El anticomunismo es la matriz ideológica que ha gestado todas las formas de violencia contra un partido revolucionario, al que quisieron exterminar por su lucha en pos de la democracia, la paz y el socialismo
Carolina Tejada
@carolltejada
A lo largo y ancho del país siempre ha existido un grupo de hombres y mujeres inconformes con el tipo de sociedad desigual y excluyente en la que han vivido. Esa inconformidad, alrededor de la explotación laboral, del hambre, de la ausencia de empleo y particularmente, por la tenencia de la tierra y el despojo, desde los gobiernos de turno de derecha, es lo que hizo que posible la existencia de un partido comunista que planteara un cambio en la estructura de poder, la redistribución de la riqueza y una reforma agraria, que tomaran fuerza en cada rincón del país, sumando a la población excluida y a quienes, también consideraban desde el campo intelectual y académico, las justezas de esos cambios.
Esas fueron las razones para que, desde la derecha más recalcitrante y carroñera del país, quienes han vivido de la explotación de las personas más necesitadas en campos y ciudades, se iniciara una campaña de estigmatización y violencia apoyada por su aparato militar y paramilitar y hasta por la iglesia, como lo registran los informes de violencia política en Colombia, para acabar con esa idea de país y, sobre todo, para quienes la impulsaban.
Hoy, el Partido Comunista y la Juventud Comunista, entregan un informe ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición, SIVJRGNR, denominado; Banderas rojas en vuelo libertario, sobre el genocidio político continuado del que han sido víctimas en el marco del conflicto interno, en todo el país.
El informe, que contiene dos documentos, en su presentación general expresa que, «no fue casualidad que haya sido la sensibilidad de una gran mujer, María Cano, quien lleve por primera vez la voz de la rebeldía a las multitudes laboriosas de los enclaves petroleros y de las plantaciones bananeras».
Anticomunismo y violencia
Una de las tesis que promueve el informe, está relacionada con el anticomunismo, narrativa elemental del conflicto, y sostenida como parte de la matriz ideológica con la que se impulsó, desde las instituciones políticas y militares, cuyo papel es, según el informe, «estigmatizar, señalar, encerrar a una parte de la sociedad, crítica y a la vez alternativa al mundo del capital, en una categorización del mal» provocando la materialización de una práctica social, la del genocidio político, continuada y extendida contra el Partido Comunista y la Juventud Comunista.
En 1930 surgió el partido y, en el ejercicio de silenciar a dicha agrupación, en el año 1932, el periódico Tierra, del mismo partido, fue señalado y censurado mediante el Decreto 1504 de 1932, prohibiéndose de manera general cualquier publicación que contrariara las definiciones del gobierno, según el artículo primero de dicho decreto, que «provoque dificultades para el restablecimiento del orden y de la autoridad colombiana en las regiones declaradas en estado de sitio».
En Colombia, menciona el informe, «el anticomunismo como práctica del genocidio, fue una estrategia de reorganización de la sociedad colombiana que se implementó, en un primer momento, con la ilegalización del PCC el 14 de septiembre de 1954, con la promulgación del acto legislativo número 6 de 1954″.
Ataques contra la vida de sus militantes y los bienes del partido, constituyen el inicio de una fuerte persecución, y en el conflicto interno, a múltiples violaciones a los derechos humanos, y al derecho internacional humanitario, tales como; asesinatos selectivos y masacres, hostigamientos, judicializaciones, torturas, desaparición forzada etc., tanto a la JUCO, como los integrantes del PCC. Motivo por el cual, el año 2017 es reconocido por la Unidad Nacional de Víctimas, como víctima colectiva, a partir de la Resolución N° 2017- 84175 de 27 de julio de 2017.
El esclarecimiento de la verdad
Jaime Caycedo, secretario general del PCC, expresa que dicho documento consta de dos informes, el de la Jurisdicción Especial de Paz y el de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y «buscan demostrar la existencia de un genocidio político continuado y extendido con la intencionalidad sistemática de aniquilación del PCC y de su organización juvenil. El motivo inspirador de tal práctica genocida ha sido el anticomunismo convertido en política de Estado y devenido en habitus del complejo Estado-fuerzas militares, organizaciones empresariales del gran capital y los terratenientes-aparatos paramilitares, que han constituido la esencia del partido del orden en la actual institucionalidad».
Relata, además, que cada uno de los informes trata el tema desde su ángulo particular. Para la CEV: «Nuestro enfoque aborda la crítica radical del anticomunismo en su implantación histórica, su adopción por el bloque de poder y su estrecho nexo con la subordinación a la geopolítica estadounidense. El discurso justificatorio y normalizador de la operación Marquetalia, que desató una larga guerra interior fue el anticomunismo, como lo sigue siendo el discurso paramilitar y el discurso uribista», menciona Jaime Caycedo.
