Un siniestro proyecto de la extrema derecha para hacer trizas el acuerdo de paz
El acuerdo entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango para proponer un candidato presidencial hacia las elecciones de 2018 que haga trizas el Acuerdo Final de La Habana, “es una alianza maquiavélica para la guerra”, como la definió el también expresidente Ernesto Samper Pizano, quien a la vez propuso que las fuerzas de la paz promovieran una candidatura que defienda los acuerdos de La Habana y despeje el camino hacia la paz estable y duradera. En el mismo sentido, se pronunciaron en la instalación del VI Congreso de la Unión Patriótica, dirigentes como Aída Avella, presidenta de la UP, Jaime Caycedo, Secretario General del PCC, Andrés París de las FARC-EP, Francisco Toloza de Voces de Paz, Piedad Córdoba de Poder Ciudadano, Claudia López del Partido Verde, Gustavo Petro y Clara López Obregón, entre otros.
Y no es para menos la calificación que hace Ernesto Samper. Estos dos personajes, unidos a la caverna colombiana, adelantaron la campaña sensacionalista y amarillista contra los acuerdos de paz, durante la etapa previa al plebiscito del 2 de octubre del año pasado, cuando por un estrecho margen el “No” superó al “Sí”, contrario a lo que indicaban todas las encuestas. La campaña de odio, montada sobre mentiras y argucias siniestras, para generar la ira en los electores, como lo reconoció el gerente de la campaña uribista Juan Carlos Vélez, fue casi que definitiva, sumada a las vacilaciones y a la incoherencia del Gobierno Nacional, para el primer traspiés que sufrió el proceso de refrendación e implementación del Acuerdo Final de La Habana, hasta el punto que llevó a decir a voceros de las FARC-EP que “este es más difícil que la negociación”.
Algunos se sorprendieron del acercamiento de Pastrana con Uribe, pues los dos habían sostenido durante los gobiernos de la “seguridad democrática”, agrias polémicas, porque Uribe Vélez criticó de forma severa los diálogos del Caguán, y Pastrana, en respuesta, calificó el gobierno de su sucesor como paramilitar y llegó a decir que “Uribe es el único colombiano que nunca le dio a Colombia la posibilidad de la paz”. Dijo que la lista al Senado del Centro Democrático “está contaminada” y cuestionó a José Obdulio Gaviria de integrar una familia de narcotraficantes. A su vez, Uribe atacó a Pastrana por “haberle entregado el país al terrorismo”. Según Uribe Vélez la “seguridad democrática” lo salvó de la hecatombe.
Unión para la guerra
Parecía imposible que se unieran en la cruzada guerrerista, pero el diablo los juntó. Uribe Vélez embriagado del odio visceral contra las FARC a las que juró acabar y nunca lo logró; y Pastrana saturado de resentimiento porque no consiguió el acuerdo de paz con las guerrillas de Marulanda a pesar del esfuerzo, que fracasó por su debilidad, su vacilación y su falta de entereza para enfrentar a los enemigos de la paz.
Los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez pusieron el énfasis en la guerra, la tierra arrasada bajo la égida de una política que denominó “seguridad democrática”. Así, en secreto, haya buscado acercarse a las FARC-EP en busca de diálogos de paz, como lo revelaron el autor de esta nota y el facilitador de paz, Henry Acosta. Fracasaron porque en realidad Uribe lo que quería era la guerra, el aplastamiento militar de la guerrilla y su apuesta por la paz fue ninguna. Daba luz verde para acercamientos, mientras buscaba la derrota militar y los desautorizaba por cualquier mínima razón. La esencia de la política uribista fue la guerra… y fracasó.
Andrés Pastrana hizo la campaña electoral y ganó las elecciones con la bandera de la paz. Abrió una esperanza para los colombianos convertida luego en frustración. En realidad la política de paz de Pastrana nunca despegó. La clase dominante colombiana no lo apoyó en su totalidad. Tampoco el gobierno de los Estados Unidos que le impuso el “Plan Colombia”, instrumento de guerra e intervención. Las FARC se llenaron de desconfianza porque dialogaban con el yunque del ambicioso plan de modernización de las Fuerzas Militares y por ende de mayor militarización de la vida nacional.
La debilidad de Pastrana
Pastrana no cohesionó a la clase dominante en favor de la paz, tampoco lo ha logrado, por cierto, el presidente Juan Manuel Santos. La oligarquía se une fácil para la guerra, pero no lo logra para la paz, porque es mezquina con las reformas democráticas y sociales que se requieren para consagrar la solución política y el acuerdo de paz.
Andrés Pastrana tuvo en contra a la cúpula militar. Esta de entrada se opuso al despeje del Caguán y le organizó una especie de asonada con la renuncia de la oficialidad media y del ministro de Defensa de la época, Rodrigo Lloreda. El mandatario fue obligado a comparecer en la base militar de Tolemaida, donde encerrado y presionado hizo varias concesiones, jamás divulgadas, pero sin duda la principal fue la preponderancia del “Plan Colombia” que empujó también a la guerrilla a buscar su fortalecimiento militar. El proceso de paz, a la sazón, se convirtió casi en una puja por lograr más fuerza y poderío militar, perdió su esencia política.
Para la época, durante la administración Pastrana, la llamada Comisión de Notables de la cual hizo parte el autor de esta nota, se reunió, en julio de 2001, con el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, y con el entonces comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora. Tapias se mostró conciliador y colaborador con la Comisión de Notables que tenía la tarea de hacer propuestas para agilizar el proceso de paz y combatir el paramilitarismo, pero Mora la atacó de forma abierta y grosera. Eso dio para una fuerte discusión con el insolente oficial. Informado el presidente de la gravedad del incidente, orientó que se reunieran Camilo Gómez y Angelino Garzón con Carlos Lozano en el apartamento del primero, porque en su despacho no había garantías por las “escuchas”. Pastrana era consciente que había micrófonos en la Casa de Nariño.
Estos episodios que podrían ser anecdóticos, no dejan de tener actualidad porque la etapa de implementación del Acuerdo Final de La Habana que cumple de manera estricta la guerrilla fariana, está atravesado de dificultades por el incumplimiento gubernamental. Demasiadas concesiones y debilidades frente a la extrema derecha belicista que abusa de la lamentable condición del gobierno santista, expresada en su debilidad, bajos niveles de aceptación ciudadana y precaria autoridad para garantizar que los poderes del Estado y las mayorías en el Congreso garanticen la aprobación del Acuerdo de La Habana. Este está sometido a una especie de renegociación permanente y a trampas gubernamentales en su implementación. De alguna manera las FARC están entrampadas, ellas cumplen pero la contraparte lo hace a medias. El Estado se unió para la guerra pero no para la paz.
La incertidumbre sigue en temas cruciales: no hay seguridad jurídica, seguridad personal ni seguridad social y económica. Las FARC han cumplido, el Estado debe hacerlo también. A la espera están los proyectos de reformas políticas y sociales, el Acuerdo debe cumplirse, es un Tratado de Paz. Es la obligación del Gobierno y del Estado, la paz es un bien supremo. Así de sencillo.
