Wilfrido Jiménez Díaz
Si, definitivamente, Barranquilla está en manos de la delincuencia.
Para nadie es un secreto, que la “Capital de Vida”, como paradójicamente la llama la actual administración, está atada al quehacer cotidiano de las bandas delictivas con presencia en esta ciudad: Atracos, robos, asesinatos y el pago de extorsión se convirtieron en Ley de obligatorio cumplimiento. Aquí casi todo mundo paga. De nada ha servido la campaña de la Policía Nacional de “No pague, denuncie”, porque denuncie o no, toca pagar. El precio de no pagar es la muerte.
En días pasados, las autodefensas “Gaitanistas” con un panfleto, sentenciaron a la Empresa Super Giros, que de no pagar, asesinarían a funcionarios de la misma, como también le ordenaron que del 28 al 30 de octubre debían cerrar todas sus oficinas y puestos de servicio. La orden no fue acatada y hoy contamos con el asesinato de la señora Martina Luz Villa, en el corregimiento de “El Vaivén”, del municipio atlanticense de Juan de Acosta, vendedora de “Chance”, al servicio de esta empresa y del joven José Manuel Chiquez Rojano, de 28 años de edad, trabajador de esta empresa, quien fue ultimado a balazos en la sucursal Super Giros del Barrio “Costa Hermosa”, del municipio de Soledad, Área Metropolitana de Barranquilla.
Al hacerse pública la denuncia de estos hechos de muerte, el gerente de Super Giros, Miguel Cortez, reconoció la existencia del panfleto amenazante, a lo que el general Mariano Botero, de la Policía Nacional respondió diciendo que “no hay una hipótesis clara” de la relación de las amenazas con los asesinatos.
En la ciudad la gente se pregunta ¿por qué la Policía no admite la existencia de las bandas paramilitares y desestima el nexo de las amenazas con la ejecución de estos dos trabajadores y pide calma y tiempo a la comunidad para adelantar las investigaciones?
Como decía un conocido locutor de la ciudad, parafraseando al cuento del ciego: “amanecerá y veremos”.
