El gobierno argentino caracteriza a la deuda como ‘impagable’, pero la reconoce y legitima. Argumenta en su favor que se requiere una “reestructuración profunda”, estirando los plazos, reduciendo intereses y otras medidas de alivio
Ricardo Arenales
Las negociaciones con los tenedores de bonos de deuda pública y con el Fondo Monetario Internacional, en Argentina, se complican más de lo previsto, indican recientes despachos de prensa provenientes del país austral. El problema radica básicamente en que se han venido acumulando vencimientos de pago, sin que el gobierno pueda cumplir las obligaciones crediticias contraídas por la anterior administración de Mauricio Macri.
La deuda externa total de Argentina, incrementada en cuatro años anteriores de gobierno neoliberal, asciende a 323.127 millones de dólares, que representan el 95 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, de ese país. De esa cifra, al Fondo Monetario Internacional, FMI, se le adeudan 44 mil millones por un acuerdo suscrito en 2018. El 17 por ciento de esta deuda vence este año. El 62 por ciento de la deuda corresponde a bonos de deuda pública; el 14 por ciento al FMI, y el 9 por ciento está representado en Letras del Tesoro.
“Hoy la situación es crítica, la carga de la deuda no se puede sostener”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Durante una sesión parlamentaria reciente, el funcionario se refirió a lo que parece ser un círculo vicioso: “Hay voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que la asfixia”.
Nerviosismo
En estas condiciones, el gobierno caracteriza a la deuda como ‘impagable’, pero la reconoce y legitima. Argumenta en su favor que se requiere una “reestructuración profunda”, estirando los plazos, reduciendo intereses y otras medidas de alivio. El parlamento, con amplio apoyo de la oposición, aprobó en sesión extraordinaria un proyecto de ley de iniciativa del ejecutivo, para renegociar la deuda externa, buscando esas medidas de aliento.
En estas condiciones, el gobierno de Alberto Fernández, que antes de la autorización parlamentaria ya había iniciado contactos con los acreedores, se comprometió a que antes de que termine el presente mes de marzo presentará su oferta de reestructuración de la deuda pública. Los acreedores dispondrán de dos semanas para entregar una respuesta. Entre tanto, hay nerviosismo, el precio de los bonos cayó, el riesgo país subió, a lo que se suman la caída de las bolsas y las medidas de emergencia por el coronavirus.
Alberto Fernández aspira a que haya una fórmula de acuerdo antes del 31 de mayo, cuando cumple sus primeros cien días de gobierno, lo que implica una negociación a contra reloj. Esto es complejo, si se tiene en cuenta que los acreedores son organismos públicos, privados y multilaterales. Esto quiere decir que la deuda está mayoritariamente en carteras de fondos de inversión.
Presiones antinacionales
El FMI estaría dispuesto a posponer los vencimientos de términos a cambio de garantías de sustentabilidad en los compromisos de pago. Fuentes cercanas al organismo crediticio, sugieren que Argentina haga uso de un remanente de 11.000 millones de dólares del cupo de endeudamiento que se autorizó bajo el anterior gobierno. Pero ahora mismo está exigiendo que se abonen 10.000 millones a la deuda.
La opción que deja el FMI es la desbocada carrera de pagar intereses sobre intereses, o deuda sobre deuda, sin beneficio alguno para el pueblo. No hay tampoco garantía de que, a la vuelta de cuatro o cinco años, el país no vuelva a sumirse en una nueva crisis económica como la de ahora.
Los tenedores de bonos, por su parte, exigen al gobierno argentino pagar ahora mismo. De continuar esta presión, los acreedores en su conjunto empujarían al país a un default, es decir, al reconocimiento del gobierno de que la deuda existe, pero no la va a pagar porque no tiene capacidad para hacerlo.
El gobierno por su parte, podría declararse en default, lo que implicaría una opción menos dolorosa, puesto que puede decretar al mismo tiempo medidas de salvamento para evitar un caos económico generalizado y adoptar paliativos para salvaguarda de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pero todo parece caminar en dirección a que el cese de pagos es inminente, ya sea porque lo adopte el gobierno o porque se lo impongan los acreedores. Un camino o el otro, es cuestión de tiempo.
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