Amnistía Internacional ha denunciado la grave situación por la que atraviesan las comunidades indígenas en el país
Tras seis nuevos casos de asesinatos de líderes indígenas en el país, Amnistía Internacional, asegura que Colombia está pasando por una ola de asesinatos. Según afirma esta organización en un comunicado a finales del mes de abril, estos homicidios representan “serias dudas” frente a la atención que el gobierno colombiano está tomando en función de frenar esta ola de violencia, en particular, de acuerdo a la implantación de los acuerdos de paz.
Dentro de las fallas en la implementación, como lo asegura Amnistía, se referencian a los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, como los más golpeados por dicha situación. En estas regiones, las comunidades Wounan, Nasa y Awá, se presentan como las más afectadas por la ola de violencia, por lo que la misma directora de esta organización para la región, señaló como de “alarmante”. Además, el mismo comunicado señala, que aún siguen latentes los retos del proceso de implementación, pues en las comunidades en donde más de ha vivido el conflicto, es donde se evidencia la deuda del Estado, en términos de garantías de derechos y además de, “garantizar que estos hechos lamentables no queden impunes”.
La Organización Indígena Colombiana, ONIC, se ha referido a estos hechos como lamentables, y llamó al Gobierno nacional a instar a las diferentes instituciones del Estado, para que se adelanten todos los procedimientos a fin de frenar este tipo de violencias y a que se esclarezcan el conjunto de situaciones en las que activistas indígenas han perdido la vida. Luis Fernando Arias, líder de la ONIC, ha afirmado que “nos lleva a tomar medidas de autoprotección, pero también de resistencia social, cultural, política organizacional y comunitaria”.
En un comunicado público, esta organización de los pueblos indígenas, afirmó: “unimos nuestro grito para defender y honrar a la Madre Tierra, para rechazar el asesinato de los líderes y defensores de la Madre Tierra y del agua, para exigir una paz completa en nuestros territorios ancestrales, para seguir luchando por su liberación y para rechazar la escalada de grupos paramilitares”.
Ya son innumerables las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y de la comunidad internacional, que han venido llamando la atención al Gobierno colombiano, sobre la existencia de los grupos paramilitares y el copamiento de los territorios abandonados por las FARC-EP. Sin embargo, mientras el debate por la existencia de estas organizaciones continua, la situación en las comunidades empeora, sin que existan medidas claras que frenen el rearme, toma de territorios y la violencia que estos grupos vienen desarrollando en todo el país.
