Los protocolos de Cartagena consolidan un proyecto neoconservador que sirve de plataforma a un gran mercado de la región atlántica, liderado por Estados Unidos
Alberto Acevedo
El mayor logro que nos presenta la VIII cumbre de mandatarios de los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, celebrada en Cartagena el pasado 10 de enero, al eliminar por completo el 92% de los aranceles que se venían aplicando al comercio de productos, profundiza el proceso de negociación arancelaria con miras a cumplir la ambicionada meta del libre mercado, en detrimento de las demandas sociales y de las asimetrías entre socios en desventaja, como lo muestra el rechazo de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y de la Asociación Colombiana de Porcicultores, entre otras agremiaciones en nuestro país.
Esta liberación de aranceles en forma poco discriminada, que no tiene en cuenta por ejemplo que Colombia, país anfitrión de la reunión, es el más atrasado de los socios, abre un enorme mercado de más de 200 millones de consumidores, con tendencia a la desregularización de sectores estratégicos del estado, de tipo agrícola, o de protección de los recursos naturales, en una franca estrategia de reestructuración neoliberal, como era el anhelo original del ALCA, una iniciativa trazada por Washington.
Y, desde luego, agudiza el debate sobre el tipo de integración que más conviene al continente: si el de la cooperación autónoma, que toma en cuenta los intereses de los pueblos, su soberanía e independencia, como es la filosofía de Celac, del ALBA, de Unasur y otras propuestas similares, o la del sometimiento a los dictados de la banca internacional y de las grandes potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza.
No es de poca monta la preocupación que entre sectores democráticos y progresistas del continente generan los pasos dados por Alianza del Pacífico. Los cuatro países que la integran, México, Perú, Chile y Colombia, todos tienen suscritos tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Falsa integración
Chile, además, tiene TLC firmados con 51 países; Perú, con 17 países; México, con 12, y Colombia con 15. ¿Qué visión alberga esta estrategia? Que la integración sólo debe ser comercial, económica y financiera, sin implicaciones políticas, sociales o culturales. Esta manera de ver las cosas es un embeleco, pues detrás de toda relación económica hay necesariamente una postura política.
En efecto, en la Declaración de Lima, primer documento fundante de la Alianza Pacífico, se plantea la necesidad de “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas”. Rápidamente, las multinacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde Estados Unidos tiene el 30% del paquete accionario, se apresuraron a brindar “apoyo técnico” a la recién formada asociación. Estados Unidos, por su parte, reclamó el derecho a participar como “observador”.
Las críticas a este proyecto no se hicieron esperar. Especialistas en procesos económicos lo calificaron como intento de ‘paralización’ de la integración regional auténtica, y ofrecer en cambio una política de subordinación a Washington. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo entonces que la nueva asociación “parece estar puesta para bloquear esta mirada de hermandad del continente”, que nació “muy vinculada a los intereses de Estados Unidos”.
Realinderamiento de derecha
El presidente Rafael Correa, por su parte, habló de una ‘reconstitución’ de la derecha en el continente, expresada en cierta forma por estos países, al no proponer “crear una gran comunidad de ciudadanos de la región, sino crear un gran mercado, crear consumidores”.
Los acuerdos suscritos en Cartagena en enero consolidan, pues, lo que algunos denominan ‘el nuevo club neoliberal’, que pone al continente en la encrucijada de definir el tipo de integración que mejor convenga, si el del libre mercado y el sometimiento a Washington, o el de la cooperación independiente y soberana de los pueblos.
Cuando el presidente Santos, anfitrión de la reunión de Cartagena, calificó a la Alianza Pacífico de ‘niña bonita’ o nuevo ‘motor’ de la economía regional, el as bajo la manga es inmovilizar anteriores esfuerzos integracionistas, expresados en Celac, Mercosur, el ALBA y otros proyectos, e imponer una línea conservadora proclive a los intereses del capital transnacional.
Estrategia gringa
Con la Alianza Pacífico, además, Estados Unidos busca contener la influencia de China en América Latina y el Caribe, que en las condiciones de intercambio comercial más favorables ha permitido a no pocos países escapar de la tutela del Fondo Monetario Internacional. En los acontecimientos recientes, los golpes de estado en Honduras y Paraguay han contribuido a romper o al menos retrasar la inicial marcha dinámica de los bloques de integración regional de inspiración patriótica, bolivariana.
Estados Unidos, por su parte, alienta la idea de conformar una gran área atlántica de libre comercio, expresada en la Tafta (Trans-Atlantic Free Trade Association), para frenar la expansión de China, y los objetivos neoconservadores de la Alianza Pacífica caen como anillo al dedo a esta pretensión. Además, en el mercado regional, Alianza del Pacífico golpea la economía del Brasil, que impulsa un amplio mercado interior y compromisos con Mercosur, proyecto que seguramente saldrá debilitado.
Consideración aparte merecen las críticas de la SAC, que advierte que en el juego de la Alianza Pacífico Colombia es el país de estructura económica más débil y atrasada, que además ha suscrito un acuerdo tipo TLC, el único que hasta ahora firma el país sin contemplar instrumentos legítimos de defensa comercial, salvaguardas, medidas antidumping y derechos compensatorios contra subsidios a las exportaciones. Esta postura antinacional del gobierno Santos llevará a la ruina dentro de poco a productores de fríjol, cebolla, maíz, banano y muchos otros productos. Pero esto será tema de futuros análisis.
