Sergio Salazar
@seansaga
Es conocido que al sistema capitalista son inherentes las crisis cíclicas, las cuales son aprovechadas para aumentar el control territorial y de los recursos naturales, la concentración de riqueza y favorecer los monopolios.
Esas crisis, se han vuelto más recurrentes e intensas en la fase de globalización neoliberal, gracias a la desregulación de los mercados y el favorecimiento de la especulación financiera. Cada salida de una crisis, alimenta una nueva ya que profundiza sus contradicciones.
En los debates actuales, se han vuelto a poner de relieve aspectos estructurales de esas crisis. Resaltamos los siguientes: i) la premisa de expansión del capitalismo y de acumulación de riqueza continuada en pocas manos se contradice con los límites físicos que imponen los recursos naturales de la Tierra; ii) esa contradicción del capital con los recursos naturales, como medio de producción, amenaza la existencia misma del sistema económico al reducirse cada vez más la base material que permita su reproducción y amenaza la misma vida; iii) ya están en marcha herramientas para “corregir” los efectos de la actual fase a partir de entre otras, el control social, la desregulación de la legislación ambiental, así como la implantación de “nuevos” paradigmas como el de la “economía circular”; iv) el agotamiento y contaminación de recursos naturales están modulando las vías por las que el gran capital interviene, directa o indirectamente, los territorios a lo largo y ancho del planeta para controlar y apropiarse de las materias primas.
Aquí, desarrollaremos uno de ellos, como el primer reflejo de salida de la actual crisis: la desregulación ambiental.
Señales del espejo: La administración Trump
Las agencias federales de Estados Unidos han avanzado en un proceso de desmonte de la legislación ambiental. Vuelve a tomar fuerza aquella premisa añeja en la que se conciben las normas ambientales como enemigas del progreso, y en la actual situación, se hace necesario flexibilizarlas para “reconstruir” la economía. La batería de cambios es larga, incluso aprovechando el tiempo de pandemia, entre ellas: mayor opacidad en la rendición de cuentas de los sectores productivos más contaminantes; flexibilización de los estándares de eficiencia energética en la industria automotriz; suspensión de regulaciones relacionadas con la contaminación del aire; eliminación de los requisitos de inspección para las terminales de gas natural licuado; acelerar la concesión de permisos para las piscifactorías en alta mar; ampliar margen de maniobra al gobierno en las restricciones ambientales a las centrales eléctricas; se está cambiando la forma en que se calcula el beneficio que supone que las centrales térmicas lleven a cabo controles periódicos del nivel de mercurio.
Hay una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental para desregular los requerimientos al sector de la aviación en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, GEI; ha incorporado en su consejo de asesores representantes de la industria y de los Estados con mayoría de su partido, y está en marcha el intento de modificar el criterio de evaluación, por parte de científicos, de nuevas medidas de protección de la salud. En definitiva, una clara deriva que favorece los intereses del gran capital, principalmente el asociado al sector energético.
Pero no todo es negativo. Hay 24 Estados (de los 50) que bajo la administración Trump han respondido, a su negacionismo del cambio climático, con una Alianza que pretende implementar medidas que contribuyan a la reducción de la emisión de GEI con la meta que para el 2025, se hayan reducido en 26-28 % las emisiones en comparación con las de 2005. Igualmente, los movimientos ambientalistas tienen una estrategia judicial sistemática denunciando legalmente las acciones de la administración Trump, y de los 110 pleitos, han ganado el 90%. También, el gran anuncio de la construcción del polémico oleducto de Keystone XL sufrió un revés judicial.
La administración Duque
Al igual que la administración de los Estados Unidos, el actual gobierno colombiano está implementando, o intentando implementar, una serie de medidas regresivas en los controles ambientales aplicando la premisa fundamental del neoliberalismo: la desregulación. La antesala la marcó una carta de 25 empresarios para abreviar las licencias ambientales y simplificar la consulta previa.
Como in primer paso, la administración de Duque, aprovechando la pandemia, atacó al corazón de instrumentos de participación ciudadana, como las audiencias públicas y la consulta previa, intentando virtualizarla para no detener los trámites, entre otros, de la vuelta a la lesiva fumigación con glifosato a pesar de su ineficiencia y de sus grandes impactos al ambiente y salud pública. Pero tal intento es un globo sonda, ya que el gobierno central sabe que tales instrumentos de participación tienen un amplio respaldo constitucional, pero es probablemente el allanamiento del camino para iniciar un proceso de desregulación de dichos instrumentos de participación ya que son considerados como un cortapisa de su modelo extractivista y de confianza inversionista del capital transnacional.
Hay que recordar que otro mecanismo de participación ciudadana, la consulta popular, que venía sirviendo de freno a ese modelo depredador en los territorios, ya había sido golpeado fuertemente vía Corte Constitucional en 2018. Recientemente, un nuevo fallo judicial podría abrir las puertas a la megaminería en el valle del Cocorá en Salentoponiendo una vez más las contradicciones entre la autonomía de los territorios locales para decidir sobre los usos del suelo y el monopolio del subsuelo por parte del Estado.
Una señal particular del régimen colombiano es, además de la acción, la omisión. Se mantiene la estrategia de negar el asesinato sistemático de líderes sociales, siendo los líderes ambientalistas un colectivo de los más vulnerables. Uno de los últimos casos, el del sociólogo Jorge Enrique Oramas, quien era reconocido por luchar contra la minería ilegal en los farallones de Cali. En jurisdicción del municipio de Dibulla, en La Guajira, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han denunciado la intervención con maquinaria pesada en los manglares y áreas aledañas a la desembocadura del río Ancho.
Tales lugares, además de ser sagrados y estar protegidos legalmente, son bienes públicos al ser elementos del paisaje correspondientes al cauce natural y la ronda hídrica del río Ancho. Tal intervención no puede ser realizada sin los respectivos trámites ambientales, a no ser que sean ilegales y el movimiento de máquina pesada haya pasado “desapercibido” a las autoridades, en momentos de movilidad restringida.
A pesar del anterior panorama, la resistencia organizada de los pueblos sigue siendo tenaz. Se siguen innovando las formas de resistir pacíficamente a la depredación ambiental y la amenaza a la existencia de las diferentes formas de vida en los territorios. Hay un viejo dicho popular colombiano para señalar que en situaciones de distracción, individual o colectiva, hay oportunistas que se aprovechan para sacar partido a su favor. Eso es, aprovechar el desorden. Así como lo hacen las élites en cada crisis, hay que “aprovechar el desorden” para acumular fuerzas desde la base popular para cambiar el actual estado de correlación, y empujar al cambio. Ese es el camino, el cual debemos fortalecer, desde las diferentes expresiones sociales y políticas que trabajan por el bien común.