Narra además el informe, que en el caso de la JEP, «se precisan desde el ángulo jurídico los procesos sistemáticos dirigidos al aniquilamiento de la organización, la intencionalidad, los procedimientos, los posibles responsables y se establecen los casos representativos», esto dentro de una temporalidad establecida, entre 1958 y 2016 y que tiene continuidad sobre la militancia desde su época en la JUCO, hasta el paso por el Partido y sus diferentes espacios de trabajo político, tales como la Unión Nacional de Oposición, del Frente Democrático, de la Unión Patriótica, del Polo o también de Marcha Patriótica.
Caycedo menciona que, «históricamente la organización del Partido Comunista preexiste en casi todo el territorio nacional y ha sido constructor de espacialidad y de territorios agrarios, de sindicalismo, Provivienda, JUCO, Unión de Mujeres Demócratas, CPDH, Casas de la Cultura, teatro popular, etc. El partido es el sustrato sobre el que se despliegan procesos de convergencia unitaria, crecimiento y fortalecimiento del movimiento popular, cultural y de la democracia».
La búsqueda de la verdad para los y las comunistas, no está limitado solo a narrar unos hechos y relacionarlos. Asegura Caycedo que «elegimos la tarea de señalar la causa y el pretexto, el anticomunismo, que no solamente ha golpeado al Partido y a la Juventud Comunista, sino a miles de ciudadanos y ciudadanas asesinados bajo la identificación de enemigo interno».
En ese sentido, «la responsabilidad histórica de los jefes del bipartidismo en cohonestar políticas de orden público agresivas, imponerle al ejército la actuación como un partido anticomunista dentro del Estado y la reorganización de la inteligencia militar a comienzos de los años 90, bajo el gobierno de César Gaviria, colocada luego al servicio privado del uribismo, le dieron vuelo al paramilitarismo como ampliación del Estado para la función represiva. Hoy lo seguimos viviendo en el exterminio sistemático de líderes sociales en los territorios. El negacionismo histórico, oficializado como supuesta verdad, no tiene sustento ninguno. Hay medidas de reparación que deben ser adoptadas»
La responsabilidad por los crímenes
Según el informe, existe un actuar intencionado desde los manuales disponibles de las FF.MM colombianas, en donde, de manera directa o indirecta instan a la persecución y a la estigmatización del PCC. Además, aseguran que ha sido con el beneplácito del gobierno norteamericano y «como parte de la lucha contra el comunismo en el marco de la guerra fría. Estas prácticas han permanecido sin modificaciones, conduciendo a un profundo arraigo de la doctrina anticomunista en la institución de las fuerzas armadas».
Explica Caycedo: «Una constante es la presencia de las fuerzas militares, sobre todo después de la dictadura militar, durante todo el Frente Nacional y buena parte del tránsito entre los años 70 y 80. Luego se fortalece el papel del paramilitarismo. Otra constante es el señalamiento como zona de guerra de las áreas donde el PCC es de masas. El aniquilamiento tiene el sentido de exterminar para generar terror y expulsar población comunista de las regiones. Este patrón se repite en lugares como el Alto Ariari (Meta), en Urabá, en el Magdalena medio, etc.»
Frente a esta situación, el partido plantea que también existen nombres de posibles responsables que deben ser llamados para esclarecer los crímenes: «La cifra de personas víctimas de algún crimen en el marco del conflicto interno, alcanza, hasta ahora, 1.224 en general. No se contabilizaron los casos anteriores a 1958. Lo realizado en ese sentido puede ser ampliado» expresa Caycedo.
Por la verdad y la democracia
Con el informe también se pretende sentar la visión de los y las comunistas sobre estos temas cruciales, y es parte de la lucha por la democracia, que exige un nuevo poder y cambios que garanticen la no repetición.
Caycedo reitera la necesidad de que, en el actual contexto político, exista mayor voluntad política por parte del Gobierno nacional para seguir fortaleciendo la búsqueda de la paz, que no será posible si no se sigue fortaleciendo la presión y la movilización social. Sin embargo, insiste en el llamado a que se «respete y cumpla el Acuerdo de Paz, su completa implementación, la libertad de todos los presos políticos y el mandato constitucional de garantizar la vida. Que acoja el llamado del secretario general de la ONU y el papa Francisco de ordenar el cese al fuego bilateral, para atender la pandemia, como lo ha propuesto el ELN».
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