Cumpliendo otra de sus nefastas promesas de campaña electoral, Donald Trump eliminó un programa, establecido por su antecesor, que amparaba derechos a miles de muchachos que llegaron a Estados Unidos en condición de inmigrantes, siendo menores de edad
Después de muchos rumores y en un ambiente generalizado de zozobra entre la población latina y la comunidad de inmigrantes en general, finalmente, el presidente Trump, mediante decreto ejecutivo del 5 de septiembre pasado, desmontó el Programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que brindaba alguna protección ciudadana a al menos 800 mil muchachos, hijos de inmigrantes, que llegaron a Estados Unidos siendo niños de corta edad.
Se trata de una infamia, según calificación de numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos de ese país, y una medida torpe, desde el puntos de vista económico, que priva a la nación del norte de mano de obra calificada, en la cual el estado mismo invirtió ingentes recursos y que hoy se ven avocados a la expulsión, por la actitud arrogante de su mandatario.
El programa DACA fue establecido hace cinco años por Barack Obama, con la intención de formalizar la situación de casi dos millones de muchachos, algunos muy pequeños, quienes no tomaron la decisión de cruzar la frontera, ni asumir el papel de inmigrantes, sino que fueron llevados por sus padres, que iban a su vez tras el ‘sueño americano’.
Medida provisional
Por eso a los pequeños, muchos de ellos hoy profesionales, comerciantes, educadores, completamente insertados a la sociedad norteamericana, se les denomina ‘dreamers’, expresión que quiere decir ‘soñadores’.
El programa DACA, insuficiente desde su proyección, no era ni para obtener residencia ni para formalizar la ciudadanía norteamericana. Era solo para resolver de manera provisional la condición de ilegales, y pudieran acceder a un empleo o al estudio, dejando pendiente el asunto del acceso a la documentación legal para después.
La iniciativa presidencial alcanzó a beneficiar a unos 800 mil muchachos, los mismos que hoy se encuentran en un limbo jurídico, pues el Departamento de Seguridad Nacional les ha dicho que solo pueden permanecer en el país un tiempo corto y ‘lo mejor es que lo aprovechen para que vayan armando su maleta y se vayan’. El decreto presidencial llama al congreso a que reglamente la situación de los ‘dreamers’, o de lo contrario procederá a expulsarlos.
Miedo a los soñadores
Los ahora excluidos del programa son hijos de trabajadores agrícolas migrantes, de refugiados o de pequeños empresarios, que han desempeñado un importante papel en el desarrollo de la economía y la cultura de los Estados Unidos. Llegaron al país con la intención de continuar estudiando o trabajando y, ciertamente, el estado ha invertido sumas importantes en su capacitación.
La mayoría de ellos son mexicanos, pero un número grande de muchachos son colombianos. Son culturalmente americanos, pero sin capacidad legal para demostrarlo por seguir siendo indocumentados. Hay otros 200 mil ‘dreamers’ en proceso de solicitud de registro, pero todos han quedado en un limbo jurídico ante la medida de Trump, que como moderno Herodes, ha desenvainado la espada para decapitar a los niños, que al igual que el viejo emperador, se siente amenazado por sus sueños de futuro.
