Una decisión en derecho, que concedía recurso de hábeas corpus al líder del PT, y por consiguiente su libertad inmediata, fue atacada de inmediato por jueces y tribunales afectos al régimen golpista del presidente Temer
Alberto Acevedo
En menos de doce horas, entre el medio día y la tarde del pasado domingo 8 de julio, cuatro jueces de la república, con distintos niveles de jurisdicción, se trenzaron en una batalla jurídica en torno a la libertad del expresidente de la nación, y dirigente del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Lula da Silva. Al final de la jornada, el líder popular fue mantenido en prisión, y los sectores democráticos del Brasil vieron frustrados cómo se alejaba, de momento, la posibilidad de que Lula retomara su campaña por alcanzar de nuevo la presidencia.
La dramática carrera se inició a eso de las diez de la mañana, cuando el juez desembargador del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Rogerio Favreto, mediante decisión motivada, acogió un recurso de hábeas corpus que un grupo de diputados (parlamentarios) del Partido del Trabajo había elevado a su despacho, solicitando la excarcelación inmediata del expresidente Lula, para que en libertad pudiera adelantar su defensa, en ejercicio de plenas garantías jurídicas, y de paso continuar su campaña política por alcanzar la presidencia del Brasil.
La noticia se regó como pólvora, y suscitó las más hondas expresiones de alegría entre los sectores democráticos, populares y de izquierda, para quienes Lula no sólo es inocente en un proceso que califican como montaje político, sino que le atribuyen al exgobernante los mayores índices de popularidad y de aceptación para que regrese al palacio de Planalto, como primer magistrado de la nación, en las elecciones del próximo mes de octubre.
Venganza
La alegría popular duró poco. En un tiempo récord, pese a que era día de asueto judicial, los más altos poderes de la judicatura, afectos al gobierno neoliberal, se movilizaron para frustrar la decisión del juez de tutela. La primera reacción fue la del juez Sergio Moro, quien, promulgó un oficio, anulando el recurso concedido a Lula. La decisión de Moro resultó inválida, por cuento el magistrado Favreto tiene una jurisdicción superior a la suya. Moro ejecutaba así un plan de venganza, por ser su despacho el que había enviado a la cárcel a Lula da Silva.
Ante el requerimiento de que por esta razón, el líder obrero fuera puesto de inmediato en libertad, el juez federal Joao Pedro Gebran Neto, dispuso la anulación del recurso de hábeas corpus y determinó que Lula continuara privado de la libertad. El juez Favreto, por su parte, ratificó su competencia para ordenar la liberación del detenido y solicitó a la policía federal que fuera puesto en la calle en el término de una hora.
A esto respondió el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Thompson Flores, quien determinó anular el recurso de hábeas corpus y mantener en prisión a Lula. El togado declaró que el caso Lula está en el marco de las competencias del juez Joao Pedro Gebran y no del juez Rogerio Favreto. “Determino el retorno de los autos al gabinete del juez relator del caso Lava Jato, Joao Pedro Gebran, así como la manutención de la decisión proferida por él”, dijo el presidente del tribunal.
Presunción de inocencia
El fallo sobre el recurso impetrado en favor del detenido y las posteriores decisiones judiciales, en opinión de sectores democráticos, fortalece la tesis de que hay intereses políticos detrás de la detención del líder brasileño y de lo que se trata es de impedir que Lula retome sus recorridos de campaña electoral que con seguridad lo llevarían a un nuevo mandato presidencial.
Esta tesis fue corroborada en una carta, conocida al término de la jornada, en la que 125 prestigiosos juristas reclamaron la libertad inmediata de Lula y su derecho a ejercer su defensa en libertad, bajo la presunción de inocencia y hasta tanto no se pruebe su culpabilidad.
El Partido del Trabajo, hacia el mediodía del domingo, había hecho una valoración de la situación, indicando que la liberación de Lula significaría “la libertad de Brasil”, y que la decisión de determinar su libertad permitía el restablecimiento del estado de derecho ante las violaciones cometidas por el juez Sergio Moro. Ante las maniobras por torcer la decisión de Favreto, dijo que estas demuestran que el sistema judicial brasileño “está al servicio de intereses políticos y económicos en Brasil, y también en otros países que no toleran el proyecto de desarrollo con justicia e inclusión social que Lula representa”.
Guerrero del pueblo brasileño
De hecho, una amplia gama de movimientos sociales y de partidos políticos de izquierda convocaron a una movilización en Curitiba, frente a las instalaciones policiales donde Lula permanecía privado de la libertad. Algunos militantes desplegaron pancartas que decían, “Lula libre”, y consignas como “Lula será el próximo presidente”, o “Lula, guerrero del pueblo brasileño”.
Y son precisamente estos sentimientos, los que evidencian que el juicio contra Lula es un montaje político para cerrarle el paso a un nuevo periodo presidencial. Hace pocas semanas, estando el dirigente del PT ya en prisión, la encuestadora de opinión Ibope hizo una consulta entre los electores y descubrió que Lula cuenta con el 33 por ciento de las preferencias, frente al ultraderechista Jair Balsonaro, del Partido Social Liberal, segundo en los sondeos, con apenas el 15 por ciento, y en tercer lugar Marina Silva, una evangélica en representación de los verdes, con el 7 por ciento. Manuela de Ávila, del Partido Comunista do Brasil, que ya se postuló en otra ocasión, registra el uno por ciento de aceptación.
Incontenible
Los resultados de las demás encuestadoras, son contundentes. Pese a estar en prisión, Lula duplica el número de simpatizantes frente a su inmediato contendor, un fenómeno que no se vio sino en México, con el ascenso al poder del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Brasil, es significativo que estos resultados se registran a tres meses de las elecciones presidenciales, en un hecho político que parece inatajable.
Además del pronunciamiento de los 125 juristas que reclamaron la libertad de Lula, el mismo domingo se conocieron numerosas reacciones. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, dijo que Lula “debe ser puesto en libertad de inmediato” y si la decisión judicial no se cumple, sería tanto como “una pena de muerte para la democracia y el estado de derecho en Brasil”.
Dilma Rousseff, exmandataria de ese país, dijo en un mensaje que “la decisión precisa del juez (Favreto) debe ser obedecida”. El presidente de la Central Única de Trabajadores de Brasil, CUT, Vagner Freitas, indicó por su parte que Lula “debe ser liberado ya”. El presidente del partido FARC, en Colombia, Rodrigo Londoño, ante el primer anuncio de liberación de Lula, dijo: “la patria grande está de fiesta”.
