Enemigos del proceso de paz hostigan a dirigentes políticos y defensores de derechos humanos. Gobierno niega la existencia de paramilitares detrás de amenazas
Hernán Camacho
A una semana de iniciar una nueva ronda de diálogos en La Habana entre las delegaciones de paz de las FARC-EP y el gobierno nacional, se conocieron varias amenazas a defensores de derechos humanos y personalidades políticas en todo el país. Entre esas amenazas llamaron la atención la de dos mujeres jugadas por la solución política al conflicto. Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde; y la ex senadora y vocera de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba; quienes también hacen parte del Frente Amplio por la Paz.
“Aquí hay una acción coordinada para hacernos desistir de la tarea de la paz”, fueron las primeras reacciones de la ex senadora Piedad Córdoba, luego de conocerse las amenazas en su contra, que advierten la existencia de un plan orquestado por la extrema derecha y los enemigos de la paz con el objetivo de dar al traste con las conversaciones que se adelantan en La Habana. “Nosotros le estamos prestando poca atención a lo que se está consolidando y es la intención de la ultraderecha diluir la posibilidad de la paz desde que las partes, en La Habana, tomaron la decisión de ir en esa dirección. No son solamente las Águilas Negras, aquí hay un grupo muy grande con acciones coordinadas”.
Niegan existencia de paramilitares
No es nueva la fórmula de amedrentar ante un gesto de paz o un avance en el proceso. Desde el inicio de las conversaciones se han intensificado las amenazas sobre quienes han manifestado su apoyo a la terminación negociada del conflicto y sobre los dirigentes regionales que hacen presencia en los escenarios álgidos de la guerra. Sucedió con la comisión de sesenta víctimas que asistieron a la mesa de La Habana; en cada uno de sus cinco viajes el común denominador fueron los hostigamientos recibidos al pisar tierra colombiana.
Lo novedoso está en que el gobierno nacional con su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, niega la existencia de los grupos paramilitares, descalificando la autenticidad y autoría de las amenazas que en algunos casos ya pasaron a los hechos. El caso más reciente es el denunciado en la Costa Atlántica, en donde el grupo paramilitar denominado Las Águilas Negras señala como objetivo militar a 37 personas entre dirigentes sociales, populares y defensores de derechos humanos.
Y es que la propia Defensoría del Pueblo, en el mes de noviembre del pasado año, alertó la presencia paramilitar en 27 departamentos del país, incluidas sus principales ciudades: Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Santa Marta, Sincelejo, Pasto, Quibdó, entre otras. En total son 168 municipios de Colombia en los que la Defensoría activó el Sistema de Alertas Tempranas por patrullajes, homicidio, tráfico de drogas, violaciones, y reclutamiento de menores perpetrados por paramilitares.
Según Jorge Armando Otálora, jefe de la entidad, se ha identificado que en “los campos, estas organizaciones ilegales aparecen con uniformes, armas de corto y largo alcance, y en algunos casos tienen sus propias jerarquías claramente definidas. En el perímetro urbano, en cambio, actúan en pequeños grupos vestidos de civil y se movilizan en camionetas o motocicletas, según el nivel al que pertenezcan dentro de la estructura”.
De manera que la presencia paramilitar es en todo el país y el gobierno no puede pasar por alto esta realidad. Para la Defensoría del Pueblo los paramilitares identificados tienen asiento en el 15% del país: Autodefensas Gaitanistas, que en algunas regiones son El Clan Úsuga, Los Rastrojos, El Ejército Anti Restitución, El Erpac, La Empresa, con presencia en la capital antioqueña; los llamados bloques Meta y Libertadores del Vichada, La Oficina de Envigado, las Águilas Negras y Los Paisas. Todos los grupos con jerarquía militar y política.
Concesiones al militarismo
Con esto el Ejecutivo hace una nueva concesión al militarismo y a la extrema derecha. Negar la existencia de grupos paramilitares que actúan contra la paz y contra procesos como los de restitución de tierras es darle vía libre a los planes desestabilizadores que la congresista Robledo le exige investigar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación: “Hemos recibido llamadas de solidaridad del ministro del Interior, del Alto Consejero para las Víctimas, Guillermo Rivera, y del propio presidente Santos, pero queremos acciones concretas para que le pongan rostro a las amenazas”, reclamó Robledo.
Solidaridad
El Frente Amplio por la Paz, a cargo de la verificación de la tregua unilateral indefinida anunciada por la insurgencia, rechazó las amenazas y reiteró que el acuerdo para la terminación del conflicto es una posibilidad real pero los momentos venideros son de mayor dificultad por la intensidad de las amenazas de los enemigos del proceso.
“Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al aumento de persecuciones y amenazas dirigidas a los líderes sociales, políticos y comunitarios que trabajan por los derechos humanos, la paz y la reconciliación nacional, entre ellos Piedad Córdoba, María Ángela Robledo, Iván Cepeda, Agustín Jiménez, así como la persecución de que son objeto los compañeros Miguel Ángel Beltrán, Liliany Obando, y líderes de las organizaciones sociales y políticas que hacen parte del Frente Amplio en las regiones y son hostigados y señalados por los enemigos del actual proceso de paz”.
“Estos grupos no pueden seguir actuando contra los sectores que apoyan los diálogos sin que el Gobierno Nacional tome las medidas correspondientes para protegerlos y perseguir a los responsables de estas amenazas y ataques contra la paz y la reconciliación que con tanta urgencia necesitamos todos en Colombia”.
En ese sentido se pronunció el senador del Polo Democrático Alberto Castilla, quien rechazó las acusaciones de los grupos paramilitares, sus aliados, auxiliadores o simpatizantes, con las que “pretenden intimidar e inmovilizar a los dirigentes sociales y políticos que han venido denunciando la violación de derechos humanos, construyendo apuestas para una Colombia con justicia social y la búsqueda de una verdadera y duradera paz con cambios”, indicó. Además extendió un llamado de unidad a los sectores sociales para detener el derramando de sangre por parte de los interesados en la continuidad de la guerra.
Está en manos del gobierno nacional preservar la vida de los dirigentes políticos y defensores de derechos humanos amenazados, pero además, detener los planes desestabilizadores que rodean el proceso de paz, así como aislar las posiciones ultraderechistas que al interior del gobierno siguen atizando la ruptura de las conversaciones como parte del plan sistemático para negarle al país la posibilidad de la firma de los acuerdos.
