Autoridades civiles tanto en Barranquilla como en el Atlántico reproducen el esquema del gobierno Duque, que con sus 70 decretos y 40 resoluciones protege a las transnacionales y principalmente a los bancos, mientras entrega migajas a la clase trabajadora
Juan Carlos Sandoval Mendoza
La emergencia en salud que enfrentamos en el mundo a causa del Covid-19 agudiza sus efectos sobre los pobres y la clase trabajadora formal e informal. La lógica de la avaricia por el dinero a base de explotar el trabajo ajeno es responsable del foco del virus y su origen está vinculado a la agroindustria y la ganadería intensiva.
Los gobiernos de Duque, Elsa Noguera, Jaime Pumarejo y demás alcaldes, en su mayoría protegen los negocios de los más poderosos al costo de sacrificar la vida de las personas; en primera línea de afectación están los más vulnerables, esos mismos que son la mayoría de la población, que organizados, conscientes y movilizados pueden abrir las posibilidades de cambios: salidas y soluciones alternativas.
Sin control político
El Concejo de Barranquilla y los concejos de la mayoría de los municipios no se apersonan de la situación y sus posibles soluciones. Su carácter de escenario de control político se encuentra autocensurado a excepción de muy pocos representantes de oposición.
La atención hospitalaria está centrada en la oferta privada (EPS) y en general con los pocos hospitales públicos, incluyendo Mi Red en Barranquilla se encuentra limitada, estableciendo protocolos de atención que en la práctica niegan el derecho al acceso a la salud.
A los posibles infectados no se les aplica la prueba si no reúnen más de cinco síntomas (fiebre alta + tos seca + gripe + dificultades para respirar + contacto con alguien que haya dado positivo), lo cual equivale a encontrarse en la etapa aguda de la enfermedad; con ello se nos condenan a que para atendernos tengamos que estar casi postrados.
Mientras las y los trabajadores de la salud colocan la mayor de las cuotas de exposición y pérdidas, porque pagan con su vida la entrega que hacen en defensa de la salud; ya han fallecido seis personas del servicio en salud, entre ellos cuatro médicos. Consecuencia de la ley 100, sus condiciones salariales y prestacionales son indignas y totalmente desprotegidos al enfrentar la pandemia; en un alto porcentaje se han visto en la necesidad de renunciar, al entender que no son suicidas.
En algunos municipios, como Luruaco se les adeuda más de cuatro meses de salario, viéndose obligados a protestar y tomarse el hospital. No es posible salvar la vida aplicando la ley 100, se requiere un modelo de salud bajo una lógica pública, garantizada y dirigida por el Estado; hoy el mayor riesgo de la salud y la vida frente a la pandemia sigue siendo la corrupción y la ganancia desmedida que coloca en último lugar a la vida de las personas. Por eso respaldamos las acciones de la organización médica y el pronunciamiento de los compañeros de Anthoc.
Instrumentos regresivos
Las adecuaciones en el Centro de Eventos y Convenciones del Caribe en Barranquilla hasta el momento no han sido utilizadas y se requiere una veeduría para asegurar que no terminen siendo una estrategia burocrática y corrupta.
Autoridades civiles tanto en Barranquilla como en el Atlántico, reproducen el esquema del desgobierno de Duque y la caverna del Centro Democrático que con sus 70 decretos y 40 resoluciones regresivas y retrogradas, protegen a las transnacionales y principalmente a los bancos, mientras entregan migajas en bolsas y cajas disfrazadas de complementos alimentarios con sobrecostos, corrupción y clientelismo.
Manipulan la crisis y el asilamiento para beneficiarse con sus negociados, como la entrega de Electricaribe bajo un esquema que refuerza el modelo fracasado de la privatización con operadores particulares que hoy como ayer vienen sólo a robar más, con un mal servicio y tarifas altas e injustas, con la gabela que hoy el pasivo pensional lo asumirá el Estado, es decir, los usuarios en las facturas. El pago de los servicios públicos debe ser asumido por las alcaldías mientras persistan las medidas de emergencia sanitaria.
Pierde la economía popular
No todos pierden, mientras los ciudadanos de a pie y trabajadores en general se afectan por la cuarentena, las grandes superficies de supermercados hacen su agosto con un incremento de ventas de hasta un 100%; en primer lugar, están las Tiendas Olímpica hoy esparcidas por todo el territorio, seguidas de las cadenas de distribución Éxito, Metro, Jumbo, Ara, Justo y Bueno y D1, entre otros.
El sector de la calle 30 y gran parte del mercado público de Barranquilla por el contrario está cerrado. La medida de toque de queda y que luego fue motivo de controversia con Duque demostró que sus afanes están centrados en intentar colocar a raya cualquier inconformismo y manifestación de protesta que afecte el funcionamiento de sus negocios.
Los bancos y las empresas de telecomunicaciones abanderan los abusos y el enriquecimiento, no sólo porque en los últimos cuatro años la banca acumuló más de 70 billones de pesos en ganancias, sino también porque en conjunto con las transnacionales de las comunicaciones controlan a su antojo los sistemas de operaciones, sanciones y demás.
Los recursos del Gobierno a nivel nacional han engrosado las arcas de los bancos y ahora con alivio a las transnacionales de las comunicaciones, los clientes sólo ven acumularse sus deudas, aplazar su pago y en el caso de las comunicaciones sufrir cortes, caídas permanentes e inestabilidad de la señal, cobros abusivos, cobro por reconexión en medio de una emergencia y una parálisis que lógicamente afecta la capacidad de pago de los usuarios.
Solidaridad ciudadana
La solidaridad ciudadana ha sido fundamental y la más efectiva medida frente a la carencia de una política efectiva de apoyo alimenticio, que contrasta con la estrategia de las empresas que por vía de donaciones consigue mayores excepciones en impuestos frente a lo que les correspondería declarar.
En últimas termina siendo una ganancia más y no un acto de solidaridad. La reactivación de la producción no puede hacerse a costa de terminar de endeudar más a la población. El programa “Barranquilla responde” con recursos por 60 mil millones de pesos por Bancoldex en donde el Distrito de Barranquilla participa con cinco mil millones de pesos deben ser a cero intereses y sin trabas para los micro y medianos empresarios, así como la combinación de esta medida con auxilios para trabajadores informales y una renta básica para las familias en particular de las mujeres mientras dure la emergencia y se reactive la economía.
Es de señalar el aumento de las violencias intrafamiliares, contra las mujeres por razones de género confinadas de manera forzada en el mismo espacio con los posibles agresores. Sumado a esto recae sobre ellas el grueso de las tareas de cuidado en casa y la responsabilidad que tienen como cabeza de hogar en garantizar el sustento diario familiar.
Exigimos escenarios participativos para la construcción de la política pública en atención a la emergencia sanitaria con la presencia de los gremios y de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
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