La crisis económica, la paz, los derechos a la protesta social y el plan de vacunación masiva fueron los temas del control político al Gobierno nacional planteados por la senadora de la Unión Patriótica. De igual forma, se promovieron iniciativas parlamentarias para defender los intereses de la clase trabajadora
Prensa UP
Con las facultades de policía política para la Procuraduría y la burla del fallo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos al ejercicio político de la oposición, termina la tercera legislatura del Congreso de la República.
La crisis económica y el plan de vacunación masiva fueron los temas centrales del control político al Gobierno nacional ejercido por la senadora Aída Avella. La Unión Patriótica acompañó todas las iniciativas que la bancada de oposición presentó: fortalecer la salud pública en el país, garantizar la permanencia de la juventud en la educación superior con la matrícula cero, la renta básica, y proyectos de inversión pública para generar trabajo en medio de la crisis económica.
“Se elevó la voz ante las infamias económicas contra el pueblo colombiano. Pagar la deuda de la casi quebrada empresa panameña, Avianca, con recursos públicos mientras la gente necesita una renta básica en difíciles momentos económicos, no tenía presentación, así el Gobierno presentara el regalo como un empréstito”, expresó Aída Avella en la plenaria del Senado el 11 de septiembre del año 2020.
El partido de Gobierno hundió en plenaria de ambas cámaras, las iniciativas que permitían salvar las empresas colombianas que generaran el 80% de los puestos de trabajo e impulsó la reforma a la salud para darle más ganancias a los dueños de las EPS.
Oposición al manejo de la crisis sanitaria
De igual forma, se adelantó el debate de control político a todos los ministros y sus planes de atención en el marco de la pandemia por el covid-19. Al Ministerio de Salud se le reclamó un plan de contención ante los picos del virus con el fin de reducir la mortalidad, y garantizar la atención en salud a todos los contagiados. La senadora Aída Avella votó no a la reforma 010, se le pidió que el modelo de atención en salud fuera asumido por el Gobierno como medida para fortalecer el sistema público ante la urgencia de infraestructura y Unidades de Cuidado Intensivo.
La movilización social trae buenos resultados: se hundió el proyecto de ley 010#ParoNacional19M pic.twitter.com/JbYSkBvW83
— Aída Avella E (@AidaAvellaE) May 19, 2021
Así las cosas, el Gobierno nacional prefirió comprar armas para el Esmad, alistar un rubro de 15 mil millones de pesos en municiones usadas para evitar la manifestación de la ciudadanía, mientras en la calle se reclama que las medidas de cuarentena estuvieran acompañadas de mínimos vitales como la no suspensión de servicios públicos y una renta mensual que le permita a la gente asumir confinamientos con garantías.
No lo hicieron y por el contrario diseñaron un plan de salud en función de la ganancia tanto en el tratamiento del covid-19 como en la toma de muestras, al mismo tiempo que alistaron un plan militar en contra de la protesta social.
Masacres en Colombia
La senadora de la Unión Patriótica llevó al parlamento al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que respondiera por la masacre de Bogotá ocurrida el día 9 de septiembre del 2020. Se reclamó en aquella oportunidad que el Gobierno nacional preparaba una estrategia de represión y alistaba no solo municiones para el Esmad, sino también aviones de combate de guerra extranjera.
También se rechazó la presencia militar gringa en territorio colombiano. La Unión Patriótica considera que se ha violado la soberanía nacional con la presencia de militares de Estados Unidos en operaciones internas. Se le pidió al Ministerio de Defensa rendir informe sobre el número de militares extranjeros en suelo colombiano, las misiones de trabajo y el tiempo de permanencia.
El ministro Trujillo, titular de la cartera de Defensa en ese momento, respondió que los militares gringos se encontraban bajo el amparo de los convenios de cooperación suscritos por Colombia, que tales protocolos eran de confidencialidad y que ni siquiera el Congreso podría saber qué hacen los marines en Colombia. Al respecto, se advirtió que dichos convenios de cooperación facilitaban la impunidad en los crímenes cometidos por personal extranjero.
No al feminicidio
En la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se convocó a una audiencia urgente después que el país conoció de los reprochables hechos de violencia sexual contra una menor de edad en el departamento de Risaralda. Por iniciativa de la senadora Aída Avella, este espacio mixto del Congreso realizó el debate de control político sobre la situación de violencia sexual con mujeres y niñas en diferentes sectores, entre ellos por parte de algunos miembros de las Fuerzas Militares.
La congresista manifestó el incremento de los feminicidios en el país, así como las violencias contra las mujeres y niñas del país e informó que según un informe de Sisma Mujer hay un aumento de violencia sexual contra las mujeres, perpetrada por algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de servicio de inteligencia.
En defensa de la naturaleza
El Senado de la República votó negativamente una proposición que buscaba acabar con la tercerización en el trabajo. Seguirán esclavizado los trabajadores por cuenta del Centro Democrático y sus aliados. A la Unión Patriótica le duele el desempleo y la inestabilidad laboral a la que quedan sometidos los ciudadanos con la firma de contratos basura por uno, dos o tres meses. La reducción de horas de trabajo semanal fue votada positivamente, a pesar de ser negada la eliminación de la tercerización propuesta por la bancada de oposición.
Otro de los proyectos centrales de la acción parlamentaria fue uno por medio del cual se incentiva la gestión de reciclaje de envases de un solo uso, creando un sistema de retorno de envases que le diera valor a la botella y generar una economía circular previendo que dichos envases se conviertan después de su primer uso en basura. La iniciativa fue saludada por productores, consumidores y acompañada por organizaciones defensoras del medio ambiente.
En esa misma línea, se presentó el proyecto de ley que adopta una política de Estado para ordenar la delimitación, recuperación, restauración y ordenamiento ambiental y agrario de los lagos, ciénagas, playones y sabanas comunales. Las denuncias de campesinos en el departamento de Córdoba sobre la toma de tierras por terratenientes y políticos que están dejando sin agua a la región, mientras las autoridades no actúan con la suficiente diligencia para evitar el daño ambiental que producen los hacendados.
Se acompañó con voto positivo la ratificación del Acuerdo de Escazú y se suscribió autoría de establecer un pacto climático para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollando una política pública de prevención de emisiones, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
Iniciativas de paz
En materia de paz, la Unión Patriótica presentó junto a la bancada de oposición el proyecto de ley creando el Servicio Social para la Paz, así como el proyecto que propone al día 20 de septiembre como fecha conmemorativa de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados «falsos positivos». Y el proyecto de ley que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas.
De igual forma, la senadora Aída Avella acompañó la reforma a la Policía presentada por la oposición luego de la masacre del 9 de septiembre de 2020. La decisión política de acabar la violencia y el abuso policial costó un proceso de perdida de investidura en el Consejo de Estado, al que la Unión Patriótica derrotó, en especial a quienes pretenden callar una imprescindible voz política por vía judicial.
Finalmente, la Unión Patriótico inició una investigación sobre los peajes en Colombia, recorriendo las rutas de los cinco concesionarios mas importantes en Colombia, las familias dueñas de las carreteras. Se citó a una audiencia pública para escuchar a los camioneros, las comunidades, los ciudadanos que expresaron las razones por las cuales los peajes van en contravía del desarrollo social y económico de las regiones, lesionando el turismo y encareciendo la vida de las comunidades.
