Mauricio Quiñones
En el marco del Paro Nacional, el Foro Internacional Hacia una agenda laboral y de ingresos alternativa para Colombia, se propone al país una agenda económica para disminuir la pobreza, que hoy tiene más de 21 millones de personas en condición precaria y a 7,4 millones en situación de pobreza extrema.
La Misión Alternativa de Empleo e Ingresos ha venido trabajando articuladamente desde 2020 de la mano de economistas, exministros, académicos y expertos del país, con el propósito de tener una radiografía que les permita encontrar soluciones ante una situación económica que atraviesa el país. Durante el Foro Internacional, que tuvo lugar el 5 y 6 de mayo, la organización le dio a conocer a la opinión pública una serie de propuestas que buscan enfrentar graves problemas sociales, como la pobreza y la desigualdad.
Algunos expertos han trabajado en una agenda económica, en la que han concertado varios puntos. Por un lado, Cecilia López, exministra de Agricultura y de Medio Ambiente y también exsenadora de la República, junto con Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical, organización que apoya esta iniciativa, coinciden en que el modelo neoliberal ha fallado profundamente y no responde a las necesidades básicas de los trabajadores.
En ese sentido, López señala que la desconexión de este falso liderazgo político ha ignorado a todos los sectores alternativos del país y no reconoce los graves problemas, más allá de la situación actual de violencia extrema contra el pueblo colombiano. “El Gobierno debe abrir el diálogo, no puede seguir basándose en un modelo que ha sido aplicado durante 30 años sin éxito. El dialogo debe dejar de ser un monólogo y establecerse como un hecho; la agenda minero-energética no pueden seguir rigiendo la economía, debido a que no genera empleo ni riqueza para el Estado”.
Frente a lo anterior, Ricardo Bonilla, director académico de la Misión Alternativa de Empleo, manifestó que se pretende abrir el camino para el diálogo constructivo con el Gobierno Nacional y buscar alternativas por medio de un plan en el que han trabajado distintos expertos desde el año pasado.
Propuesta para el cambio
Una estructura económica oligopólica tiene cooptado al Estado y le rinde pleitesía a los más poderosos, situación que ha dejado una economía quebrantada en la que los colombianos tienen serias dificultades para ahorrar, para invertir y para tener una estabilidad que le garantice el acceso a los productos y servicios básicos, razón por la cual no existe un verdadero crecimiento.
Todo esto, sumado a la crisis de desempleo constante y a un déficit fiscal recurrente, que no ha sido corregido hasta el momento por ninguna de las reformas tributarias, al contrario, estas agendas de tributación muchas veces han saqueado el bolsillo de la población de menores ingresos, porque los gobiernos de turno insisten en darle beneficios a las empresas con la excusa de aumentar los puestos de trabajo.
Los gobiernos que han administrado el país, según Bonilla, se han propuesto como meta reducir la pobreza, pero no han entrado de lleno en la profunda desigualdad que históricamente se ha sufrido, un aspecto fundamental para el desarrollo de la sociedad, porque si se evaluara esta condición, obligatoriamente tendría que hablarse de la concentración de las riquezas y del tema de la tierra. Dos grandes interrogantes que no han querido, ni siquiera han intentado responder los sectores políticos y económicos que han tenido el poder durante tanto tiempo.
La organización propone una serie de acciones para dejar de depender del modelo minero-energético, por medio de la cuarta revolución industrial: consolidar un acuerdo nacional que garantice la paz y termine con la guerra sucia; diversificar esa economía extractivista que no genera riqueza y tampoco puestos de trabajo; reconocer al campesino como productor, entendiendo que el 70% del PIB agropecuario lo genera esta población y el restante los grandes poseedores de tierras, quienes no hacen un buen uso de ellas en proporción a la cantidad que ostentan.
Además de lo anterior, también es importante entender que el Covid-19 cambió el panorama, razón por la cual es necesario adaptarse a una nueva normalidad, para ello hay que tener en cuenta que en medio de la emergencia las personas enfrentaron una difícil situación que dejó en evidencia una enorme brecha digital en la población colombiana. Las nuevas dinámicas laborales obligaron a muchos trabajadores a operar desde sus casas y a una gran proporción de ellos sin posibilidades de acceder a esta eventualidad remota, ya que no contaban con los recursos, ni las condiciones necesarias para hacerlo.
Una nueva agenda laboral
Los colombianos han visto como la clase política ha destruido las condiciones laborales por medio de reformas que precarizan la situación del trabajador, como lo hizo la Ley 50 de 1990, que con la excusa de que al rebajar los costos las empresas generarían más puestos de trabajo, se flexibilizaron los gastos de contratación y se permitieron los despidos.
Todas las reformas laborales buscaban, según la élite colombiana, generar más puestos de trabajo y lograr una formalización, sin embargo, los hechos muestran que la cantidad lograda fue demasiado insuficiente, de acuerdo con las facilidades que se le dieron al sector empresarial, porque desde 1994 hasta 2019, solo se crearon 1,7 millones de empleos, mientras que lo que sí creció en gran medida fue el trabajo por cuenta propia, ya que este aumentó hasta 5,8 millones en el mismo periodo, según los datos de la Gran Encuesta de Hogares hecha en 1994 en comparación con la de 2019, antes de que llegara el Covid-19. Y según estos datos, Colombia retrocedió más de una década por la pérdida de un millón de empleos a causa de la pandemia según el Gobierno de Duque.
Para mejorar esta situación laboral, la organización entiende que lo primero que se debe hacer, es aceptar que la reducción de costos no genera más empleos y comprender que el problema estructural recae en la incapacidad del modelo actual en diversificar la economía, y a partir de esto, evaluar el tema de la informalidad, los contratos de prestación de servicios y el mundo rural como una pieza fundamental, ya que en el campo la tasa de desempleo es la más baja, pero el problema es lo poco que ganan los trabajadores y la pobreza que se genera a raíz de estos bajos ingresos.
Además de lo anterior, también se proponen acciones concretas, como reformar la ley 80 de 1992 y 142 de 1994 para que haya políticas de inclusión de la clase popular; evaluar el aporte de las mujeres con el fin de redistribuir las cargas laborales y dejar de lado las barreras de acceso, rompiendo también el estigma social y reconocer la economía del cuidado y del trabajo no remunerado por parte de la población femenina; y tener en cuenta también a la juventud, eliminando por completo el servicio militar obligatorio, permitirle a los jóvenes acceder a la educación pública superior y fomentar la práctica de las pasantías remuneradas en las empresas.
Para llevar a cabo todas las propuestas mencionadas anteriormente, la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos ha formulado una serie de acciones que representarían una mejora en términos económicos y de esta manera aportarle beneficios al pueblo colombiano:
- Consolidar un acuerdo nacional de compromiso por la paz
- Diversificar la estructura productiva y superar el rentismo
- Fomentar la economía campesina y la soberanía alimentaria
- Financiar de manera justa y equitativa al Estado, con progresividad
- Poner en pie de igualdad la economía popular con la oligopólica
- Mejorar productividad depurando activos y corrigiendo la medición
- Eliminar la discriminación de género y remunerar el trabajo de las mujeres
- Garantizar el derecho de asociación y libertad sindical
- El sistema de salud, que ya financia el Estado, hay que convertirlo en preventivo
- Construir un verdadero piso de protección social sin subsidios a los altos ingresos
