Paramilitares amenazan con asesinar a integrantes del nuevo partido FARC y volar sus sedes. Comunidad internacional espera que la vida e integridad física de esta agrupación, sea protegida por el Estado como se aseguró en el acuerdo de paz
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
El pasado 16 de enero los medios nacionales reflejaron las amenazas de que ha sido víctima el nuevo partido, Fuerza del Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Una de esas amenazas tenía que ver con el panfleto que el Clan del Golfo, hizo llegar a esta agrupación en donde amenazan con volar la sede de la FARC en el Valle del Cauca. Dicho panfleto fue encontrado el lunes 15 de enero en su sede política, según la denuncia éste estaría firmado por el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ACG, desde donde el Clan del Golfo, reanudó acciones criminales en la región.
Amenazas cumplidas
En el panfleto aseguran que dan por terminada la tregua de fin de año y que reanudarán sus “acciones militares y terroristas”. Además de afirmar que, “les vamos a volar esas sedes que utilizan como fachada para delinquir. Anunciamos más muertes (…) Ese cuento de la paz ya nadie se lo cree”. Esta situación ha cobrado gran preocupación, no solo en la FARC, sino en el conjunto del movimiento social, quien también se encuentra en la mira de los enemigos de la paz.
Una semana después de recibidas las amenazas, esta colectividad política denunció públicamente que, en la capital, una de sus integrantes, Leydy Johana Poblador, fue agredida por dos hombres encapuchados que portaban subametralladoras y que se movilizaban en un carro negro sin placas en la localidad de Ciudad Bolívar. La mujer comenta que fue el 21 de enero cuando se presentó el ataque, “ese día domingo fui agredida por tres personas, dos hombres y una mujer, a las once y media de la noche. Me golpearon brutalmente y me mostraron fotos de compañeros, tendría que decir bastantes y me pegaban, me decían un montón de cosas y me soltaron no sé cómo”.
Días después, el 24 de enero se denuncia un nuevo ataque, esta vez contra una de las sedes de FARC. En esta ocasión se referían a su sede ubicada en el Barrio Chamblum, en Quibdó, capital del departamento de Chocó. En la denuncia relatan que algunos de sus integrantes fueron “sometidos, ultrajados, reducidos en la parte trasera de nuestra sede y luego intimidados por los delincuentes, para que entregaran sus pertenencias, las cuales les fueron hurtadas”.
Las garantías
Como parte de un plan sistemático, el día 25 de enero la FARC, denuncia nuevas amenazas contra dos de sus militantes en Antioquia. En un comunicado público, señalan que Aracely Cañaveral y Wilson López recibieron cartas firmadas por ese grupo criminal en las que los declararon “objetivo militar”. Igualmente señalan, que observan con “preocupación que lleguen estas amenazas a nuestros militantes tratando de atemorizarlos y poniendo en riesgo sus vidas. El Gobierno nacional es responsable de lo que pueda ocurrir con la vida de Aracely, Wilson y demás afiliados al partido”. Al mismo tiempo exigieron que el Gobierno cumpla con “el desmonte de las estructuras paramilitares”, como parte de los puntos acordados en la mesa de La Habana.
Las constantes amenazas a la FARC, se suman a los asesinatos selectivos de sus integrantes y de la persecución y muerte de cientos de líderes sociales que generan preocupación en defensores de derechos humanos en todo el país. Organizaciones sociales han solicitado acciones por parte del Gobierno, que se investigue y judicialice a los responsables de estos hechos, así como también que se desmantelen las bandas paramilitares que vienen generando terror en cada rincón del país.
Ya desde inicios del mes de enero, la comunidad internacional expresó su preocupación por el estado del proceso de paz. Cuba y Noruega, como países garantes de la Mesa de Conversaciones, dirigieron una carta a las Partes para expresar su preocupación sobre el estado actual del proceso de paz, y hacer un llamado sobre la necesidad de agilizar la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final. Por su parte, la oficina de la ONU, reflexionó sobre la aguda crisis de derechos humanos y llamó al Gobierno a agilizar las investigaciones y la protección debida a todos los integrantes del común.
