Iván Duque ha intentado sabotear e impedir las movilizaciones organizadas por el Comité Nacional de Paro mediante la violenta represión de las manifestaciones, como consecuencia de estas acciones han asesinado 40 jóvenes, se han denunciado más de 300 desaparecidos y han sido ultrajadas muchas mujeres por los policías.
La ONU y 17 embajadores de la Unión Europea han expresado su apoyo a los manifestantes que hacen uso del derecho a la protesta social y han criticado la atención al Gobierno por la represión y el uso de armas de fuego contra los ciudadanos y han exigido que se utilice el diálogo como método para responder el petitorio del Comité Nacional de Paro presentado hace 11 meses.
Las amenazas con la conmoción interior, son una maniobra propia de un Gobierno enemigo de la paz, propenso a utilizar la manu militari y dispuesto siempre a recurrir a la violencia y a la violación de los derechos humanos. El reciente decreto 575 (28-may-2021), manifiesta claramente esta tendencia, su fin es sustituir el poder civil de los alcaldes y gobernadores, e imponer las Fueras Militares regionalmente, con todo el potencial peligro que esta determinación implica. Esta es la situación, del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Yumbo, Pasto, Ipiales, Popayán, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Con el argumento de superar la “alteración de la seguridad y la convivencia”, la estrategia del gobierno es golpear violentamente para debilitar al movimiento de paro, aislar los territorios o puntos de resistencia, y lo de fondo es no permitir que prospere el movimiento y propicie un cambio democrático que el país necesita con urgencia. No podemos descartar la posibilidad que la táctica de decretar el estado de conmoción interior sea la cobertura necesaria para justificar el aplazamiento de las elecciones en el 2022.
Es claro el chantaje que emplea Duque, al amenazar con la declaratoria del estado de conmoción interior para que cesen los bloqueos, y buscar una rendición del movimiento de paro. También acude a la dilación del análisis de preacuerdo anunciado por el CNP y firmado por sus funcionarios y posteriormente se niega a rubricarlo. Ante toda esta vergonzosa truculencia presidencial la movilización continua, y responde a las nuevas condiciones, con nuevos repertorios en las actividades masivas y con mayor contundencia.
La movilización debe ser potenciada para continuar triunfal, acompañada de iniciativas de alcances políticos amplios, se impone generar un diálogo con todos los sectores democráticos del país, que haga posible construir un Pacto social intersectorial, donde el CNP y demás dinámicas que hacen parte del movimiento de resistencia puedan llegar a diálogos con los sectores como el empresariado, algunos militares demócratas, la academia, el arte, los comunicadores, los llamados centroizquierdistas, en busca de una solución democrática a la crisis que padece toda la población.
El diálogo debe tener como objetivo impedir que se imponga el plan guerrerista del gobierno, que permita sumar fuerzas para derrotar el tránsito hacia el agujero negro del estado de conmoción interior, camuflaje aparentemente constitucional para un golpe de estado embozado e imponer tramposamente otro títere de extrema derecha en las elecciones del 2022.
Para el caso del sector empresarial (ANDI, ACOPI, FENALCO), este ha expresado estar dispuesto a pagar más impuestos y ayudar a la solución de la crisis, si se logra que distintos sectores se sumen a la exigencia al Gobierno de que negocie e implemente inmediatamente los compromisos que contenga el Acuerdo. La ONU y la Iglesia deben ser garantes de esos compromisos.
El Comité Nacional de Paro, los estudiantes, las mujeres agremiadas deben aprovechar la masividad y nivel de conciencia de este movimiento para convocar y organizar La Cumbre Nacional por la Democracia, con la finalidad de implementar la estrategia para demandar la derogatoria del Decreto 575 del 24 de mayo del presente año.
La Cumbre Nacional por la Democracia debe convertirse en un ente que impulse las investigaciones de las violaciones de la ley cometidas por las Fuerzas Armadas y los civiles apoyados por estas, acompañando y exigiendo que la Fiscalía asuma con prontitud las investigaciones de todas las denuncias de desaparecidos, homicidios, los atropellos y violaciones de las mujeres. Debe ocuparse también de elevar las denuncias de las violaciones de derechos humanos ante la CIDH y la Corte Penal Internacional.
La fortaleza y masividad del paro nacional debe convertirse en el punto de partida para iniciar la organización política de las juventudes rebeldes para que su acción se prolongue y culmine en una victoria de trascendencia democrática en las elecciones del 2022. Por estas razones es un imperativo impedir que el gobierno decrete la conmoción interna, que le facilita manipular las elecciones en favor de la nefasta extrema derecha uribista. Con unitaria combatividad lo podemos impedir. Empecemos ya.
