Colombia vive los efectos de la pandemia más letal que ha conocido la humanidad y por efecto de la inoperancia del Gobierno Duque se han multiplicado los infectados y fallecidos. A lo anterior se suma la permanente violación de los derechos humanos, los atropellos de la policía contra los ciudadanos para impedir su derecho a la protesta y el saboteo permanente del proceso de paz. Todos estos hechos han conducido al país a una de sus peores crisis.
La tasa del desempleo ha crecido desde el inicio del gobierno, y en el periodo de pandemia ha estado por el rango del 17% (DANE, ago. 2020), incluso en algunas ciudades llega al 19%. Lamentablemente, las mujeres y los jóvenes están en peores condiciones, soportan el 21,7% y el 27,9%, respectivamente. A este panorama, se suma la tasa de informalidad en los territorios rurales, que es del 86%. La pobreza aumenta de manera exponencial, los datos del DANE muestran que el 63,8% de los ciudadanos colombianos ganan el salario mínimo y de los informales un 48,6% tienen ingresos inferiores al salario mínimo.
La estrategia de bajar los impuestos a los más ricos (9 billones de pesos) y otorgar apoyos financieros para generar empleo, son un fracaso. Las políticas de apoyo preferencial a los más grandes empresarios dejaron desamparadas a las empresas pequeñas y medianas con el resultado previsible de que 37.000 empresas pequeñas y medianas fueran a la quiebra (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020), lo que obligó a despedir los empleados. Los resultados de estas estrategias del gobierno dan como resultado la disminución de los trabajadores (hombres y mujeres) en la economía formal y se incrementa la informalidad y la pauperización de la población.
El panorama se agrava con la reciente propuesta del Centro Democrático, partido de gobierno, que busca reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral, bajo un discurso mentiroso. La reforma es lesiva, ya que puede reducir el ingreso salarial, no reconocen los pagos de recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni tendrá en cuenta temas como incapacidades o ausentismos justificados. El objetivo es aumentar la productividad por horas, sin tener en cuenta la estabilidad y garantías laborales.
Lo que se desprende del balance, es que Duque y el uribismo no deben seguir gobernando, deben ser sustituidos. La iniciativa del referendo Chao Duque, es un instrumento democrático de la lucha política que busca canalizar el descontento y rechazo de la ciudadanía, por la hecatombe que han provocado el presidente y el uribismo, reforzando la idea de que es necesario un cambio político en el país. También permite erigir una barrera de contención del referendo uribista, que mediante engaños y el populismo ofrece los bonos de ingresos solidarios, lo que muestra el ardid de manipular las necesidades de la gente, reafirmar el individualismo y deteriorar el sindicalismo.
Además, no soluciona los problemas estructurales y su intención es perpetuarse en el poder, poner la justicia a su servicio, derogar la JEP, reducir el Congreso de la república para manipularlo, en conclusión, el referendo uribista es un plan para consolidar la antidemocracia en Colombia.
Debemos avanzar en la construcción de los comités del referendo Chao Duque en todo el territorio nacional, cuya esencia principal debe caracterizarse por la vinculación amplia, popular y diversa de la sociedad, sus organizaciones y de la ciudadanía inconforme. La meta es recoger más de 1.800.000 firmas, lo que implica desde ya realizar los planes necesarios para lograrlo y sabemos existen los argumentos movilizadores para ello.
La táctica está en articular la inconformidad, la movilización y los diferentes sectores democráticos, en la perspectiva de conquistar un cambio político. El referendo Chao Duque, tiene el objetivo de potenciar la construcción de un gran bloque de convergencia, para avanzar en las próximas elecciones del 2022, con un programa unitario que recoja las propuestas de cambios al modelo económico, garantizar los derechos sociales (salud, vivienda, educación); aprobar un estatuto del trabajo que haga efectivo el derecho a usufructuar el empleo, mejores condiciones laborales y garantizar un salario que permita vivir en condiciones óptimas.
Liberar la economía campesina del vasallaje del terrateniente; implementar el tránsito de los combustibles fósiles a las energías renovables; cambios al régimen político; reforma electoral; derechos de verdad justicia, reparación y no repetición; cumplimiento de los Acuerdos de paz y plantear iniciativas que conduzcan a nuevos acuerdos de paz con otras organizaciones políticas en armas, entre otros puntos.
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