El Consejo Superior Universitario, CSU, de la Universidad Distrital deberá hacer una revisión del presupuesto y reasignar más de sus recursos para ver cómo cubre la matrícula cero para estudiantes de pregrado 2020-3, ya que el Distrito no puso un peso extra. Queda faltando gratuidad para 2020-1 y para los estudiantes de posgrado
UAN, concejala de Bogotá Heidy Sánchez
@heidy_up
La matrícula cero o gratuidad en las universidades públicas es una reivindicación que ha impulsado históricamente el movimiento estudiantil, pero que hoy se posiciona dentro del debate nacional por su importancia en relación con los impactos de la pandemia y a modo de alivio social. En consecuencia, varias instituciones del país han avanzado en ese sentido, como es el caso de las universidades de Cundinamarca, Guajira, Atlántico, Magdalena, entre otras. Así, se presenta una oportunidad única para cambiar la lógica neoliberal que ha reinado en el campo de la educación superior, recogiendo además las críticas hechas al modelo de mercado en el sistema de salud a propósito del COVID-19.
Por eso, este es un momento de cuestionamiento al parámetro mercantil capitalista que configura el desenvolvimiento de la sociedad para darle la oportunidad a los derechos universales y, de esta forma, avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática. En ese horizonte, es imperativo que la Universidad Distrital, como universidad pública del Distrito, camine hacia la gratuidad en función de aliviar los gastos de las familias en medio de la crisis y para conseguir que los estudiantes no vean interrumpidos sus estudios, agudizando el fenómeno de deserción por motivos económicos.
No obstante, esto tiene que ir más allá de buenas intenciones. Para avanzar hacia la gratuidad, en primera instancia hay que comprender la situación presupuestal de la Universidad Distrital, que históricamente no ha escapado al déficit producido por el neoliberalismo de gobierno y del marco normativo que regula la educación superior en el país, dentro de ello la Ley 30 de 1992. Así, lo primero que hay que evidenciar es que los presupuestos asignados y apropiados para 2020 por parte de la Universidad tienen un déficit desde que se programaron, lo cual hoy dificulta el cierre financiero de la vigencia.
El déficit de la Universidad Distrital
Según el presupuesto aprobado para 2020 en las sesiones de octubre y diciembre de 2019 del CSU, quedó un faltante de $45.518.938.782. Así, la proyección que se hizo con base en las necesidades de la Universidad demandaba $72.331.200.000 como presupuesto de inversión y $362.709.285.782 como presupuesto de funcionamiento, dando $435.040.485.782 como presupuesto total. Sin embargo, el presupuesto asignado fue de $28.888.845.000 para inversión y de $317.190.347.000 para funcionamiento, consiguiendo un total de $346.079.192.000 como presupuesto aprobado. Lo anterior arroja un déficit de $43.442.355.000 para inversión y de $45.518.938.782 para funcionamiento; este último rubro imposible de evadir, pues sin su apropiación queda comprometida la misionalidad de la Universidad.
En consecuencia, cumpliendo con las asignaciones del presupuesto aprobado para el 2020, el Distrito destinó $244.689.781.000 y la Nación $36.623.424.000, a lo que se añade lo que deriva de la venta de bienes y servicios, las estampillas y los recursos de capital, todo lo que en conjunto suman $346.079.192.000, lo cual mantiene el déficit mencionado de $45.518.938.782 para funcionamiento. Por esta razón, la matrícula cero sin presupuesto adicional carece de sentido y desconoce la situación presupuestal de la Institución, pues es imposible utilizar los recursos de funcionamiento girados por el Distrito para garantizar la gratuidad, como lo sugirió en carta al Rector la alcaldesa Claudia López, cuando la Universidad sin obviar ninguna de sus fuentes arrancó el año con un faltante de más de $45 mil millones. Prescindir de lo recaudado por matrículas es agrandar el déficit.
En relación con dicho panorama, hay que decir que, en lo presupuestado, la Universidad había hecho el cálculo, dentro de lo que corresponde a Recursos de Capital, de un ingreso por $3 mil millones de Excedentes Financieros, cifra que este año logró ascender a $38.546.891.493 aliviando en parte el déficit de funcionamiento reseñado. Además, por medio de una revisión general de presupuesto y derivado de una baja ejecución de ciertos rubros a causa de la no presencialidad, la Universidad ha podido reasignar alrededor de $12.000 millones, con lo que se lograría cubrir el funcionamiento para el 2020.
