En esta discusión es cuestionable si la directriz del comandante del Ejército configura una nueva “narrativa nacional”, o se trata de un típico ejercicio de “solidaridad de cuerpo”, para torcer el curso de los hechos y desdibujar la verdad histórica
Alberto Acevedo
La semana pasada, el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, estuvo de nuevo en el ojo del huracán, esta vez por una nueva circular a sus subalternos, jefes de brigada y comandantes de división, instándolos para que se coordinen en sus versiones ante los diferentes mecanismos de la justicia especial de paz, nacida de los acuerdos de La Habana.
También en esta ocasión la controversia se origina en una nota de prensa internacional, en la que se revelan instructivos non sanctos a sus subalternos. Se trata una publicación del rotativo español El País, mostrando el contenido de un documento de 15 páginas, bajo el rótulo “restringido”, mediante el cual el jefe castrense explica en detalle su estrategia para la construcción de una “narrativa institucional” en la comparecencia de sus subordinados ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV.
La estrategia del general Nicacio plantea que, una vez suscritos los acuerdos de paz y acallados los fusiles, el escenario de confrotación es otro, el de la memoria histórica. Se trata de imponer, frente a la verdad histórica, la verdad verdadera, la versión militar de lo que pasó en el último medio siglo.
Se victimiza
Alega en su favor el comandante del ejército que “es indispensable garantizar la legitimidad de la institución” y que, para ello, los espacios de la justicia transicional son esenciales. “La participación del Ejército nacional en la CEV es un recurso estratégico de cara a los procesos del posconflicto”.
“La participación activa y coordenada de los miembros del Ejército Nacional en la CEV le permitirá posicionar culturalmente el papel que ha jugado en la construcción de la paz en Colombia”, dice el documento del general Martínez. Y delinea uno de los objetivos centrales de su estrategia. Convencer al país y a los órganos de justicia transicional, que la institución armada no sólo fue actora, sino víctima del conflicto. Los pájaros tirándole a las escopetas.
Lo primero que salta a la vista, es que la institución armada del Estado tiene una estrategia, hecho que contrasta con la ausencia de una semejante por parte de otros actores del conflicto o de organizaciones defensoras de víctimas o de derechos humanos.
Pero muestra además que el general Martínez y sus estrategas tienen plena conciencia de que las instancias de justicia transicional son escenario de un nuevo campo de batalla, donde se disputa no solo la verdad judicial, la verdad histórica sino la verdad castrense. Saben que es un escenario donde se juega la definición de un conflicto que aún no termina.
El alto mando militar tiene una larga experiencia en materia de coordinar sus versiones. Lo hizo cuanto la retoma del Palacio de Justicia. El oficial que marchaba al frente de los tanques que causaron la matanza, dijo en una célebre frase: “Aquí defendiendo la democracia, maestro” Se coordinaron frente a la Operación Orión, en Medellín, con elevado saldo de muertos y desaparecidos. Lo hicieron frente al caso de los falsos positivos, denunciados por las madres de Soacha.
Una coordinación de sus versiones ocurrió cuando la matanza de Bojayá, cuando el teatro de operaciones militares se trasladó a los caseríos, violando el principio de distinción que plantea el Derecho Internacional Humanitario, y frente a la respuesta de la insurgencia, le imputaron a esta la toda la responsabilidad de los hechos y el ejército apareció como víctima. Es el ejemplo que quiere generalizar el general Nicacio Martínez.
Doctrinas de guerra, no de paz
Nada de hablar de los falsos positivos, de la corrupción en la institución, de la doctrina del “enemigo interno”, del accionar de los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte que, como la hidra, extienden sus tentáculos hasta los cuarteles de las guarniciones militares. Menos una discusión nacional en torno a la formación de los cuadros militares en la Escuela de las Américas, en el espíritu de la doctrina de la “seguridad nacional”, que es una doctrina de guerra, o los acuerdos con el Comando Sur de los Estados Unidos, o la subordinación que se pretende de la institución armada a los postulados intervencionistas e injerencistas de la OTAN en el escenario internacional.
Entonces hay que preguntarse, en esta discusión, si la directriz del comandante del Ejército configura una nueva “narrativa nacional”, cuestionable en sí misma, o se trata de un típico ejercicio de “solidaridad de cuerpo”, para torcer el curso de los hechos, desdibujar la verdad histórica y justificar la idea de que el Ejército es víctima del conflicto. En las prácticas forenses, hay un evento desafortunado que nunca debe suceder. Es lo que los peritos llaman la alteración de la escena del crimen. Es tanto como borrar todas las evidencias de los hechos para justificar su impunidad. Se podría deducir que es lo que pretende el general Martínez en esta ocasión.
Hablan los oficiales en retiro
Dos hechos al margen de esta discusión, deberían llamar a la reflexión. Uno, que al cierre de esta nota periodística, se reveló un nuevo informe de la Fiscalía que da cuenta que este lunes, otros 14 militares deberán responder por diferentes hechos de corrupción, por cambiar fechas de vinculación a la institución de al menos 500 oficiales, para adelantar su retiro con beneficios y su pensión de jubilación. Se les han imputado cargos por concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. Un buen ejemplo de que se saben concertar en sus actuaciones.
El otro hecho, es la carta que un grupo de altos oficiales en retiro de las diferentes ramas de las Fuerzas Militares, dirigieron hace pocos días al general Nicacio Martínez, reprobando la corruptela y reclamando un cambio institucional. La nota la encabeza el excomandante del Ejército y exministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina.
En estos momentos, dice la nota, las Fuerzas “se ven mancilladas por lamentables, evidentes y desafortunados hechos que, aun siendo aislados, gravitan profundamente el alma de la institución y afectan la integridad de la moral”. Se trata de “reprochables conductas de algunos miembros del Ejército” que han generado “enorme desilusión y conmoción”.
Plantean los oficiales en retiro que “el honor institucional debe restituirse”, tomar correctivos efectivos y contundentes y advierten que “el comandante que así actúe, no debe portar el uniforme de la patria y no es posible su pertenencia a la institución”. Obviamente, no hace alusión esta afirmación al comportamiento del comandante del Ejército.
