El Congreso de la República y las elecciones por el poder local fueron los escenarios de disputa política para la izquierda
Redacción Política
Un país equitativo, moderno, en paz y educado fueron las promesas hechas en el discurso del presidente Juan Manuel Santos, ante el Congreso de la República, al inicio de la primera legislatura de su segundo mandato. Allí esgrimió lo que va a ser la hoja de ruta de su mandato y los pilares fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, y fue lo que resultó aprobado los primeros meses del año 2015.
Plan Santos
El Plan marcaba diferencias con su similar presentado en el año 2010. En esta ocasión la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, o “Club de los Ricos” era la guía para su diseño. Doscientos artículos contienen las recomendaciones en materia económica y social que emite esta organización para que Colombia acceda a ser miembro permanente.
El Plan de Desarrollo se presentó con una evidente desfinanciación en temas sensibles para el país. El primero: la paz. No fueron contempladas en el articulado las inversiones que para los próximos cuatro años debe hacer el país para adecuar sus instituciones a los eventuales acuerdos de La Habana. Al contrario el Plan definió inversiones multimillonarias para beneficiar capitales privados. El sector construcción será el más beneficiado con el plan y para ello está a cargo el vicepresidente Germán Vargas Lleras que con la chequera del estado y como agente oficioso de constructoras y grandes empresarios pone la contratación pública a su servicio.
Neoliberalismo
El mismo Plan perfila la venta de activos estratégicos del país. Isagén, resulta ser la joya de la corona para la administración Santos II. Su venta ha sido caballo de batalla en el Congreso de la República pues no se entiende, incluso para senadores de la unidad nacional, que se remate una de las principales generadoras de energía del país y la empresa que mejor rendimiento económico le está dando a las finanzas colombianas. De acuerdo con Santos, con la venta de Isagén se financiarán las inversiones que requieren los proyectos de conexión viales denominados 4G. Todos construidos y usufructuados por privados.
El Plan Nacional de Desarrollo no atiende las necesidades más sentidas de los colombianos. La superación de la pobreza, el sector salud están ausentes del plan de inversiones propuesto en el articulado. Mientras el sector educación que por primera vez en toda la historia del país supera sus récords históricos de inversión va encaminada a la privatización total según las recomendaciones de la OCDE. El sector defensa sigue llevándose casi un 20% de la inversión y el pago de la deuda se lleva la mitad del presupuesto plurianual.
Movilización social
Por eso los sectores sociales y las organizaciones populares rechazaron el Plan e iniciaron una movilización contra el Plan Nacional de Desarrollo que en nada es garantía para implementación de eventuales acuerdos de paz y transformaciones sociales de cara a un nuevo momento político en Colombia. El 9 de abril fue el escenario por excelencia para respaldar los diálogos de La Habana y abrir la puerta a las negociaciones con el ELN. “Esta movilización es parte de un proceso de reclamación y conquista de una paz justa.”, dijo Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano. “Los reclamos del pueblo colombiano resultan cambios de fondo que solo serán satisfechos mediante la Asamblea Nacional Constituyentes, pues el gobierno de Juan Manuel Santos, dista mucho de ofrecerle soluciones reales a los problemas de los colombianos”, añadió.
Visos de unidad
La izquierda colombiana se realinderó en el Frente Amplio. Un espacio que sirvió para catalizar las expresiones de respaldo a la paz, abrir la posibilidad de la unidad de la izquierda que aspire a ser alternativa política para obtener el poder local. En ese escenario miembros del Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Progresistas, congresistas del Partido Verde, el Partido Comunista Colombiano, Marcha Patriótica, la Unión Patriótica, organizaciones sociales e indígenas, entre otras fuerzas políticas impulsaron actividades conjuntas por la paz e iniciaron un franco y directo diálogo por una unidad electoral.
El Frente Amplio llamó al gobierno nacional a adoptar un desescalamiento legislativo que iba en contravía a las negociaciones con la insurgencia de las FARC-EP. Una de las peticiones que elevaron fue la de detener el proyecto de industrialización del agro colombiano mediante las llamadas Zonas de Interés y Desarrollo económico y social, Zidres: Un modelo de entrega de tierras baldías a empresarios del agro y multinacionales resulta un golpe certero al desarrollo agrario integral que se discutió en La Habana. “El proyecto abre el camino para que los campesinos sean expropiados para darle tierra a los empresarios, se borran de un tajo las condiciones de adjudicación de baldíos, entre otras. Según la exposición de motivos, las Zidres estarán en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Putumayo, Cauca y Antioquia y serán los ministros del gabinete los que determinen cuáles zonas del país se conviertan en Zidres”, explicó Inti Asprilla, representante por Bogotá de la Alianza Verde.
Momento electoral
Sancionado el Plan de Desarrollo y en el congelador el proyecto Zidres, el gobierno nacional y los partidos de la unidad nacional se alistaban a entrar en un proceso electoral que ocupó buena parte de la agenda política desde el inicio del segundo semestre del año. El poder local estaba en juego. A pesar de los esfuerzos que hasta el último momento se realizaron, el Frente Amplio no logró consolidar la unidad de candidaturas para alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Solamente en algunas localidades se juntaron las fuerzas para apoyar un sola candidatura, es el caso de la gobernación del departamento del Cesar a la que el pleno de las fuerzas del Frente Amplio apoyaron las aspiraciones de la candidata de la Unión Patriótica, Imelda Daza, quien había llegado de un exilio de casi tres décadas para enfrentar una campaña totalmente carente de garantías y cuyos contradictores son auténticos representantes de la clase política tradicional.
Bogotá fue otro de los escenarios en que el Frente Amplio se volcó a apoyar la candidatura de la aspirante por el Polo Democrático a la alcaldía, Clara López Obregón. El primer paso para alcanzar la unidad de todos los sectores respecto a esa candidatura lo dio la Unión Patriótica que con su lista al Concejo de la capital firmó una coalición programática para que Clara López fuera candidata de esa colectividad.
A la ausencia de unidad en la izquierda, se suman las desigualdades de la justa electoral. Los partidos de la unidad nacional aprovecharon la mermelada para convertirse en los partidos más votados del país, seguidos por el Centro Democrático, quienes no desaprovecharon el apoyo económico de grandes empresarios y la simpatía mediática de la gran prensa y se posicionaron regionalmente.
Resultados electorales
La izquierda retrocedió en el poder local. En buena medida por enfrentarse a la desleal competencia electoral y el costo político producto de los escándalos de corrupción parecen ser la fórmula perfecta que alentó una poderosa arremetida mediática cuyo objetivo era recuperar para la derecha colombiana alcaldías y gobernaciones claves.
El balance político del año que termina deja como gran experiencia que sin unidad entre las fuerzas de izquierda sigue despejado el camino para que las fuerzas reaccionarias del establecimiento frenen cualquier conquista social alcanzada por gobiernos democráticos y progresistas. El mejor ejemplo será el gobierno del electo alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que de manera acelerada desmontará todos los avances sociales de 12 años de gobiernos alternativos en la ciudad.