Sin embargo, a esto hay que restar, dentro del presupuesto general, ingresos que se proyectaron pero que por la situación de pandemia se van a dejar de percibir, así como gastos que la Institución no había contemplado y que se han tenido que realizar a raíz de la emergencia social y sanitaria asociados a conectividad y dispositivos para los estudiantes en función de garantizar la virtualidad, los cuales ascienden a cerca de $2.800 millones. Así, haciendo un balance de ingresos y gastos, en este momento se tiene que la Universidad conserva un déficit de $430 millones en lo relacionado con funcionamiento.
Por todo lo expuesto, es claro que hoy la Universidad cuenta con un presupuesto apretado que para asegurar el cierre financiero y cumplir con su misionalidad no puede permitirse reasignar más recursos ni mucho menos prescindir de una de las fuentes de ingreso, incluido en ello lo que significan las matrículas dentro del rubro de venta de bienes y servicios. En ese sentido, si se quiere avanzar en la matrícula cero, el único camino es inyectar presupuesto adicional.
Aunar esfuerzos por la matrícula cero
El Distrito y la Nación deben realizar lo necesario para conquistar esta aspiración de la comunidad universitaria, la cual se acompasa con las necesidades de la nueva realidad impuesta por la pandemia. Lo anterior, necesariamente pasa por asignar nuevos recursos que logren cubrir alrededor de $9.200 millones que se calcula puede valer la gratuidad en la Universidad.
En reunión del 16 de julio, la conclusión a la que llegó el CSU presidido por la alcaldesa Claudia López, es que la Distrital deberá hacer una revisión del presupuesto y reasignar más de sus recursos para ver de qué manera cubre la matrícula cero para estudiantes de pregrado 2020-3. Para esto hay que tener en cuenta que en matrículas el semestre 2020 significa $6.800 millones: por auxilio-beneficio se tienen $2.200 millones garantizados y los restantes $4.600 millones son asumidos por el pago de los estudiantes. Para 2020-3 ya se tienen $2.600 millones entregados por la Nación y $1.100 millones reasignados por parte de la Universidad.
Por consiguiente, quedan faltando alrededor de $900 millones para garantizar la matrícula cero a estudiantes de pregrado en 2020-3, dejando por fuera 2020-1 y los estudiantes de posgrado. Estos $900 millones, más los $430 millones de funcionamiento, son los que la Universidad debe buscar cubrir con recursos propios, propuesta financiera que se presentará en el próximo CSU. Es decir, se ha obligado a la ruta neoliberal de la autofinanciación por parte de la Institución, negando la asignación de nuevos recursos a cargo de los responsables estatales.
En contravía, en el caso del Distrito, a la gratuidad se podría llegar si este asigna a la Universidad el faltante que por Ley 30 dejó por fuera en los recursos que giró para este año. Es decir, acorde al IPC, el presupuesto a 2020 debió ascender a $251.392.710.109, empero, solo se giraron los ya mencionados 244.689.781.000, quedando pendientes $6.702.929.109. Por otro lado, por lo menos para este año, debido a la situación extraordinaria, es pertinente que la Alcaldía Distrital acoja el acuerdo logrado en 2018 por la movilización universitaria con el Gobierno Nacional. Si es así, el incremento que debía asumirse para el presupuesto de la Universidad en el 2020 es del IPC más el 4%, eso significarían $9.696.922.280 extra, que sumado a lo que se adeuda por Ley 30, en conjunto estos aportes garantizarían la gratuidad para todo el 2020, al contar con un recurso adicional de alrededor de $16 mil millones.
Hasta el momento el Distrito, en cabeza de Claudia López, no ha agregado más presupuesto. Del mismo modo, lo aportado por la Nación es insuficiente. El camino obligado de la reasignación presupuestal puede comprometer calidad o infraestructura, o puede llevar a incumplir compromisos laborales con profesores, trabajadores y pensionados. Por lo tanto, hay que estar pendientes en el próximo CSU de las propuestas que se hagan al respecto y continuar la movilización insistiendo en la gratuidad para la totalidad de estudiantes y para toda la vigencia 2020, lo que solo es posible de manera adecuada y como derecho si se logra con presupuesto adicional.
