Revolución Bolivariana ganó 17 de 22 gobernaciones. La participación electoral fue mayor que en comicios anteriores, pese a que la oposición y la prensa internacional, pronosticaron abultada abstención. La opción Almagro-Santos, que alienta la intervención norteamericana en los asuntos internos de Venezuela, se estrelló contra la realidad democrática de ese país
Alberto Acevedo
Las fuerzas democráticas venezolanas, que encarnan la más pura tradición chavista y hacen esfuerzos por consolidar el proyecto de la revolución bolivariana, obtuvieron 17 de las 22 gobernaciones en disputa en las pasadas elecciones del 15 de octubre. El triunfo electoral es tanto más significativo porque se produce después de cuatro meses de violencia callejera de los sectores fascistas, que le apostaron a la caída de Nicolás Maduro, la derrota de la Asamblea Nacional Constituyente, y a última hora, a la idea de una abultada abstención, en un esfuerzo desesperado por deslegitimar el proceso electoral.
En una tercera gobernación, la del Estado Bolívar, estratégico centro industrial de la nación, hasta última hora, y al cierre de esta edición, las fuerzas políticas en contienda, tranzadas en un apretado conteo voto a voto, hacían esfuerzos cada una por quedarse con ese gobierno regional, convertido en preciado trofeo por una inusitada campaña mediática.
El resultado de las urnas constituye un triunfo para el chavismo, porque la jornada contó con una participación del 61.14 por ciento de los electores, en un país con una inflación considerada por analistas como la más elevada del mundo, donde los precios se duplican o triplican cada dos meses. Donde los artículos de la canasta familiar y las medicinas desaparecen de las estanterías. Donde la sociedad debió soportar cuatro meses de una verdadera guerra de posiciones en las calles de Caracas y otras ciudades, producto de las guarimbas criminales de la oposición fascista.
Dura ofensiva de la derecha
Como antesala de la jornada electoral, el gobierno de Nicolás Maduro fue sometido a un duro asedio por parte de fuerzas combinadas de la reacción nacional e internacional. Pocos son los antecedentes de una campaña tan feroz contra un gobierno, al que se acusa de dictatorial, y que paradójicamente se bate como león acorralado, para hacer valer los principios de la democracia, comenzando por el derecho inalienable de los ciudadanos a ejercer el derecho al voto, sin presiones externas.
En menos de dos semanas, la administración de Trump, en Estados Unidos, dispuso un nuevo paquete de sanciones económicas contra el gobierno bolivariano de Venezuela. En la OEA, a instancias del presidente de ese organismo y aprendiz de cipayo, Luis Almagro, se instaló un “poder judicial” paralelo, un remedo de Tribunal Supremo, integrado por elementos escogidos por la Asamblea Nacional en desacato, que por cierto, fue reemplazada por la Asamblea Nacional Constituyente.
En medio de esa ofensiva, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo circular la versión mentirosa de que las elecciones en Venezuela se daban sin una veeduría internacional, en un esfuerzo más por deslegitimar por anticipado la jornada. En realidad, como lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, fueron acreditados 1.240 observadores internacionales. Uno de ellos, por cierto, fue el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo Turriago.
Revés de la derecha
Ese ciclo de hostigamiento, en menos de dos semanas, se cierra con el anuncio de la exfiscal Luisa Ortega, de que tiene listo un expediente ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano, por violaciones a los derechos humanos. Mientras anunciaba también un dossier de acusaciones contra la administración Maduro, por posibles sobornos de la multinacional Odebrecht.
De otra parte, los partidos de la derecha, representados en la Mesa de Unidad Democrática, MUD, a pesar de que pasaron de tres a cinco gobernaciones, consiguieron un avance con sabor a derrota. Primero, porque su campaña estuvo antecedida de varios meses de violencia criminal, con la que buscaron derribar el gobierno de Maduro, y no lo lograron. Por el contrario este se legitimó, primero con la Asamblea Nacional Constituyente y después con los resultados de las urnas el pasado domingo.
Emprendieron una dura campaña contra la Asamblea Nacional Constituyente, primero buscando que la gente no participara en su escogencia mediante el voto popular. Después argumentando que era un organismo espurio e ilegítimo. Para la jornada del pasado domingo, levantaron el expediente de que habría una abrumadora abstención, indicativo de una elevada desilusión y apatía de los electores . El resultado fue lo contrario. La participación fue mayor aún que en jornadas electorales anteriores, en que la crisis económica no era tan profunda. Lo que indica por cierto, el elevado grado de madurez política de los electores, que a pesar de las afugias y el sufrimiento en sus hogares, identifican a los verdaderos responsables de la crisis: la burguesía venezolana.
Radicalizar el proceso
Por cierto, el presidente Juan Manuel Santos, fue uno de los mandatarios latinoamericanos que vaticinaron una abultaba abstención, la derrota del chavismo y el triunfo “democrático” de la derecha fascista. Esa que pudiéramos llamar la opción Almagro-Santos, también se estrelló contra una realidad electoral que muestra el fortalecimiento de un proyecto democrático, que los voceros de la caverna latinoamericana se empeñan en desconocer.
El presidente Maduro y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cada uno por su parte, reclamaron la vitalidad del proceso democrático venezolano. La MUD, como era de esperarse, y así lo había indicado con antelación, desconoció el resultado de las urnas.
Ahora lo que viene es avanzar en las reformas económicas y sociales, en la solución a los problemas que demandan los hogares venezolanos ante la crisis económica y social. El Gobierno tiene, no solo la Asamblea Nacional Constituyente sino un contundente resultado a su favor en las urnas. Hay que radicalizar el proceso revolucionario. Llamar al diálogo a los sectores de la oposición no comprometidos en acciones criminales y bandidescas, y cerrarles el paso a los terroristas alentados por la reacción internacional.
