En al menos una docena de países de América Latina y el Caribe, en el marco de supuestas medidas sanitarias para combatir el coronavirus, tropas del ejército y la policía fueron desplegadas para imponer normas de confinamiento, que en realidad solo se hicieron efectivas en los barrios de población mayoritariamente pobre y de trabajadores informales.
Durante estos tiempos de confinamiento, las Fuerzas Armadas de América Latina han desempeñado, y continúan desempeñando funciones esenciales de tipo sanitario. Fabrican equipos de protección, entregan alimentos, atienden a civiles en sus hospitales y en general suplen la ausencia de una infraestructura sanitaria acorde con las emergencias del contagio.
En Colombia, hace dos semanas, el ejército asumió funciones humanitarias ante la tragedia que azotó a las islas de San Andrés y Providencia. Y cuando la opinión pública conocía nuevos hechos de corrupción en las fuerzas armadas, descubrimiento de fosas comunes y de falsos positivos que comprometen al alto mando militar, la televisión repetía las imágenes de soldados distribuyendo víveres, o llevando orquestas de la policía a barrios deprimidos o poniendo vacunas.
Comisiones nacionales contra la corrupción fueron suspendidas por los gobiernos de Guatemala y Honduras en plena pandemia, con el respaldo del ejército. En El Salvador, el presidente intimidó al congreso con la presencia del ejército. En Bolivia, antes del triunfo del MAS, el ejército fue utilizado para reprimir a sectores campesinos e indígenas y de la oposición.
Observadores temen que la militarización permanente de la sociedad haga parte de la ‘nueva normalidad’ en la que no pocos gobiernos utilizan a la fuerza armada para proveer servicios básicos y de paso controlar a la oposición. En el proceso de recomposición tras la pandemia, la democracia en América Latina sería solo de fachada, advierten analistas.
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