Ante la crueldad, la tortura y el asesinato de 14 jóvenes, las víctimas y defensores de derechos humanos exigen una reforma estructural de la Policía Nacional e investigar y sancionar a los responsables
Carolina Tejada
@carolltejada
El pasado 10 de septiembre, Luis Eduardo Barajas o Lucho, como le dicen sus amigos, se dirigió en su bicicleta al CAI de Sabana Grande, ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Eran cerca de las cinco de la tarde, y motivado por la convocatoria que en redes sociales invitaba a rechazar la brutalidad policial por el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional, se encontraría con una amiga frente a la estación para participar.
En la ciudad había indignación. Un vídeo evidenciaba la golpiza y las descargas eléctricas sobre la humanidad del abogado, y la noticia de su muerte provocó múltiples convocatorias de rechazo al frente de los Comandos de Acción Inmediata, CAI. No era la primera vez que la fuerza pública arremetía, literalmente a golpes contra una persona hasta quitarle la vida. Lucho llegó al lugar, pero nunca se encontró con su amiga. Pasaron quince minutos desde su llegada al punto de encuentro y la fuerza pública, relata este joven de 19 años, comenzó a disparar a los manifestantes.
«Lastimosamente no me pude encontrar con ella porque todo se salió de control. Cuando la policía comienza a accionar sus armas, a lanzar gases y aturdidoras contra los manifestantes, me dedico a documentar con mi celular. Cuando se vienen encima de todas las personas, en masa nos dirigimos hacia entrada del Parque Metropolitano Zona Franca y al Barrio Pueblo Nuevo”, relata.
A esa misma hora en diferentes localidades de la ciudad, este panorama se repetía. La gente inconforme con la institución concentrada a las afueras de los CAI fue agredida. La indignación crecía a la par con los reportes del caso del abogado asesinado, pues se sabía que lo habían torturado hasta morir. La ciudad se convirtió en una oleada de manifestantes, unos atacando los CAI, otros huyendo de la brutalidad policial y, el Día Nacional de los Derechos Humanos en la Capital, se convirtió en una jornada de tortura y masacre policial.
“Tiene derecho a quedarse callado, sapo hijueputa”
Mientras tanto en Fontibón, comenta Lucho: «Al recordar que estaba en bicicleta, me subí en ella y decidí ‘pedalear’ hasta que llego a ‘cuatro esquinas’. Al ver que los motorizados de la Policía están encima decido bajarme y caminar. Muchos motorizados pasaron y no me hicieron nada, hasta que el agente que fue grabado, no solo por mí, accionando su arma de dotación me reconoció, bajó de la moto, se acercó y empezó a golpearme». En varios vídeos quedó grabado un integrante de la Policía que dispara su arma de dotación en contra de quienes se manifestaban.
Como le mostró Lucho a esta redacción, él fue uno de quienes alcanzó a grabar al policía disparando, minutos más tarde, como cuenta él mismo, ese mismo policía es quién lo identifica y lo agrede junto a seis hombres más. Lo reducen en un potrero, lo golpean y se lo llevan detenido. Esta golpiza y detención irregular también quedó registrada en varios vídeos de transeúntes. En ese momento, además de su libertad, perdió su bicicleta, medio de transporte en la que trabajaba.
Lo conducen al CAI de Sabana Grande: «Me tiraron de la moto en la que me llevaban y, ya en el piso, me dicen: ‘Tiene derecho a quedarse callado sapo hijueputa`, también recibo una agresión física y verbal por parte de un gestor y convivencia, tengo una foto de él». Lucho le compartió la foto del Gestor de Convivencia a VOZ, a quién denuncia en esta entrevista. En la detención, el policía que lo reconoció le aseguro que, comenta el joven: «Me iba a judicializar por hurto. Él afirmó que yo le robé dos cargadores de su pistola. Pero estoy seguro que me acusó porque lo filmé mientras disparaba su arma, por eso me acusó, para justificar las balas de le faltan».
Los CAI de la ciudad, a donde llevaron a las personas detenidas, la mayoría jóvenes, se convirtieron, según las mismas denuncias en centros de tortura. Las mismas prácticas contra el abogado, pero ahora en masa, eran propinadas sobre la humanidad «de todo el que se dejara agarrar por la tomba». En este mismo lugar en donde Lucho continuó siendo agredido se encontraban cuatro personas más, tres hombres y una mujer. La joven es Andrea Arías de 18 años, estudiante del Sena, con quien ese día se conoció Lucho en el CAI, bajo la tortura policial.
por los policías.
«Ojalá los hubieran matado»
Hombres y mujeres de la Policía les decían: “Ojalá los hubieran matado. Mejor muertos que gastar papeleo en estos hijueputas». Todos y todas nos deseaban la muerte. A Andrea, que estaba esposada junto con nosotros, le decían que era una perra que ella tenía que estar en la casa barriendo o haciendo la comida. Dejando en evidencia la misoginia y lo machista de esta institución. Ella, fue arrastrada hasta la estación, la golpearon en varias partes de su cuerpo y su cuello aún registra las marcas del intento de ahogamiento por parte de los mismos hombres.
Los llevan a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Engativá a las siete de la noche, luego a Medicina Legal en donde los revisaron, no les entregaron ningún reporte, ni les dieron alguna información del mismo. «Ya terminamos, se pueden ir», les dijo la mujer que los atendió.
