiento de impuestos al patrimonio y a los dividendos, a los comestibles ultra-procesados, a las bebidas endulzadas y a las carnes y embutidos.
Por su parte, el senador Wilson Arias -luego de señalar que el proyecto gubernamental era insuficiente y mantenía las estructuras de inequidad, no distinguía las empresas por su tamaño y les aplicaba la misma tarifa de impuesto sobre la renta sin tener en cuenta las exenciones y descuentos de que gozan las grandes empresas y presentaba una política de austeridad que, en sus palabras, no ha permitido que ningún país salga de la crisis económica- propuso el archivo definitivo del proyecto de ley.
Como era de esperar, ni la propuesta alternativa de los congresistas de la coalición Decentes ni la propuesta de archivo del senador del Polo Democrático tuvieron acogida entre las mayorías del Congreso. Hay que mencionar, también, el tímido proyecto modificatorio presentado por congresistas del Partido Verde que, a pesar de no tocar de fondo el proyecto gubernamental, tampoco fue tenido en cuenta en la versión final de la ley.
Lo que se aprobó en la ley
El resultado final de todos este ir y venir se puede resumir en el cuadro siguiente, en el que se muestran, hasta 2023, los ingresos que se espera recaudar por cada una de las medidas aprobadas y los gastos que se van a financiar con los nuevos recursos.
Lo primero que hay que destacar es la lavada de manos del Gobierno frente a la situación. Los programas creados para enfrentar la pandemia se prolongan tímidamente en el tiempo y su costo se va a financiar en 2021 y 2022 (último año de gobierno) con déficit. La utilización del recaudo esperado de 2023, que constituye el grueso del impacto de esta reforma en los ingresos públicos, se deja al arbitrio del próximo gobierno, que mantendrá la espada de Damocles de tener que pagar la deuda pública incrementada por la pandemia y por el mantenimiento de los beneficios tributarios al gran capital.
Principales fuentes y usos de la ley de inversión social ($ billones)
Fuente: Grupo Bancolombia, Minhacienda.
En lo que tiene que ver con los ingresos, la gestión de la DIAN para atacar la evasión fiscal está fundamentada en modificaciones tecnológicas (factura electrónica, principalmente) que buscan nuevos ingresos tributarios entre la enorme masa de micro y pequeños empresarios que bordean la línea de la informalidad y que han sido los más afectados por la disminución o desaparición de su actividad económica. El recorte de gastos se basa en planes de austeridad anuales que debe elaborar el Gobierno nacional en materia de viáticos, gastos de viaje, celulares, arrendamientos y un largo etcétera de difícil aplicación.
Por el lado del gasto, en 2023 sólo queda en pie el programa de matrícula cero, débilmente financiado y los 14,9 billones sin asignación se irán, ante la presión del Fondo Monetario Internacional y los capitalistas nacionales e internacionales tenedores de los papeles de deuda pública, al pago de la deuda, si es que el nuevo gobierno acepta esta salida en lugar de utilizar estos recursos en gasto social y creación de bienes públicos.
La cuestión es capital versus trabajo
Todos los acontecimientos relacionados con esta reforma están signados por un elemento esencial de la realidad social: estamos ante una lucha que enfrenta a los propietarios del capital (aquí o en el exterior) con los sectores de la población que viven o intentan vivir de su trabajo y con un núcleo importante de pequeños propietarios cuya situación se asimila más a la del proletario sin medios de producción que a la del capitalista por antonomasia.
El proyecto de reforma de Carrasquilla apuntaba a financiar las necesidades crecientes de recursos públicos esquilmando a una fracción importante de los sectores populares. La movilización y el paro nacional no fueron sino la expresión de que tales sectores estaban dispuestos a todo con tal de no seguir padeciendo las precarias condiciones de existencia a que los ha sometido el capital.
La batalla en el Congreso dada por los sectores de oposición contra el anterior proyecto y la actual ley es una manifestación adicional de este enfrentamiento entre capital y trabajo. Las próximas elecciones llevan también esta impronta y hacen parte de un continuum en esta lucha. Pero no son sino una parte, cada vez más importante, de esta batalla en la actual coyuntura.
La movilización mostró que hay un pueblo dispuesto a la pelea, que hay núcleos políticos dispuestos a dar la lucha en los escenarios que sean indispensables. La ley aprobada no representa sino una escaramuza en este enfrentamiento. En la calle y en las urnas, habrá que dirimir esta pelea a favor de los sectores populares de Colombia.
