Cinco meses después del beneficio otorgado a los integrantes de las FARC que se encuentran en prisión, el Gobierno sigue sin cumplir lo acordado
Para cumplir con el compromiso de un censo nacional de las personas integrantes de las FARC-EP, que se encuentran recluidas en las cárceles colombianas, organizaciones como la Coalición Larga Vida a las Mariposas desde el 2015, viene apoyando la elaboración del censo nacional de esta población, en la que se ha contabilizado alrededor de cuatro mil prisioneros políticos.
De esta cifra, que fue entregada a la mesa de negociaciones de La Habana, las FARC han reconocido ante el Gobierno nacional a 2.736 prisioneros políticos como parte de esta organización. Por su parte el Alto Comisionado para la Paz, en su propio proceso de certificación, ha reconocido tan solo a 1.777, lo cual ha resultado engorroso para la misma guerrilla, pues ellos alegan que quienes conocen a sus tropas y a sus prisioneros son ellos mismos.
A la espera de que el gobierno cumpla
Iniciado el año, se esperaba que los amnistiados ya certificados pudieran salir de las cárceles, sin embargo, de enero a la fecha solo se han concedido 198 beneficios de ley, unas 138 amnistías. Lo que significa, que tras el mismo ejercicio de la burocracia interna el gobierno vuelve a incumplir lo pactado.
VOZ dialogó con July Henríquez, abogada y defensora de derechos humanos, y quien ha venido acompañando este proceso. La abogada comentó que, en esta última semana, después de un paro judicial que duró más de dos meses, se ha reactivado el procedimiento de liberación de prisioneros políticos en cumplimiento rogado de la ley 1820 de 2016. Según menciona, se refiere a un cumplimiento “rogado” porque “las libertades o concesiones de beneficios se han otorgado por petición de los abogados o de los mismos reclusos, no de oficio como debería ser. De esta manera, a la fecha, se han concedido alrededor de 242 beneficios, es decir, 142 amnistías, 28 libertades condicionadas, 72 traslados a zona veredal transitoria de normalización, estas cifras van variando cada día, ya que gota a gota los jueces y fiscales están resolviendo”.
Un proceso tortuoso
Asegura además, que “hay un cumplimiento parcial de lo acordado, toda vez que las FARC-EP reconoció 2.736 de sus integrantes en prisión política, quienes en teoría debieron ser liberados desde el 30 de diciembre de 2016”.
Para la abogada, este proceso ha sido muy tortuoso desde el punto de vista de las emociones, pues como ella misma afirma; son personas que tenían la expectativa de ser liberadas desde el 30 de diciembre del año pasado. Sin embargo, han transcurrido cinco meses a la espera de que el Gobierno cumpla sus compromisos conforme al acuerdo especial de paz, es decir, lo concerniente a la ley 1820 de 2016.
Tal y como lo menciona el beneficio otorgado a estos prisioneros y prisioneras, cada persona podrá decidir si desean ir o no a las zonas veredales. La figura obligatoria de traslado a Zona Veredal, solo se contempla para quienes tienen menos de cinco años en prisión. Igualmente, e independientemente del lugar a donde deseen ir, todas las personas, una vez en libertad, deben ser tenidas en cuenta en el plan de reincorporación y esto se hace a través del CNR.
Finalmente, la abogada argumenta que, tanto las personas que están en prisión como “sus abogados hemos tenido que lidiar con la negligencia judicial, ya que por falta de comprensión de los alcances de esta ley, jueces y fiscales han obstruido el acceso a los beneficios, en un primer momento omitiendo el deber de pronunciarse, luego negando beneficios caprichosamente y finalmente, en una flagrante violación a los términos de 10 días para resolver, se han apegado al reconocimiento y certificación por parte de la oficina del Alto Comisionado, restándole importancia a sus propios fallos condenatorios producidos en el marco de la aplicación del derecho penal del enemigo, donde hechos y delitos eran atribuidos folclóricamente a las FARC-EP, pero ahora no les parece suficiente”.
Es por esta razón, que pese a los meses transcurridos, aún se encuentran en las prisiones, 2.494 integrantes de las FARC-EP, a la espera del beneficio a que por ley tienen derecho. Esta razón, es la que llevó a la Coalición Larga Vida a las Mariposas, a solicitar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
