Ciudadanos de estratos bajos de la capital denuncian la existencia de un cartel del remate. En Bogotá se realizan entre 50 y 80 desalojos diarios
El pasado jueves 4 de septiembre organizaciones defensoras de los usuarios de vivienda, ciudadanos sin vivienda, inquilinos y víctimas de desalojos, entre otros, se reunieron con el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, para hacerle saber la difícil situación por la que pasan cientos de colombianos, ante la carencia de vivienda y la falta de políticas que protejan sus intereses como ciudadanos vulnerables.
Durante esta reunión los damnificados de vivienda reportaron al viceministro que diariamente en Bogotá se realizan entre 50 y 80 desalojos, y a nivel nacional entre 150 y 200. Las cifras las sacaron reuniendo datos de sus propios afiliados.
El viceministro se comprometió a investigar los procesos por desalojos, que fue otra de las denuncias que hicieron las organizaciones de viviendistas, ya que al parecer un gran porcentaje de la congestión judicial se le atribuye a este problema.
Los viviendistas reclamaron al Gobierno Nacional por las deudas que tienen ciudadanos con el sector bancario o con agiotistas, y que se atribuyen al incumplimiento de la banca nacional, ya que las reliquidaciones que se habían pactado cuando se acabó el sistema UPAC y se pasó al UVR, no se han cumplido en miles de casos. A la fecha hay muchas personas a las que no se les ha hecho su reliquidación, cuando han pagado, algunos, hasta cinco veces el valor real de la vivienda.
Las organizaciones propusieron que el programa de vivienda de interés prioritario, que ofrece casas desde 26 a 46 metros cuadrados, se debe destinar a familias de dos personas o un máximo de tres miembros. Pero si los núcleos familiares son de más de cinco personas como sucede en la realidad, la vivienda debería tener unas características de habitalidad para una familia grande, es decir una casa más amplia.
VOZ habló con la señora Nora Maritza Moreno Celi, quien vive en la localidad de Suba, y es víctima de esta situación:
“En 1996, yo compré un lote en el barrio Corinto de la localidad de Suba, allí construí. Después saqué un préstamo de siete millones de pesos a un agiotista, el señor Isaías Romero, quien cobraba intereses de usura del 5 y 6 por ciento. Me atrasé en las cuotas porque me enfermé de cáncer; soy cabeza de hogar, y por esa situación no me defendí oportunamente; sin embargo yo aboné a una abogada (representante del agiotista), pero ella no reportó ese abono.
“Por eso se hizo un remate de la casa, que tiene un avalúo catastral del 120 millones de pesos, en tan solo 72 millones de pesos. El juez no tuvo en cuenta los abonos que yo hice, es decir por menos de dos millones se supone que perdí la casa. Tampoco tuvo en cuenta que yo gané una tutela”.
Según la historia de esta madre cabeza de familia, el agiotista inició proceso en el 2004, y para ese entonces pedía 10 millones de pesos. Nora con mucho esfuerzo estuvo abonando, pero por falta de asesoría nunca reportó los abonos, por ello se remató la casa y quien reclama el inmueble ahora es el rematante. Ella atribuye este atropello a la existencia de los carteles del remate, en los que participarían también jueces.
El 18 de diciembre de 2013, el Escuadrón Móvil Antidisturbios rodeó la casa de esta madre cabeza de hogar, y con tanquetas y fuerza disponible, atacaron con piedras su casa, sin importar la presencia de niños, mascotas y personas de la tercera edad, según afirmó doña Nora.
“Ese 18 de diciembre no nos lograron sacar de la casa, ya que muchos de los vecinos nos respaldaron y no permitieron que estos hombres entraran a nuestra casa. Fue una batalla, nos gasearon. La gente nos ha rodeado ya que la nuestra es una casa cultural, en la cual se han educado muchos niños y niñas, tenemos una biblioteca y damos cursos de pintura, y otras actividades”, concluyó la mujer.
A pesar de que existe una tutela a favor de Nora, un inspector de Suba notificó otro intento de desalojo para el próximo jueves 11 de septiembre, a pesar de que un juez no ha dado la orden.
Desde que todo este drama empezó para la señora Nora y sus hijos en 2004, ella acudió a la Defensoría del Pueblo, a la Personería, pero en ningún lado encontró apoyo.
