Se incrementa la militarización en la región del Catatumbo, mientras la población exige inversión social e implementación de los acuerdos de paz
Carolina Tejada
@carolltejada
Mientras la población del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, tierra olvidada por el Estado en medio de la guerra, exige mayores niveles de inversión social para mejorar sus condiciones de vida y la posibilidad de abrir paso a un plan de desarrollo regional que impulse la economía local y promueva el bienestar de los catatumberos, el Estado se cierra a esas posibilidades y por el contrario, aumenta el pie de fuerza militar en la abandonada zona.
Enterrando lo social
Este territorio tiene aproximadamente 288.452 habitantes en una superficie de 4.826 km², distribuidos en 11 municipios. Según el Ejército Nacional, El Catatumbo, es una de sus áreas de atención prioritarias, pese a que en este momento se encuentra un proceso de diálogo para la paz, con una de las insurgencias que tiene presencia en la región como lo es el ELN, y pese a que la principal organización armada que ejercía poder en este territorio, las FARC-EP, ya no operan militarmente allí. Este reforzamiento militar, no solo ha sido criticado por los habitantes de la región, sino que además, se lee como absurdo en tanto las demandas sociales, como agua potable, la prestación del servicio de luz, el incremento de presupuesto para la atención en salud y educación, no se financian con la misma proporcionalidad.
Desde las organizaciones sociales y campesinas, también llama la atención el tratamiento que desde el Gobierno nacional se ha hecho a la posibilidad de que la zona del Catatumbo, entre en el proceso de implementación de los acuerdos, explícitamente en lo relacionado con la sustitución de los cultivos ilícitos, como solución al problema de las drogas, del cual iniciaron un piloto en diciembre de 2016, organizando los comités de sustitución denominados Coccam. Pues, este proceso también se ha visto truncado, desde el Gobierno nacional se desestimó el avance y por el contrario, en vez de apoyar la implementación del acuerdo firmado en La Habana, se propuso la militarización y erradicación a la fuerza a finales del año 2017.
Nueva fuerza militar
La nueva militarización que públicamente se informó, pasará de 10 mil hombres a dieciséis mil, en seis nuevos batallones, según destaca el Brigadier General Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército. Estos estarán distribuidos en cuatro nuevos batallones de operaciones terrestres, un Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y un Comando Operativo Energético con el fin de “luchar contra el crimen organizado, romper la dinámica del narcotráfico, apoyar las zonas donde se ha hecho sustitución de cultivos ilícitos y llevar la institucionalidad, con el fin responder a las necesidades más sentidas de la población”.
Hay que decir, que la misma población expresa con gran preocupación la nueva presencia militar en su territorio, en el marco de un proceso de implementación de paz y en medio de otro que avanza lentamente. Igualmente, afirman que Colombia debe recordar, que ha sido el mismo ejército quien ha intervenido cultivos de pan coger y han sido denunciados por la pérdida de animales como ganado y gallinas, además de las múltiples denuncias por falsos positivos y por los hechos en los que han disparado contra la población en el marco de manifestaciones pacíficas en donde solo se ha pretendido que el Gobierno le cumpla a la región.