Patiño, también fue agredido
Estas personas fueron despojadas de sus pertenencias por otros reclusos a quienes los policías permitieron que robara en la estación de Fontibón, cerca de las cuatro de la mañana. Despojados de algunas de las prendas, pantalones, tenis, chaquetas, etc, los dejaron sobre la terraza de la estación y los obligaron a estar parados recibiendo todo el frío de la noche hasta las 10 de la mañana del día 11 de septiembre. Se pudieron sentar cuando llevaron más personas detenidas: «Me costó mucho sentarme, fueron casi seis horas de pie. Luego, hizo un sol infernal, o sea el viernes, mientras los tombos estaban bajo una carpa nosotros recibimos todo el sol de la mañana, hasta las tres de la tarde cuando un muchacho se desmayó».
En este mismo lugar también se encontraba Diego Andrés Patiño, estudiante de periodismo y quién se estaba tomando fotos en la manifestación. Sin zapatos, dolorido y con unos hematomas en el ojo y otras partes del cuerpo, regresó a su casa junto a las demás personas que quedaron en libertad el viernes a las siete de la noche.
A esa misma hora en diversas partes de la ciudad otra turba de personas se movilizaba, o escapaban de la fuerza pública. En el día, mientras estos jóvenes eran torturados, otros cientos de personas pintaban algunos de los CAI incendiados, los convertían en bibliotecas comunitarias.
Reforma estructural a la policía nacional
El Código de la Policía es una ley de la República, por eso, luego de los episodios desencadenados por el asesinato y tortura del abogado, que según Medicina Legal sufrió nueve fracturas craneales, hígado reventado, múltiples descargas eléctricas de 1.200 voltios en su cuerpo, golpes en tórax y pómulo, y de los hechos de terror que se registraron el 10 y el 11 de septiembre en los que 14 personas fueron asesinadas, 256 detenidas y 154 heridas, organizaciones defensoras de los DD.HH. y líderes políticos de izquierda le exigieron al Gobierno una reforma estructural a esa institución.
“Urge reforma estructural de la Policía Nacional de los colombianos, urge entretanto investigar y sancionar a los responsables por acción u omisión de acciones contra la Constitución y la ley que han provocado la masacre de 14 jóvenes” aseguraba el magistrado Luis Guillermo Pérez en sus redes sociales, adjuntando una foto de uno de los jóvenes asesinados con arma de fuego.
El abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, Jeison Paba, le aseguro a VOZ que debe de existir un proceso con la justicia ordinaria. «Nos encontramos con una fuerza pública entrenada solo para repeler cualquier manifestación. Solo sabe chocar y por esta vía vulnerar los DD.HH. Frente a esta situación, en el marco del homicidio del abogado, la justicia ordinaria debe juzgar a estos policías, aquí no se presentó ninguna falla en el servicio. Fue una acción planeada y consentida por parte de los miembros del Policía adscritos al CAI. Este tipo de acciones se deben erradicar del actuar de una institución que está creada para servir y proteger a la población».
Y, tal y como menciona el magistrado Pérez, Paba comenta: «El camino es una reforma de rango constitucional que saque a la policía de la esfera del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior para que actúe como lo que debe ser, una Policía Civil, como funciona en la mayoría de los países del mundo. No puede seguir siendo una institución diseñada para la guerra como lo ha sido en los últimos años».
Llaman la atención los patrones bajo los que actúo la Policía en toda la ciudad, lo que hace pensar que los hechos se desarrollaron bajo órdenes concretas o influenciados por la doctrina y los procesos de formación bajo los cuales se educa, pues, así como los jóvenes detenidos en Fontibón narraron sus largas horas de tortura, otras personas fueron perseguidas y asesinados a quemarropa por la fuerza pública.
Existe una queja disciplinaria interpuesta por las organizaciones sociales y de DD.HH. para solicitar la suspensión inmediata de sus cargos del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el Comandante de la Policía de Bogotá, Brigadier General Oscar Gómez; el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, Comandante Encargado (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Teniente Coronel Edgar Correa, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha como medida de prevención y protección a la comunidad.
La Queja Disciplinaria considera que: «Las conductas bajo las cuales deben ser investigados el ministro y la cúpula policial constituyen faltas gravísimas, por lo que además de eventuales sanciones penales, deberán responder disciplinariamente por los cargos que la Procuraduría General de la Nación les impute».
Reconciliación
De la mano con esta situación, Paba, asegura que, estamos ante un gobierno incapaz, que recibe órdenes desde el Ubérrimo, haciendo referencia al trino de Uribe, en donde prácticamente le da órdenes a Duque de sacar al Ejército a las calles para contener el descontento social del 10 de septiembre. «Uno mira como el señor Iván Duque es incapaz de solucionar los problemas de la mayoría de la población colombiana, él debe entender que es el presidente de toda la población, y no solo el presidente de un sector fascista que su única visión de país es ultra conservadora y de limitación de derechos». Duque, además de no acoger el llamado de la población a frenar la violencia policial, tampoco hizo presencia en el acto de reconciliación que la alcaldía de Bogotá realizó el domingo 13.
Por otra parte, la alcaldesa de Bogotá se ha sumado a la exigencia de una reforma al aparato policial. Igualmente, ha llamado a la reconciliación a lo que las mismas víctimas y organizaciones sociales han expresado que las únicas garantías de no repetición son las reformas. El victimario, aseguran las organizaciones, es el presidente de la República porque es el responsable político inmediato. Las garantías para la reconciliación son no guardar silencio, actuar en procura de la justicia y contar con la gente para salir de la crisis.
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