El gobierno de Iván Duque ha provocado una profunda crisis política, social y económica en el país. Después de siete meses de declarada la emergencia social, económica y ambiental por la pandemia de la covid-19, ha expedido aproximadamente 164 decretos, caracterizados todos por beneficiar al sector financiero y a las grandes corporaciones trasnacionales, negando el apoyo a la mayoría de la ciudadanía afectada económicamente. A esto se suma que por su incompetencia se ha expandido catastróficamente la pandemia en todo el territorio nacional.
El contenido de los decretos es lesivo a los intereses y necesidades populares, como se ve en el 1174, con el cual pretende imponer una reforma laboral que cercena los derechos y prestaciones sociales, precariza más el salario y la estabilidad laboral de miles de hombres y mujeres vinculados a la producción de riqueza, inequitativamente distribuida. Se ha conocido también la reforma que camina en el Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley 010 del 2020 impulsado por las bancadas de la coalición de gobierno, que busca socabar más el sistema general de seguridad social de la salud, al reglamentar la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015.
Son reformas que engañan a la ciudadanía diciendo, por ejemplo, que suprimirán las EPS, pero sólo cambiarán de nombre por Aseguradoras de Salud. Lo que está en el fondo es el desmantelamiento de los regímenes especiales de salud conquistados por los trabajadores de sectores como el petrolero, el magisterio y profesores universitarios del sector público.
Ante el aumento del desempleo en un 25% (DANE), con cifras del 30% en algunas de las ciudades capitales como Neiva e Ibagué, los despidos masivos, los cierres de empresas pequeñas y medianas por insolvencia (aproximadamente 7 billones de pesos según la Supersociedades), el deterioro económico del comercio de los barrios populares, deja muchas familias sin ingresos y endeudadas. La respuesta del Gobierno se da a través del presidente del Departamento Nacional para la Prosperidad (DNP) quien alista más decretos para pauperizar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos.
Este Gobierno, aprovechando las dificultades económicas generadas por la pandemia y el manejo económico precedente, cuando se disminuyeron los ingresos del Estado al reducir los impuestos a las grandes empresas, se plantea la posibilidad de vender algunas empresas públicas como Ecopetrol, ISA, etc. Pero la experiencia de venta de entes públicos enseña que más que ventas son remates a precios irrisorios, como sucedió con Colpuertos. La presión social debe impedir que se malvendan estos bienes.
Para evitarlo se deben aumentar los impuestos a grandes empresas, reversar la reducción de impuestos anteriores, incrementar los impuestos a las mineras, elevarlos a los artículos suntuarios. Se puede acudir a préstamos al Banco de la República a interés cero o próximo a cero. Recuérdese que a los bancos privados le está prestando al 1,25 por ciento. Por otra parte, se pueden solicitar préstamos con la Banca Internacional, pero sin condiciones que comprometan la autonomía del Estado para construir soberanamente su política económica.
Ante tantos desaciertos del Gobierno y tantas políticas que incrementan la desigualdad y buscan aumentar la inestabilidad laboral y facilitar los despidos de los obreros y empleados. Frente a la incapacidad para detener las masacres y asesinatos de líderes sociales. Ante su impotencia para evitar los desafueros de las Fuerzas Armadas y su oposición a reformar la Policía. Además, el presidente Iván Duque se muestra indiferente a las repetidas peticiones de los indígenas. Por todas estas falencias desde finales del año pasado se ha hecho sentir nuevamente la movilización popular.
En este momento marcha imparable la minga indígena, ya arribó a Bogotá; en los puntos de entrada a la capital fue recibida con manifestaciones de apoyo. La renuencia de Iván Duque a dialogar con la minga creó condiciones para que el paro del miércoles 21 de octubre, por la vida, la paz, la democracia y la negociación del pliego de emergencia, se vea potenciado por la presencia de la rebeldía multicentenaria de los indígenas. Nunca tanta torpeza gubernamental fue tan positiva para la protesta popular.
La jornada cuenta con la valiosa participación de Fecode, que realizará 48 horas de paro. Es preciso fortalecer la unidad y la decisión de lucha que pueda integrar todas las potencialidades hacia una nueva correlación de fuerzas que transforme el actual panorama y siente las bases de un nuevo escenario democrático.
El uribismo no se ha percatado que ya sus mentiras no engañan a nadie, por eso han resultado inocuos los infundios sobre la infiltración de la minga por parte del ELN. El único ente infiltrado en Colombia es el Ejército Nacional por parte de las tropas norteamericanas que vienen a enseñarles a policías y soldados las mismas tácticas de violencia y muerte que le enseñaron al ejército de Afganistán país tomado por los marines gringos, para desgracia de su población
Pocas veces antes un llamamiento a la toma de las calles y al paro tenía tanta justificación, por eso el paro del 21 será tan masivo como el histórico paro de septiembre de 1977. ¡Enhorabuena!
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